La reciente promulgación y posterior suspensión de la Ley de Discapacidad por parte del Gobierno nacional ha desencadenado una crisis institucional inédita. Mientras el Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, alega dificultades para financiar la normativa, el Congreso se niega a redactar una nueva ley y busca que la Justicia obligue a su cumplimiento.

El conflicto se intensificó cuando el diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusándolos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Paulón argumentó que la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la ley, a pesar de haberla promulgado, constituye un grave desconocimiento del proceso constitucional para la formación de leyes. «El gobierno sostiene que no sabe cómo asignar los recursos necesarios, pero ese mismo día en el Boletín Oficial se reasignaron otras partidas sin inconvenientes», manifestó Paulón.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal número 11, a cargo del juez Sebastián Casanello. En paralelo, legisladores de distintas fuerzas mantienen reuniones para asesorar a organizaciones y grupos de abogados en la presentación de amparos y cautelares colectivas, buscando que la Justicia intervenga ante la inacción del Ejecutivo.

Desde la oposición, una diputada radical dejó en claro la postura del Congreso: «No existe una quinta instancia parlamentaria. Las leyes se votan, se vetan o se ratifican. Ratificamos la ley; ahora el Gobierno debe cumplirla, sin más». En la misma línea, varias bancadas coinciden en que la única vía posible para exigir la aplicación es la judicial, aunque sectores más combativos impulsan, además, sanciones políticas como una moción de censura a Francos que podría derivar en su remoción.

Para Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica, el problema es más profundo. «Promulgaron la ley y luego la suspendieron con argumentos jurídicos endebles. Esto se resolverá cuando la Corte Suprema falle a favor de la Constitución. Si el Gobierno tampoco aplica otras leyes que el Congreso ratifique, el conflicto podría escalar», advirtió.

La controversia legal gira en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por Milei en agosto. Sin embargo, tanto Diputados como el Senado ratificaron la norma con mayoría calificada, por lo que el 22 de septiembre el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla. No obstante, en el mismo decreto de promulgación, el Gobierno condicionó su aplicación a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto.

La Casa Rosada sostiene que la Ley de Administración Financiera exige especificar las fuentes de recursos para cualquier gasto no previsto en el presupuesto. Sin embargo, el artículo 19 de la Ley de Discapacidad faculta expresamente al jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, siempre que no se reduzcan los fondos de “Servicios Sociales”.

La oposición responde que la Ley de Administración Pública deja claro que el Congreso tiene la última palabra sobre el monto total del presupuesto y que el jefe de Gabinete puede reasignar partidas dentro de ese límite. Además, recuerdan que el presupuesto vigente, como los anteriores, permite explícitamente estas reasignaciones. «Para no invadir facultades del Ejecutivo, lo autorizamos a ajustar lo que considere para cumplir la ley. Siempre se hace así. Incluso leyes propuestas por el propio Ejecutivo incluyen esa fórmula», señaló un diputado opositor.

El trasfondo del conflicto revela una disputa sobre los alcances reales de cada poder del Estado en la formación y ejecución de las leyes. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad aguardan que la Justicia ponga fin a la incertidumbre y garantice la vigencia de una norma largamente demandada.