Argentina ha logrado un importante avance legal en el caso de la expropiación de YPF, al obtener un fallo favorable en Irlanda. La justicia irlandesa desestimó la petición de los demandantes de ejecutar el fallo del Distrito Sur de Nueva York, que previamente había condenado al país sudamericano al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses. Este fallo aún se encuentra en el proceso de apelación en Estados Unidos.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) comunicó que tanto Petersen como Eton Park han intentado acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por lo tanto, la decisión irlandesa representa un precedente positivo para Argentina, marcando la primera resolución favorable en el marco de estos intentos de ejecución internacional.
El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha reafirmado su compromiso de proteger los activos estratégicos del país. En un comunicado, la PTN destacó la solidez de la defensa técnica desplegada y el compromiso del gobierno con la defensa de los intereses nacionales.
Este logro se suma a otro fallo positivo reciente: la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió mantener suspendida una orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF. La entrega de estas acciones será revisada en septiembre, y la apelación del principal demandante, Burford Capital, se analizará en octubre, después de las elecciones legislativas.
La jueza Preska había dictaminado en junio que Argentina debía entregar las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como compensación por la indemnización establecida. Argentina respondió con una apelación, y el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal que ahora ha sido extendida.
Los fondos demandantes ya han expresado su intención de mantener las acciones en The Bank of New York Mellon hasta que haya una resolución final sobre la apelación. Sin embargo, los analistas del caso son escépticos sobre esta posibilidad.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York tenía tres opciones: mantener la suspensión, levantarla o ordenar a Argentina que entregue las acciones. La decisión de posponer la entrega ha contado con el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el pasado, los fondos también intentaron embargar otros activos del Estado argentino, como el Banco Central y Aerolíneas Argentinas, sin éxito. Su objetivo es demostrar el control estatal sobre estas entidades públicas, lo que consideran un manejo político. En esta línea, han solicitado información privada de figuras políticas como Sergio Massa y Luis Caputo.
