En el complejo entramado judicial argentino, los abogados defensores de figuras acusadas de corrupción suelen ocupar roles decisivos, aunque muchas veces permanezcan fuera del foco público. Sin embargo, cuando sus clientes son políticos de alto perfil, empresarios influyentes o celebridades inmersas en escándalos, su trabajo y sus estrategias terminan acaparando la atención tanto de los medios como de la opinión pública.
Cuatro historias recientes ilustran la importancia y los desafíos de quienes asumen la defensa en los juicios más resonantes del país.
Carlos Beraldi: el escudo de Cristina Kirchner
Carlos Beraldi, formado junto al renombrado León Arslanian, fundó su propio estudio en 2009 tras años en la órbita federal. Su reputación de seriedad y profesionalismo lo llevó a convertirse en el abogado de confianza de la expresidenta Cristina Kirchner, especialmente a partir de su desempeño en la defensa del empresario Cristóbal López, cercano a la exmandataria.
Beraldi debió enfrentar el tramo más intenso de las causas contra Cristina Kirchner por presunta corrupción. Su estrategia se basó en una serie de planteos procesales, apelaciones y recursos que lograron demorar los juicios más comprometidos, como los expedientes Hotesur, Los Sauces y el caso Vialidad. Esta táctica, aunque exitosa en cuanto a dilatar los procesos, encontró sus límites cuando la Cámara Federal de Casación Penal y, posteriormente, la Corte Suprema, destrabaron las causas y habilitaron los juicios. El desenlace: en diciembre de 2022, Cristina Kirchner recibió su primera condena por corrupción, ratificada en instancias superiores. Actualmente cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada de forma permanente para cargos públicos. Pese a este revés, Beraldi mantiene su prestigio en el ámbito jurídico.
Juan Pablo Fioribello: el abogado de los poderosos
Fioribello, otro excolaborador de Arslanian, construyó una carrera tanto en la función pública —participando en la fundación de la Oficina Anticorrupción— como en el sector privado. Desde su estudio, ha representado a políticos como Alberto Fernández, Fabiola Yañez, Estanislao Fernández y Gerardo Morales, así como a empresarios y personalidades del espectáculo, entre ellas Andrea del Boca, recientemente absuelta gracias a su defensa.
Reconocido por su estilo combativo y por no temer a la controversia, Fioribello se ha posicionado entre los abogados más caros del país, con honorarios en dólares y una selecta clientela. Su red de contactos entre magistrados y actores políticos es tan valiosa como su destreza legal, y su lema —“en una causa hay que ganar como sea”— refleja su enfoque directo y sin rodeos.
Araoz de Lamadrid y Rada Shultze: defensores en la tormenta
El caso de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, estremeció al gobierno de Javier Milei tras la filtración de un audio que sugería una red de sobornos en la agencia, presuntamente vinculados a figuras cercanas al poder. Spagnuolo, también abogado, tardó en designar defensa y finalmente recurrió a Juan Araoz de Lamadrid e Ignacio Rada Shultze, ambos con experiencia en causas de corrupción.
Araoz de Lamadrid había defendido previamente al primer arrepentido del célebre caso de los cuadernos de las coimas, mientras que Rada Shultze había intervenido en otras causas resonantes. Sin embargo, la relación con Spagnuolo se quebró rápidamente y ambos renunciaron tras dos semanas, esgrimiendo una “falta de confianza mutua”, lo que dejó a su cliente en una posición aún más comprometida ante la opinión pública.
El caso de los cuadernos: abogados a la ofensiva
El expediente de los cuadernos de las coimas, considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia penal argentina, involucró a decenas de empresarios y exfuncionarios. La investigación, basada en los registros escritos por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, impulsó una ola de detenciones y la figura del “imputado colaborador”, que permitió la confesión de varios acusados a cambio de información relevante y posibles reducciones de pena.
Desde el cierre de la instrucción en 2019, la causa ha estado marcada por maniobras dilatorias y una reciente estrategia coordinada por decenas de abogados defensores: solicitar el sobreseimiento de sus clientes a cambio del pago de una “reparación integral”. Esta propuesta, que suma hasta 40 millones de dólares —muy por debajo de los embargos ya establecidos—, implicaría el cierre del proceso para los acusados, lo que provocó el rechazo de la fiscal Fabiana León, quien advirtió que “no se puede tarifar la impunidad”.
Así, el rol de los abogados defensores en los grandes casos de corrupción sigue siendo vital, oscilando entre el arte de la estrategia legal y la presión de una sociedad que exige justicia y transparencia.
