El futuro del servicio de justicia federal en Argentina enfrenta un serio desafío tras la presentación del proyecto de presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei. De aprobarse la propuesta en el Congreso, el Poder Judicial recibirá un 22,6% menos de lo solicitado por el Consejo de la Magistratura, lo que agravaría problemas de larga data en infraestructura y recursos humanos, especialmente en los emblemáticos tribunales de Comodoro Py.

La situación edilicia en los tribunales federales porteños es alarmante. La falta de inversión y mantenimiento, que se arrastra desde hace décadas, hoy se evidencia en detalles tan básicos como ascensores fuera de servicio—uno de ellos inhabilitado hace más de cuatro años, con un repuesto que cuesta 200 millones de pesos—y despachos afectados por filtraciones de agua a raíz de un tanque roto, cuyo arreglo demanda otros 800 millones. La red eléctrica, con un cableado que data de 1930, requiere una renovación integral estimada entre 5.500 y 6.000 millones de pesos, pero el presupuesto que recibirán los tribunales para este rubro será apenas una fracción de lo necesario.

En el presupuesto remitido, los fondos destinados a bienes de uso, es decir, refacciones, obras y actualización tecnológica, sufren el mayor recorte: de los casi 29 mil millones de pesos originalmente requeridos, Comodoro Py recibirá solo 7.600 millones, un 73% menos. Esto pone en riesgo la correcta realización de los grandes juicios, especialmente aquellos que implican audiencias virtuales y requieren una conectividad estable. «El servicio de internet se corta constantemente, el ancho de banda está al límite y ya se restringen sitios web para agilizar la red», describió una fuente del ámbito judicial.

La implementación del nuevo Código Procesal Penal, prevista para noviembre, exige aún más recursos tecnológicos. El sistema acusatorio, que el Gobierno quiere poner en marcha en los Tribunales de Retiro, demandará mayor ancho de banda y equipamiento para sostener la multiplicación de audiencias virtuales. Sin embargo, la partida proyectada por el Ejecutivo para 2026 reduce sensiblemente los fondos para mantenimiento diario y compra de insumos esenciales.

El impacto de estos recortes no es solo a nivel estructural. Actualmente, el 32,9% de los juzgados y tribunales del fuero federal y nacional está vacante, cifra que podría elevarse al 36% hacia fin de año si no se designan nuevos magistrados. Aunque los sueldos del personal judicial no están en peligro, la falta de recursos para infraestructura y tecnología amenaza la efectividad y celeridad de los procesos judiciales.

Las consecuencias de este ajuste ya se sienten en el día a día de los tribunales. Por ejemplo, la falta de toner para impresoras puede demorar procedimientos urgentes, como la liberación de personas detenidas, y la escasez de salas disponibles obliga a usar los espacios de testigos para audiencias. Todo esto, según fuentes judiciales, complica el normal avance de los juicios.

Los juicios por corrupción son los más afectados. En la antesala del proceso por el caso Cuadernos de las Coimas, uno de los más resonantes en la agenda judicial, la conectividad deficiente ya ha generado serios contratiempos. Hace apenas diez días, durante una audiencia preparatoria del Tribunal Oral Federal 7, el internet se cortó en dos ocasiones mientras la fiscal Fabiana León exponía sus argumentos. El juicio, que involucra a 174 imputados y sus respectivos abogados, está programado para noviembre y se realizará en gran parte bajo modalidad online.

«Sin fondos para infraestructura, mantenimiento y las obras necesarias, es muy difícil que los juicios avancen correctamente y con celeridad», reconocen quienes administran los recursos en Comodoro Py. La advertencia es clara: el recorte presupuestario puede comprometer el desarrollo de procesos clave para la justicia argentina, profundizando la crisis de un sistema que, según admiten tanto en la Casa Rosada como en el propio Poder Judicial, arrastra años de desidia y falta de inversión.