El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha implementado una serie de medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones por su implicación en un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Estas medidas, dictadas este viernes, incluyen arresto domiciliario nocturno, uso de una tobillera electrónica, y restricciones en el uso de redes sociales.

Bajo la supervisión del ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro está obligado a permanecer confinado en su residencia entre las 19:00 y las 7:00 horas, así como durante los fines de semana. Además, se le ha prohibido acercarse a embajadas y mantener contacto con diplomáticos extranjeros o con otros investigados en relación al ataque del 8 de enero de 2023, que tuvo como objetivo las sedes de los tres poderes del Estado.

Durante un operativo en su residencia en Brasilia, la Policía Federal incautó una memoria USB escondida en un baño, junto con aproximadamente 14,000 dólares y 8,000 reales. También se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas del Partido Liberal, al cual pertenece Bolsonaro.

Según informes del medio local G1, De Moraes reveló que Bolsonaro confesó, de manera consciente y voluntaria, haber intentado extorsionar a la Justicia brasileña, además de haber actuado junto a su hijo Eduardo para interferir en procesos judiciales.

El exmandatario, representante de la derecha, es señalado de orquestar un intento de golpe para permanecer en el poder tras su derrota electoral en 2022, año en que Luiz Inácio Lula da Silva resultó vencedor.

En este contexto, la fiscalía brasileña solicitó recientemente al Supremo Tribunal Federal una condena para Bolsonaro y siete de sus colaboradores, acusándolos de «asociación criminal armada» y «golpe de Estado», entre otros delitos. El fiscal Paulo Gonet argumentó que el exlíder actuó sistemáticamente para incitar la insurrección y desestabilizar el Estado de derecho democrático.

Gonet enfatizó que la cooperación entre los acusados, bajo la coordinación de Bolsonaro, demuestra claramente la existencia de una organización criminal en términos penales. Las penas máximas por estos delitos podrían superar los 40 años de prisión. Aunque el Supremo Tribunal Federal aún no ha emitido un veredicto, se espera que el proceso avance hacia una sentencia a inicios de septiembre, tras concluir las alegaciones finales de las defensas.