La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, presentó una denuncia penal contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por sus comentarios en televisión, a quienes acusa de calumnias, injurias, atentados contra el orden público, amenaza de rebelión y coerción ideológica. La presentación recayó en los tribunales federales de Comodoro Py y ya cuenta con un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que recomendó desestimarla por considerar que se trata de cuestiones de índole privada y expresiones amparadas por la libertad de prensa.

En su escrito, al que tuvo acceso la prensa, Villarruel sostiene que fue objeto de “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa” por parte de los conductores de A24, quienes la habrían señalado como partícipe de un supuesto “golpe político” dentro del oficialismo a raíz de su rol en la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa del 24 de febrero de 2026, cuando se eligieron las autoridades del Senado.

Como prueba, la vicepresidenta adjuntó un video de YouTube del pase entre los programas de Feinmann y Rossi, emitido bajo el título “OTRA VEZ EL ‘CLUB DEL HELICÓPTERO’: EL PASE ENTRE ROSSI Y FEINMANN”. Según su denuncia, las expresiones de ambos periodistas “lejos de ser un análisis periodístico o una mirada política” constituyen ataques personales que dañan su honor y, al mismo tiempo, “socavan” la institución que encabeza.

Villarruel se detiene especialmente en una frase atribuida a Feinmann, en la que se afirma que ella y la Unión Cívica Radical “se quedaron con todos los cargos del Senado” y que eso habría sido “un golpe político” dirigido a Karina Milei y al Presidente. La vicepresidenta destaca que el periodista venía de calificar como “golpe de Estado” un episodio en la Cámara de Diputados, por lo que interpreta que se la equipara con una maniobra golpista dentro del propio gobierno.

La vice también señala otros pasajes del programa, donde se describe el acuerdo de designaciones en la Cámara alta como una demostración de poder de Villarruel y se la cuestiona por supuestas negociaciones con el radicalismo y sectores del kirchnerismo. En el caso de Pablo Rossi, la denuncia recoge una frase en la que se habla de una “Victoria pírrica” y se alude a una “resistencia” y a una “pequeña cuota de poder” que ella utilizaría pensando en una “batalla grande” futura.

Villarruel rechaza que haya obtenido beneficios personales en la elección de autoridades del Senado y remarca que su rol fue únicamente conducir la sesión, mientras que las definiciones dependieron del voto de los senadores. En su presentación, sostiene que los periodistas presentan sus afirmaciones como verdades absolutas, sin condicionales ni fuentes identificables, y que ello trasciende los límites de la crítica política para convertirse, a su juicio, en delitos que lesionan su honor y su investidura.

La denuncia también hace referencia a la difusión de una foto en la que Villarruel aparece junto al gobernador riojano Ricardo Quintela, tomada durante el festival de La Chaya. Según la vicepresidenta, en el programa se mostró esa imagen mientras Feinmann pedía colocar en pantalla la palabra “golpista” y sugería que su visita a La Rioja no habría sido casual, insinuando un presunto vínculo con declaraciones previas del mandatario provincial.

Para la vicepresidenta, la repercusión posterior de ese pase televisivo en redes sociales, otros medios y canales de streaming forma parte de una “campaña de desprestigio” en su contra. Como respaldo, incorporó capturas de publicaciones en YouTube y portales digitales que retomaron las acusaciones, con títulos que aluden a un supuesto “pacto oscuro” con el kirchnerismo y a la idea de que ella habría “soñado” con suceder una eventual caída del presidente Javier Milei.

Villarruel ya había presentado una denuncia similar contra el exministro de Defensa y actual diputado libertario Luis Petri, a quien también acusa de haberla tildado de “golpista” en redes sociales. Además, pidió que la causa contra Feinmann y Rossi se conecte con otra que inició contra el periodista español Javier Negre, a fin de mostrar lo que describe como un “carácter metódico” de la supuesta persecución y del “socavamiento” de las instituciones democráticas.

En el tramo final de su escrito, la vicepresidenta argumenta que la imputación de ser “golpista” reviste una gravedad extrema por dirigirse a la titular de uno de los poderes del Estado. Asegura que esos señalamientos buscan forzar su salida del cargo mediante una “táctica de desgaste” por fuera de los mecanismos institucionales. También sostiene que tales expresiones no pueden ampararse en la libertad de expresión, porque, según ella, implican la comisión de delitos penales y generan un “temor psicológico” asociado a la figura del golpe de Estado, lo que encuadra dentro de la coerción ideológica prevista en el artículo 213 bis del Código Penal.

Sin embargo, el fiscal federal Eduardo Taiano consideró que las imputaciones por calumnias e injurias son de acción privada y, por lo tanto, deben canalizarse mediante una querella y no a través del fuero federal, aun tratándose de la vicepresidenta. En un dictamen fechado el 12 de marzo, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal “nada tiene que decir” en ese aspecto.

Respecto de los delitos vinculados al orden público y al orden democrático —atentado contra el orden público, amenaza de rebelión y coerción ideológica— Taiano también recomendó desestimar la denuncia. Afirmó que las expresiones atribuidas a los periodistas se encuentran protegidas por la libertad de expresión y que no se advierte un accionar coordinado de una supuesta asociación ilícita destinada a difundir noticias falsas para imponer ideas o combatir las de la vicepresidenta.

El fiscal admitió que los comentarios pueden resultar “reprochables o cuestionables” en el plano político, pero concluyó que, al contextualizarlos, no alcanzan la entidad necesaria para configurar los delitos contra el orden público y el orden constitucional invocados por Villarruel. Ahora será la jueza federal María Servini quien deberá decidir si hace lugar al planteo del fiscal y archiva la causa o si habilita la continuidad de la investigación.