La Secretaría de Energía oficializó la aprobación de las tarifas máximas que regirán para el transporte de hidrocarburos líquidos por parte de YPF, la principal empresa petrolera del país. Mediante la Resolución 427/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por María Carmen Tettamanti, titular de la cartera, se determinó un nuevo esquema tarifario para los oleoductos Puerto Rosales–La Plata, La Plata–Dock Sud, ambos en la provincia de Buenos Aires, y el poliducto Montecristo–San Lorenzo, que recorre territorio de Córdoba y Santa Fe.
La medida tendrá vigencia durante cinco años a partir de su entrada en vigor y establece un tope para los valores que la compañía podrá cobrar por el traslado de hidrocarburos líquidos a través de estas infraestructuras estratégicas. Cabe señalar que los precios fijados no contemplan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que deben sumarse los tributos correspondientes.
La decisión se tomó tras una auditoría de la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura, que analizó las inversiones realizadas por YPF en estos ductos entre 2016 y 2020, así como las obras y mejoras continuadas hasta 2024. Según el informe, la petrolera estatal ejecutó desembolsos por más de 80 millones de dólares en el período, cumpliendo con los compromisos asumidos para garantizar la seguridad y eficiencia de los sistemas de transporte.
En adelante, YPF deberá adecuarse al nuevo marco tarifario y asumir una serie de obligaciones de control y transparencia. Entre ellas, la empresa tendrá que presentar anualmente una certificación técnica y contable sobre las inversiones que efectivamente haya realizado, además de una declaración jurada donde se detallen las tarifas aplicadas a los clientes. Asimismo, estará obligada a informar los contratos de transporte que celebre con los cargadores, permitiendo así un seguimiento de las operaciones y el cumplimiento de los límites regulatorios.
Las tarifas establecidas son de carácter máximo, lo que significa que YPF podrá negociar y aplicar precios más bajos en función de los acuerdos comerciales, siempre y cuando no se superen los valores fijados por la Secretaría de Energía. Este esquema busca equilibrar la necesidad de mantener la competitividad del sector con la protección de los usuarios y la previsibilidad para las inversiones en infraestructura.
La actualización del cuadro tarifario responde a la importancia que tiene el transporte de hidrocarburos líquidos como eslabón clave en la cadena productiva energética. Los ductos afectados por la resolución conectan puntos neurálgicos para la provisión de combustibles en el centro y norte del país, asegurando el abastecimiento tanto a la industria como a los consumidores particulares.
La medida se enmarca en el contexto de una agenda energética que apunta a fortalecer la infraestructura, promover inversiones y garantizar precios justos en toda la cadena de valor. La resolución también brinda certidumbre a la planificación financiera y operativa de YPF, al tiempo que introduce mayores exigencias de control y transparencia sobre las inversiones y la estructura tarifaria de una de las principales operadoras del sistema nacional de transporte de hidrocarburos.
