El conflicto por el financiamiento de las universidades argentinas vuelve a escalar. Tras un paro de 72 horas impulsado por docentes y trabajadores no docentes, la comunidad universitaria exige la actualización de salarios y la asignación de fondos para gastos básicos de funcionamiento. Aunque la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada dos veces por el Congreso y su veto presidencial revertido, el Gobierno nacional todavía no la implementó.
Según un informe de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA), la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 alcanzó el 240,9%, mientras los incrementos salariales para docentes fueron del 136,8%. La diferencia es significativa: para recuperar el poder adquisitivo anterior al cambio de gestión, los sueldos deberían aumentar casi un 44% adicional, explicó el gremio.
Durante 2024, todos los aumentos salariales se otorgaron por decreto, sin mesas de negociación paritaria. Esta mecánica unilateral fue ratificada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que el Gobierno no contempla aumentos en los términos solicitados por sindicatos. «No está previsto el aumento de salarios en la medida que lo solicitan los sindicatos», afirmó Álvarez.
La situación se agrava con la reducción del gasto educativo en 21 provincias y la caída de los salarios docentes, que se mantienen por debajo de los niveles de 2014. Las demandas de los gremios incluyen, además de salarios, la asignación de recursos para becas especiales y la cobertura de necesidades operativas mínimas en las universidades.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el oficialismo al Congreso introduce fuertes modificaciones. En su artículo 30, la iniciativa propone derogar leyes históricas que aseguraban pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Por ejemplo, se eliminaría el mandato de destinar al menos el 6% del PBI a educación en todos los niveles, y se suprimiría la progresividad para ciencia y tecnología prevista en la Ley Nº27.614, que aspiraba a alcanzar el 1% del PBI en 2032.
Durante la presentación del presupuesto, Álvarez negó que existieran recortes al sector: «La principal mentira es que le recortamos los fondos a las universidades», sostuvo. «Todas las universidades recibieron el financiamiento al 100% de todas las actividades que venían desarrollando». Destacó, además, que ninguna universidad cerró sus puertas durante el actual ciclo de gestión.
No obstante, los datos oficiales fueron cuestionados en el Congreso. La diputada Danya Tavela, entre otros legisladores, advirtió que el incremento previsto para salarios docentes y no docentes en 2026 promediaría apenas el 9,5%, mientras que la inflación estimada será del 10%. Esta proyección deja a los trabajadores de la educación en una situación de virtual estancamiento salarial.
El presupuesto 2026 también prevé una asignación de $1.000 millones para cada una de las cuatro universidades nacionales creadas en 2023: Delta, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, las autoridades universitarias y legisladores señalaron que este monto es insuficiente para garantizar su funcionamiento efectivo, ya que no cubre los costos operativos mínimos.
Mientras tanto, las protestas y reclamos continúan en todo el país. En provincias como Catamarca, docentes realizaron clases públicas y movilizaciones para visibilizar la crisis salarial. El desfinanciamiento impacta no solo en la calidad educativa y en las condiciones laborales, sino también en el acceso de miles de estudiantes a becas y programas de apoyo.
Con la implementación de la ley aún pendiente y un presupuesto 2026 que propone retrocesos en los fondos destinados a la educación superior, el futuro de las universidades nacionales permanece incierto. La comunidad educativa insiste en que la vocación docente sostiene el sistema, pero advierte que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio público universitario en Argentina.
