En medio de una creciente controversia por la muerte de 96 personas que habrían recibido fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, ha salido a defender su inocencia y a denunciar lo que describe como una persecución política y de inteligencia en su contra. Este caso ha generado un intenso debate en Argentina, involucrando a figuras importantes del gobierno y del sector farmacéutico.

El gobierno nacional, a través de su cuenta en X, expresó su postura con un mensaje contundente: «el señor fentanilo debe ir preso». En respuesta, García Furfaro afirmó que está siendo objeto de una campaña de difamación orquestada por el Ministro de Salud, Mario Lugones, y otros actores políticos, como el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Menem, quienes, según él, están vinculados a intereses opuestos a los de su empresa.

En declaraciones al canal TN, García Furfaro relató cómo Nélida Bisio, titular de ANMAT, le advirtió sobre una supuesta orden de Lugones para cerrar su laboratorio. El empresario señala a Lugones como propietario de un laboratorio competidor y lo acusa de utilizar su posición para beneficiar a su propia empresa, Jayor, mientras perjudica a HLB Pharma.

El empresario también señaló que Caputo, a quien describió como un exjugador de videojuegos, está detrás de una operación política para vincularlo con el peronismo y desacreditarlo. Según García Furfaro, se negó a participar en prácticas corruptas, como el cobro de sobornos relacionados con el PAMI, lo que habría motivado la campaña en su contra.

García Furfaro insiste en que la contaminación del fentanilo podría ser un atentado en lugar de un accidente, argumentando que la distribución irregular de la bacteria Klebsiella pneumoniae en las ampollas sugiere intencionalidad. Sin embargo, reconoció la posibilidad de negligencia interna, pero subrayó que la investigación judicial debe esclarecer los hechos.

El gobierno, por su parte, ha solicitado la detención de García Furfaro por el juez Ernesto Kreplak, quien lleva la causa de las muertes por fentanilo contaminado. Advirtieron que, de no hacerlo, podrían recusarlo debido a un posible conflicto de intereses, ya que su hermano es el ministro de Salud bonaerense.

García Furfaro intenta distanciar a la ANMAT de las acusaciones, a pesar de criticar la influencia de Lugones en la institución. Asegura que la agencia se ha convertido en un instrumento político, al igual que otras instituciones de salud pública.

Finalmente, García Furfaro recordó su pasado, incluyendo un periodo de encarcelamiento por intento de homicidio, como una defensa de su hermano. Esta historia personal, según él, es utilizada por el gobierno para desprestigiarlo aún más.