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    Casanello investiga la huida de Kovalivker y apunta al jefe de seguridad de Nordelta

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    El juez federal Sebastián Casanello ha intensificado la investigación sobre la reciente fuga de Jonathan Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina SA, durante los operativos realizados en el country Nordelta. Tras la declaración indagatoria del jefe de Seguridad del exclusivo barrio, la Justicia ordenó nuevos allanamientos y el secuestro de registros clave para reconstruir los movimientos que permitieron a Kovalivker evadir a la policía.

    La investigación cobró ritmo este lunes, cuando el jefe de Seguridad de Nordelta se presentó ante Casanello en Comodoro Py, mientras que simultáneamente, un piso más arriba, Jonathan Kovalivker compareció ante el fiscal Franco Picardi. En su intervención, el empresario entregó su teléfono móvil apagado, sin facilitar la contraseña ni dar explicaciones sobre su partida del barrio durante los procedimientos judiciales. Esta actitud, junto con la posible colaboración de Ariel De Vicentis –el jefe de Seguridad–, motivó la apertura de un expediente adicional, que avanza en paralelo a la causa principal por supuestos hechos de corrupción.

    Jonathan Kovalivker no tenía una orden de detención en su contra al momento de los allanamientos, pero su comportamiento esquivo ha despertado sospechas. La Justicia busca determinar si recibió ayuda para escapar y, en tal caso, identificar a quienes pudieron haberlo alertado. Para ello, Casanello secuestró los registros de las cámaras de seguridad de Nordelta y una serie de documentos que podrían aportar detalles sobre ingresos y egresos del barrio durante el periodo clave.

    Uno de los puntos centrales de la pesquisa es la actuación del jefe de Seguridad, Ariel De Vicentis, quien fue imputado por obstrucción a la justicia. Según declaró, si bien estaba de vacaciones cuando ocurrieron los allanamientos, seguía al tanto de lo que sucedía en Nordelta gracias a un chat de WhatsApp del personal de seguridad. De Vicentis sostuvo ante el juez que se involucró únicamente para constatar la legitimidad del procedimiento policial y negó haber advertido a los hermanos Kovalivker sobre la inminente llegada de los agentes. No obstante, reconoció haber solicitado la presentación de la orden judicial y la confirmación de la identidad de los efectivos, como parte de sus responsabilidades habituales.

    El operativo policial también puso en la mira a Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y poseedor de una pequeña porción de la droguería investigada. Emmanuel intentó abandonar el barrio en su camioneta, pero fue interceptado. En su poder, la policía incautó su teléfono móvil y sobres con grandes sumas de dinero: 266.000 dólares y 7 millones de pesos. Los sobres contenían anotaciones numéricas, actualmente bajo análisis de la fiscalía.

    La pesquisa tecnológica será clave en las próximas etapas del caso. El teléfono de Jonathan Kovalivker estuvo apagado desde el sábado anterior a su entrega a la Justicia, lo que plantea dudas sobre una posible eliminación de información relevante. El fiscal Picardi ordenó pericias sobre ese dispositivo y otros cuatro electrónicos secuestrados en el marco de la causa. En otros casos, como el del involucrado Diego Spagnuolo, ya se logró obtener una copia forense del contenido para su análisis.

    Entre los elementos incautados por Casanello figuran documentos que podrían detallar los movimientos de personas y vehículos en Nordelta, especialmente durante el periodo de los allanamientos y en fechas vinculadas a audios de Diego Spagnuolo que han salido a la luz. Estos registros permitirán establecer si hubo alertas internas y reconstruir el recorrido exacto de Kovalivker dentro del complejo residencial.

    Por el momento, la situación procesal del jefe de Seguridad sigue sin resolverse, aunque la Justicia ya cuenta con su legajo laboral, que lo vincula a la vigilancia de los doce barrios privados de Nordelta desde 2014. En su defensa, De Vicentis reiteró que nunca alertó a los Kovalivker sobre los operativos y que, incluso, personal de una garita de seguridad avisó a la policía cuando Jonathan intentó escapar del Barrio Isla, aunque los efectivos no lograron interceptarlo a tiempo.

    El expediente sigue sumando pruebas y testimonios mientras la Justicia federal intenta esclarecer si existió una red de apoyo para la fuga del empresario y si se cometieron delitos de encubrimiento en el marco de la investigación por presunta corrupción ligada a la droguería Suizo Argentina SA.

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