La política comercial de Estados Unidos atraviesa días decisivos tras un fallo judicial que podría transformar el rumbo de los aranceles impuestos durante el gobierno de Donald Trump. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal determinó que la mayoría de las tarifas aduaneras implementadas por la administración republicana son ilegales, otorgando plazo hasta el 14 de octubre para que el gobierno presente una apelación ante la Corte Suprema. Si la sentencia es confirmada, la Casa Blanca no solo tendría que revertir los aranceles, sino también reintegrar más de US$96.000 millones recaudados desde su aprobación.

El fallo, que contó con siete votos a favor y cuatro en contra, analizó la legalidad de los llamados aranceles «recíprocos» implementados en abril bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, así como los gravámenes aplicados en febrero a China, Canadá y México. Según el gobierno de Trump, estas medidas respondían en parte a la lucha contra el tráfico de fentanilo. Sin embargo, el tribunal aclaró que la decisión no afecta a los aranceles fijados a las importaciones de acero, aluminio y automóviles, que fueron dictados bajo una legislación diferente: la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Trump y su entorno, confiados en revertir el fallo

Tras la publicación de la sentencia, Trump cuestionó duramente al tribunal, calificándolo de «altamente partidario» y advirtiendo que eliminar los aranceles sería catastrófico para el país. Sostuvo su esperanza en que la Corte Suprema revierta la decisión. Desde el gobierno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también expresó su confianza en lograr que la Corte Suprema apoye la postura oficial, aunque admitió que existen alternativas legales menos contundentes para mantener los gravámenes, en caso de un fallo adverso definitivo.

Una de esas opciones sería recurrir a la sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, que habilita al presidente a imponer aranceles temporales de hasta un 50% sobre productos de países que discriminen comercialmente a Estados Unidos. Bessent adelantó que prepara un informe legal para el fiscal general, enfatizando la urgencia de combatir los desequilibrios comerciales y el flujo de fentanilo, responsable de unas 70.000 muertes por sobredosis anuales en el país. «Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es?», planteó Bessent, defendiendo la aplicación de la IEEPA.

¿Qué sucederá si la Corte Suprema rechaza la apelación?

Alan Wolff, investigador senior del Peterson Institute for International Economics, advirtió que si la Corte Suprema confirma el fallo, se desataría una compleja burocracia, ya que cada importador debería demostrar cuánto pagó en aranceles y cuándo. Sin embargo, destacó que el mayor desafío sería la devolución de los fondos a los afectados. Además, Wolff remarcó que el presidente podría reimponer aranceles amparándose en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a tomar medidas contra prácticas desleales, previa investigación oficial. Fue justamente bajo esa normativa que Trump desató la guerra comercial con China durante su primer mandato.

La ley también contempla la posibilidad de gravar hasta el 15% de las importaciones desde países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales, durante períodos de 150 días. «El presidente aún dispone de varias herramientas para sostener su estrategia comercial. La estabilidad en las relaciones comerciales internacionales parece aún lejana», concluyó Wolff.

Impacto económico de los aranceles

Desde su implementación, los aranceles impulsados por Trump generaron ingresos por cerca de US$96.000 millones, según Forbes. Solo en julio, las recaudaciones aduaneras alcanzaron los US$28.000 millones, un salto del 273% respecto al año anterior. A modo de comparación, el déficit presupuestario federal estimado para el año fiscal 2025 es de US$1,865 billones, por lo que lo recaudado mediante aranceles representa apenas el 5% de ese déficit. La deuda nacional, en tanto, se aproxima a los US$37,2 billones.

El secretario Bessent insinuó que parte de los ingresos por tarifas podrían destinarse a reducir la deuda, aunque hasta ahora la prioridad ha sido mantener la política arancelaria como herramienta de presión exterior. Por su parte, el economista Colin Grabow, del Cato Institute, cuestionó la premisa de Trump sobre el déficit comercial como «emergencia nacional», señalando que Estados Unidos ha convivido con déficits por décadas sin consecuencias catastróficas y sugirió que el verdadero foco debería ser la reducción del déficit fiscal.

En medio de la disputa judicial y los debates económicos, el futuro de la política comercial estadounidense permanece abierto y sujeto a definiciones clave en las próximas semanas.