En vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la pequeña localidad de Aguas Blancas, ubicada en la frontera norte de Salta, se ha convertido en el epicentro de una investigación electoral inédita en la provincia. El fiscal federal con competencia electoral, Ricardo Toranzos, detectó una anomalía contundente: el padrón de electores supera en más de un 57% al número de habitantes registrados en el último censo.

De acuerdo con los datos oficiales del censo 2022, Aguas Blancas cuenta con 3.648 residentes, pero el padrón electoral actualizado suma 5.736 personas habilitadas para votar. Esta diferencia de 2.088 personas encendió las alarmas en la fiscalía, que dispuso un operativo de verificación domiciliaria sin precedentes. Agentes de la Policía de Salta y Gendarmería, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad provincial, recorrieron casa por casa e incluso utilizaron drones para obtener imágenes aéreas de la zona.

La hipótesis que se desprende del informe fiscal es clara: ciudadanos procedentes de Bolivia habrían cruzado la frontera para tramitar el Documento Nacional de Identidad argentino, lo que les permitiría acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar registrados como votantes en la localidad. El fenómeno, según el relevamiento, incluye más de 3.000 electores que figuran en domicilios ambiguos o difícilmente verificables.

El informe agrega que durante las elecciones presidenciales de 2023, se observaron entre 300 y 400 personas cruzando desde Bolivia cada jornada electoral, una cifra significativa para un pueblo de tamaño reducido. Si bien el impacto en los comicios nacionales puede ser menor, en las elecciones municipales, donde cada voto cuenta, la influencia podría ser determinante.

El crecimiento del padrón electoral en Aguas Blancas ha sido constante. En 2021 había 4.982 empadronados; en 2023, esa cifra ascendió a 5.356, y para este año el número llegó a 5.736. Todo esto en un municipio que, según el censo 2010, tenía apenas 2.395 habitantes y sumó 1.253 más en doce años.

La investigación judicial fue motivada por una denuncia presentada en 2023 por el dirigente Santiago Alberdi, quien advirtió sobre el presunto ingreso irregular de personas durante los días de elecciones. Alberdi señaló que se registraban largas filas en el paso internacional, ante la sospecha de que se ofrecía dinero a cambio de votos, lo que podría estar vinculado con la obtención fraudulenta de residencia o nacionalidad argentina, y el fenómeno conocido como «votos golondrina».

La fiscalía de Toranzos ordenó un exhaustivo cruce de datos entre la Secretaría Electoral, el RENAPER y el INDEC para depurar el padrón. Esta situación se da en un contexto institucional delicado: el municipio de Aguas Blancas fue intervenido el año pasado por la Cámara de Senadores de Salta, tras la detención del exintendente Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, acusado de interferir en la investigación del homicidio de su hermano, César «Oreja» Martínez. El asesinato ocurrió mientras este último cumplía prisión domiciliaria por un intento de femicidio.

La historia institucional de Aguas Blancas es reciente. Fue creada como municipio en 2015, tras la sanción de la Ley 7.739. En su primera elección, participó el 45% del padrón, resultando electo Sergio Oliva, luego condenado en 2022 por habilitar un paso clandestino entre Argentina y Bolivia en 2016, eludiendo los controles fronterizos.

En medio de este escenario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, eligió este año a Aguas Blancas para colocar la primera columna de un nuevo alambrado fronterizo, como parte del Plan Güemes, impulsado junto al gobernador Gustavo Sáenz. La medida, orientada a reforzar el control del paso ilegal de personas y el contrabando, generó controversia y rechazo en Bolivia.

Mientras tanto, los vecinos de Aguas Blancas reclaman la normalización institucional y la convocatoria a elecciones, pero la Legislatura provincial ha decidido mantener la intervención ante la compleja situación política y judicial.

Con el padrón en la mira y la frontera como telón de fondo, la pequeña localidad salteña se ha transformado en un caso testigo de los desafíos que enfrenta la democracia en las zonas de frontera, donde la soberanía y el control institucional se ponen a prueba en cada elección.