Las autoridades máximas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alzaron la voz en un pedido público dirigido al presidente Javier Milei. El rector, el vicerrector y los decanos de las trece facultades grabaron un video en el que instan al mandatario a no vetar la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso Nacional.

En el mensaje, difundido a través de las redes sociales de la UBA, los referentes académicos expresaron su preocupación por el futuro de la educación pública superior. «Queremos seguir enseñando, seguir aprendiendo, dentro de nuestras aulas y con tranquilidad», expresaron, remarcando la importancia de que los mejores docentes continúen formando a las próximas generaciones. Según indicaron, la falta de recursos está empujando a profesores, investigadores, estudiantes y personal no docente a abandonar la universidad porque no logran cubrir sus necesidades básicas.

El comunicado surge en un contexto político particular: apenas un día después de que el Gobierno sufriera una derrota significativa en las elecciones legislativas bonaerenses. La UBA, que en los últimos meses se mostró crítica ante los intentos oficiales de recortar el presupuesto universitario, reiteró que su reclamo no responde a intereses partidarios, sino a la necesidad de preservar el valor de la educación pública para todos los argentinos.

«La Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública», subrayaron los directivos. Además, señalaron que la universidad pertenece a quienes estudian, enseñan y se benefician de sus servicios, y que la nueva legislación busca garantizar el acceso y la calidad para toda la sociedad.

La relación entre el Gobierno y el sector universitario se tensó en el último año, luego de que el Ejecutivo nacional vetara una norma similar en 2024. Aquella decisión, según las autoridades de la UBA, generó una caída cercana al 50% en el poder adquisitivo de los salarios dentro de la universidad. La situación empeoró en el presente año ante la persistente inflación y la insuficiente recomposición salarial, lo que llevó a declarar la emergencia salarial en marzo pasado.

El presidente Milei ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de vetar la ley, argumentando que va en contra del objetivo de mantener el superávit fiscal estatal. Sin embargo, el Congreso avanzó y el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario el 22 de agosto, transformándola en ley.

El texto legal prevé la actualización de los salarios de docentes y no docentes mediante paritarias que consideren la inflación, la adecuación de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Además, establece un esquema de financiamiento creciente: el presupuesto universitario debe representar el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 y llegar al 1,5% en 2031.

Frente a la posibilidad de un nuevo veto presidencial, las autoridades universitarias insisten en que «no se trata de ideologías», sino de defender el funcionamiento del sistema universitario público y su papel en la sociedad. «Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos», afirman en el video, y concluyen con un llamado al Poder Ejecutivo para que reglamente y ponga en marcha la ley sin demoras.

El reclamo de la UBA se suma a una serie de movilizaciones y marchas federales impulsadas por el sector universitario en defensa de mayores recursos y mejores condiciones laborales. La comunidad educativa advierte que sin el financiamiento adecuado, peligra la continuidad de la excelencia académica y la permanencia de miles de docentes, investigadores y estudiantes que dependen de la universidad pública para su desarrollo personal y profesional.

En un momento crucial para la educación superior argentina, el destino de la Ley de Financiamiento Universitario queda en manos de la decisión final del presidente Milei, en medio de un clima de incertidumbre y expectativa en todo el sistema universitario nacional.