Tras el receso judicial de invierno, los tribunales federales de Comodoro Py han retomado varias causas significativas que involucran a figuras clave de los gobiernos kirchneristas, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario Alberto Fernández. Esta reactivación marca el inicio de un período cargado de procesos judiciales de alto perfil.

Uno de los casos más destacados es la causa “Vialidad”, donde el Tribunal Oral Federal N°2 ha ordenado que Fernández de Kirchner y otros ocho condenados depositen 684.990 millones de pesos antes del 13 de agosto como decomiso por el perjuicio económico generado al Estado. Esta medida, de no cumplirse, resultará en el remate de bienes embargados.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal 6 se prepara para los alegatos finales en el juicio por el intento de homicidio contra la exmandataria, ocurrido en septiembre de 2022. La fiscal Gabriela Baigún presentará su acusación el 20 de agosto, con una sentencia esperada entre septiembre y octubre.

El caso “Cuadernos de las coimas” también avanza hacia su etapa decisiva. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 ha programado una audiencia preliminar para el 24 de septiembre, con el juicio oral previsto para el 6 de noviembre. Este proceso involucra a más de 150 personas, incluidos exfuncionarios y empresarios, por un supuesto esquema de sobornos.

Además, la causa “Hotesur-Los Sauces”, que investiga presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner, sigue en proceso en el Tribunal Oral Federal 5. Mientras tanto, se esperan resultados de pericias contables para avanzar en el juicio.

Por su parte, Alberto Fernández enfrenta acusaciones de violencia de género y presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de violencia, el juez Julián Ercolini evaluará si hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio. En cuanto a las negociaciones irregulares, el exmandatario fue procesado por beneficiar a un broker cercano mediante un decreto.

Finalmente, el tribunal de Alzada revisará la decisión de aplicar juicio en ausencia para los involucrados en el atentado a la AMIA, un tema que ha generado posiciones divididas entre las organizaciones de víctimas y la defensa de los acusados. La audiencia está programada para el 8 de agosto.