En un importante desarrollo judicial, Argentina ha conseguido que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspenda provisionalmente la orden que obligaba al país a entregar su participación accionaria del 51% en YPF a los demandantes. Esta decisión se produce en el marco de una disputa legal valorada en 16.000 millones de dólares, y representa un significativo triunfo para Argentina en su intento por proteger su soberanía económica.
La suspensión, decidida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito, permanecerá vigente mientras se evalúa la apelación de Argentina contra el fallo original emitido por la jueza Loretta Preska el 30 de junio. La jueza había ordenado inicialmente que Argentina transfiriera las acciones a los demandantes, una decisión que Argentina ha estado tratando de revertir mediante apelaciones.
El tribunal ha establecido un cronograma para la presentación de alegatos, donde los demandantes tienen hasta el próximo jueves para oponerse a la apelación, mientras que Argentina debe presentar su respuesta el 22. Esta suspensión es celebrada por las autoridades argentinas como un golpe a favor de su soberanía, eliminando temporalmente el riesgo de desacato que enfrentaba el país.
Los demandantes, los fondos Burford Capital y Eton Park, no están de acuerdo con la suspensión del fallo, pero no se oponen a la suspensión administrativa provisional, que facilita la realización ordenada de las sesiones informativas y el examen detallado de la moción de suspensión.
La solicitud de suspensión temporal fue presentada por Argentina como una medida de emergencia, después de que la jueza Preska se negara a detener la transferencia de las acciones mientras se evaluaba el caso en el tribunal de apelaciones. Preska había extendido el plazo para que Argentina depositara las acciones en custodia, y durante este tiempo, el gobierno argentino, representado por el estudio legal Sullivan & Cromwell LLP, buscó prolongar el proceso.
En paralelo, el subprocurador del Tesoro argentino, Juan Ignacio Stampalija, se encuentra en Nueva York participando en reuniones clave con los representantes legales de los fondos demandantes. Estas reuniones, convocadas por Preska, buscan intercambiar información y documentos entre las partes involucradas.
El conflicto legal tiene sus raíces en la expropiación de YPF por parte de Argentina en 2012, donde los fondos demandantes argumentan que el país incumplió el estatuto de la empresa al no lanzar una oferta para adquirir las acciones de los accionistas minoritarios. Burford adquirió el derecho de litigar de la familia Eskenazi, antiguos accionistas de YPF, mientras que Eton era uno de los accionistas afectados.
En noviembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, presentó un escrito respaldando la postura de Argentina, solicitando a la jueza Preska que no emitiera la orden de transferencia. Sin embargo, Preska desoyó esta petición y reafirmó su decisión inicial este lunes.
