La imagen de Griselda Heredia hablando frente a las cámaras condensó el drama de una familia argentina atravesada por la detención de su hijo en Venezuela. La mujer, madre de Nahuel Gallo, gendarme argentino encarcelado desde hace más de un año en ese país, rompió en llanto en una entrevista televisiva mientras reclamaba noticias sobre su paradero y su situación judicial.

“No tenemos novedades de él. Todo lo que se sabe es incierto”, resumió, con la voz agotada, al describir los trece meses transcurridos sin poder escuchar a su hijo. Su testimonio se conoció en medio de una nueva ronda de excarcelaciones de presos políticos dispuesta por el gobierno de Nicolás Maduro, que reavivó las expectativas en la Argentina, donde al menos tres ciudadanos permanecen detenidos, entre ellos Gallo.

Heredia relató que su hijo quedó completamente solo al momento de la detención. Según contó, él había viajado a Venezuela para visitar a su esposa y a su hijo pequeño, pero el niño se encontraba en realidad en la Argentina junto a su madre. “Quedó desamparado, sin familia cerca. Su única familia somos yo, sus tres hermanos y su hijito, y todos estamos en Argentina”, explicó.

El impacto de la detención se trasladó rápidamente a la vida cotidiana de los Gallo. La propietaria de la vivienda que Nahuel alquilaba en Venezuela les exigió desalojar la casa, lo que obligó a la familia a organizar el retiro de todas sus pertenencias. “Desde mayo todo empeoró —relató Griselda—. Perdió la casa, tuvimos que ir a buscar sus cosas y llevarlas a Catamarca. Allá ya no le quedó nada, ni un vínculo familiar.” La mujer contó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que atraviesa una profunda crisis emocional.

En uno de los pasajes más crudos de la entrevista, Heredia puso en palabras la pregunta que la acompaña desde que se enteró del arresto: “Imaginarse criar a un hijo para que termine en esto es devastador”, dijo, al borde del colapso. “Nunca pensé que nos iba a tocar vivir algo así. Es algo que no se puede nombrar. Es muy injusto que le suceda a un hijo. Una intenta ser fuerte, pero no se puede. Tengo mucho miedo.”

Desde la detención, la madre no volvió a escuchar la voz de Nahuel. “Trece meses sin oírlo es desesperante. Pero seguimos sosteniendo la fe. Esperamos su regreso con todo el amor del mundo”, expresó, aferrada a la posibilidad de que el nombre de su hijo figure en una próxima lista de liberados.

El caso de Gallo se inscribe en el contexto más amplio de las detenciones políticas en Venezuela. En los últimos días, el gobierno de Maduro anunció la excarcelación de un “número significativo” de presos, incluidos extranjeros, lo que generó expectativas de una liberación masiva entre organizaciones de derechos humanos, que contabilizan más de 800 detenidos por motivos políticos. Sin embargo, las primeras medidas fueron acotadas: apenas una decena de personas recuperaron la libertad en la fase inicial, muchas de ellas con prohibiciones para hablar públicamente sobre su tiempo en prisión.

Entre los liberados figuran cinco ciudadanos españoles que fueron trasladados a Madrid, según confirmó la cancillería de ese país. También salieron en libertad el ex candidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente opositor Biagio Pilieri, cercano a María Corina Machado, aunque ambos quedaron sujetos a nuevas restricciones. Otra de las excarceladas fue Aracelis Balza, referente del movimiento Vente Venezuela en el estado de Trujillo, detenida desde octubre del año pasado.

De acuerdo con un informe reciente de la ONG Foro Penal, en Venezuela continúan detenidas 811 personas por razones políticas, de las cuales 87 son extranjeras. Analistas señalan que las disputas internas dentro del propio oficialismo y la ausencia de una conducción nítida detrás de la vicepresidenta Delcy Rodríguez dificultan un proceso de liberaciones más amplio y ordenado.

Nahuel Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander para visitar a su familia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconstruyó que el gendarme cumplió con los trámites migratorios habituales y luego fue apartado por funcionarios venezolanos para una supuesta “entrevista”. Desde entonces, el gobierno de Maduro lo acusa de participar en “acciones conspirativas” y de estar vinculado a un presunto plan para asesinar a Delcy Rodríguez.

El Ministerio Público venezolano informó el 27 de diciembre de ese año que el argentino fue imputado por presuntas “acciones desestabilizadoras y terroristas” con apoyo de grupos internacionales de derecha. Durante semanas, su paradero fue desconocido; recién en enero se difundieron imágenes oficiales en las que se lo veía con ropa celeste, en un patio, junto a otros detenidos.

En julio, su pareja, María Alexandra Gómez, reclamó públicamente al fiscal general Tarek William Saab. Lo acusó de conocer la inocencia de Gallo y de no haber actuado para garantizar sus derechos. Poco después, Naciones Unidas calificó la detención del gendarme como “arbitraria” en un informe que también denunció la situación de otros presos políticos extranjeros.

Según reconstrucciones de ex detenidos, Gallo se encontraría en la cárcel El Rodeo 1, considerada una de las prisiones más duras del sistema venezolano. El abogado jujeño Iván Colmenares, quien compartió celda con él, describió condiciones extremas: presencia constante de cucarachas, comida que se entrega a través de un cajón, el programa televisivo de Diosdado Cabello sonando a todo volumen por los parlantes y partidas de ajedrez improvisadas con pedazos de papel higiénico y jabón.

Mientras avanzan con lentitud las gestiones diplomáticas y se conocen liberaciones parciales, la familia de Gallo vive cada anuncio con una mezcla de esperanza y angustia. En la voz quebrada de su madre, que desde la Argentina reclama noticias por televisión, el caso del gendarme vuelve a exponer el costo humano de las detenciones políticas en Venezuela.