El ex presidente argentino Alberto Fernández se encuentra en una situación judicial inédita, luego de que el juez federal Julián Ercolini desestimara todos los intentos de la defensa por frenar el avance de la causa en la que está acusado de violencia de género contra Fabiola Yañez, su ex pareja y ex primera dama. De este modo, Fernández queda a un paso de convertirse en el primer ex mandatario nacional que deberá responder ante un tribunal oral por este tipo de delitos.

El caso, que cobró notoriedad a partir de la denuncia penal impulsada por Yañez en agosto del año pasado, abarca hechos ocurridos no solo durante el mandato presidencial de Fernández, sino también en años anteriores y posteriores a su paso por la Casa Rosada. Entre los cargos que pesan sobre él se incluyen lesiones leves y graves —estas últimas doblemente agravadas por el vínculo—, así como abuso de poder, abuso de autoridad y amenazas coactivas. La fiscalía, liderada por Ramiro González, sostiene que la suma de estos delitos podría acarrear una pena de entre 3 y 18 años de prisión.

El proceso vivió un punto clave cuando González solicitó la elevación de la causa a juicio oral. Antes de avanzar hacia esa instancia, el juez Ercolini otorgó a las partes la oportunidad de expresar su posición. Fue entonces cuando Fernández, a través de su abogada Silvina Carreira, presentó una serie de escritos y planteos de nulidad con la intención de evitar el juicio. Sin embargo, el magistrado fue tajante en su resolución: rechazó todos los argumentos y recursos, considerando que no existía fundamento suficiente para suspender el avance del expediente.

Entre las estrategias de la defensa figuraba la recusación reiterada del propio Ercolini, alegando supuesta parcialidad. No obstante, el juez desestimó nuevamente la medida, remarcando que la investigación puede continuar incluso mientras se tramita la queja, siempre que los motivos de recusación carezcan de sustento claro. Así, la instrucción de la causa sigue su curso, sin verse afectada por estos intentos de apartar al magistrado.

En su fallo, Ercolini también respondió a otros señalamientos de la defensa, como la supuesta falta de acceso a copias de los requerimientos de elevación a juicio. El juez aclaró que dichos documentos estuvieron siempre disponibles, debidamente identificados y presentados con antelación. En consecuencia, desestimó que existieran obstáculos que hubieran impedido a Fernández conocer los elementos en su contra o ejercer su derecho a defensa.

La investigación, iniciada a instancia de Fabiola Yañez, se apoya en pruebas que para el juez dejaron de ser meras sospechas y permitieron dictar el procesamiento de Fernández, decisión ratificada en abril de este año por la Cámara Federal porteña. Entre los hechos más graves, la fiscalía resalta las coacciones que habría sufrido Yañez para no denunciar la situación ante la justicia penal federal.

El expediente, que ahora se encuentra a un paso de ser elevado a juicio oral y público, sienta un precedente relevante en la historia política y judicial argentina. Nunca antes un ex presidente había quedado tan cerca de afrontar una acusación de violencia de género en un debate oral. El desenlace del proceso será seguido de cerca por la opinión pública, atento al impacto institucional y social que puede conllevar una eventual condena o absolución en un caso de estas características.