A tan solo tres días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional tomó una decisión de alto impacto social: anunció incrementos significativos en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La medida, que surge en un contexto de debate político en torno al financiamiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad, implica subas que rondan entre el 29,7% y el 35,4%, distribuidas en tres etapas consecutivas: octubre, noviembre y diciembre.
El detalle exacto de los aumentos para cada prestación se hará público este jueves, cuando la resolución sea publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, las fuentes oficiales confirmaron que la actualización alcanzará a los profesionales y prestadores que ofrecen servicios de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
La decisión fue resultado de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la Superintendencia de Servicios de Salud, quienes se reunieron en el Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. El encuentro contó con la intervención clave del ministro Guillermo Francos, quien autorizó la liberación de una partida presupuestaria adicional para afrontar estos incrementos en el último trimestre del año.
El anuncio se produce en medio de un clima de debate político tras el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso con la Ley de Emergencia de Discapacidad. Ambas cámaras legislativas rechazaron el veto presidencial y ratificaron la aprobación de la norma, obligando a la Casa Rosada a promulgarla. No obstante, desde el Ejecutivo advirtieron que no existen fondos suficientes para su implementación inmediata y solicitaron al Parlamento que determine en el Presupuesto 2026 el origen de los recursos necesarios. Por tal motivo, la ley permanece, por ahora, suspendida en cuanto a su aplicación efectiva.
Desde el Ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, se destacó que con la nueva actualización los valores de las prestaciones superarán la inflación proyectada para el año 2025. Voceros oficiales remarcaron que la medida busca brindar mayor previsibilidad y mejorar los ingresos de los prestadores del sector, quienes desde hace tiempo venían reclamando actualizaciones.
En medio de la controversia política, funcionarios de Salud recordaron que durante el último año de la gestión de Alberto Fernández, el nomenclador de prestaciones subió un 93% mientras que la inflación anual alcanzó el 211%. Además, señalaron diferencias en el pago de prestaciones entre la Nación y algunas provincias, citando el caso del IOMA en la provincia de Buenos Aires, que muchas veces abona la mitad de lo que paga el Estado nacional y lo hace con demoras.
La actualización de los aranceles representa una respuesta concreta a la presión de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, quienes venían alertando sobre la falta de recursos y las dificultades para sostener la atención a miles de personas en todo el país.
