El reciente triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas parece haber dado un nuevo impulso al Gobierno de Javier Milei, que ahora se muestra decidido a retomar el control de la agenda parlamentaria. En este contexto, la Casa Rosada trabaja para postergar el debate del Presupuesto nacional hasta después del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva composición del Congreso, con la expectativa de aprobarlo con mayor respaldo político.

Durante una reunión clave en la comisión de Presupuesto de Diputados, a la que asistieron el vicejefe de Gabinete José Rolandi, el secretario de Hacienda Carlos Guberman y representantes del Ministerio de Defensa, se dejó en claro que el objetivo es demorar el tratamiento del proyecto. Sin embargo, esta estrategia dependerá directamente de la reunión que Milei mantendrá esta semana con los gobernadores de las provincias consideradas dialoguistas. El apoyo de estos mandatarios resulta esencial para avanzar con la batería de reformas que el Gobierno pretende impulsar en esta nueva etapa.

El cronograma original para el tratamiento del Presupuesto, propuesto por la oposición, contemplaba emitir despacho el 4 de noviembre y llevarlo al recinto entre el 12 y 13 del mismo mes, permitiendo su aprobación en el Senado dentro del período ordinario de sesiones. Sin embargo, la ausencia de Nicolás Massot, principal impulsor de este calendario, en las últimas reuniones, y la falta de presión del resto de la oposición, dejaron este esquema en suspenso.

En paralelo, el Ejecutivo evalúa convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con proyectos clave de reforma laboral y tributaria. El oficialismo busca capitalizar el envión electoral y tratar estos temas en enero, convencido de que el resultado de las urnas le otorgó mayor legitimidad política para encarar cambios profundos.

El ambiente en Diputados se caldeó cuando José Rolandi, ante cuestionamientos del peronismo y la izquierda sobre la falta de presupuesto, no solo rechazó las críticas sino que llegó a sugerir que el Gobierno podría contemplar un “shutdown” al estilo de Estados Unidos si persisten los obstáculos legislativos. “Hoy Estados Unidos está en shutdown, pero tenemos un presupuesto acorde a la ley”, desafió, dejando en claro la firmeza de la administración Milei.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, minimizó las objeciones del Fondo Monetario Internacional respecto a las proyecciones económicas oficiales. Aseguró ante los diputados que el Gobierno mantiene la convicción sobre sus propios números y que se cumplirá con el pago de intereses de la deuda utilizando el superávit primario. Además, ratificó la proyección de un crecimiento del 5% para 2026 y anticipó una reducción del 5% en el gasto estatal, con énfasis en el equilibrio fiscal y ajustes en el funcionamiento del Estado, aunque aclaró que las obras públicas y las deudas previsionales serán materia de negociación con las provincias.

La discusión más álgida de la jornada se produjo cuando la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó el aumento del impuesto a los combustibles y denunció que estos fondos no se destinan al mantenimiento de rutas, como exige la ley. Según la legisladora, solo el 16% de lo recaudado para 2025 había sido ejecutado, mientras que el resto se habría orientado a inversiones financieras. Guberman desestimó la acusación y defendió la gestión oficial, aunque Tolosa Paz insistió en que sus datos provenían de un pedido de información pública. Finalmente, el secretario aseguró que los recursos se ejecutarán según la justificación de nuevas obras necesarias.

En otro orden, se confirmó la presencia del canciller Pablo Quirno este jueves en la comisión de Presupuesto, donde deberá responder sobre el plan de cuentas del Gobierno, a pesar de haber sido recientemente reemplazado en la Secretaría de Finanzas por José Luis Daza.

El escenario político muestra así a un Gobierno revitalizado por la victoria electoral, determinado a negociar con los gobernadores y desafiar tanto a la oposición local como a las objeciones del FMI, en busca de consolidar su programa económico y político en el Congreso.