La discusión sobre cómo medir la inflación volvió al centro de la escena en medio de la recomposición de tarifas y la reducción de subsidios energéticos. La suspensión del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que debía actualizar la estructura de la canasta según la Encuesta de Gasto de los Hogares 2017/2018, no solo es una cuestión técnica: también define cuánto pesan los aumentos de servicios en el dato oficial y cómo se leerá el proceso de desinflación que el Gobierno busca mostrar.

De acuerdo con un informe de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, si se hubiera aplicado el nuevo IPC en enero la inflación habría sido cercana al 3%, por encima del “orden del 2,5%” que anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo. El cálculo de PxQ atribuye esta diferencia al impacto de los incrementos tarifarios provinciales, que se conocieron en su totalidad recién el 2 de febrero pero rigen de manera retroactiva desde enero de 2026.

La clave está en la nueva estructura del índice, que aumentaba el peso relativo de los servicios respecto de la canasta vigente basada en el patrón de consumo 2004/2005. Con esa actualización, los ajustes en tarifas de energía, agua, transporte, salud, educación o alquileres hubieran tenido una incidencia mayor en el IPC general. La consultora estimó que los aumentos de tarifas provinciales habrían sumado 0,8 puntos porcentuales al nuevo índice, mientras que con la metodología actual el impacto se reduce a 0,5 puntos. Algo similar ocurre con los servicios públicos de alcance nacional, cuyo efecto también sería más elevado bajo la canasta 2017/2018, con una diferencia adicional cercana a 0,3 puntos porcentuales.

El comportamiento de los servicios es central para entender la dinámica de precios. A diferencia de los bienes, cuyos valores pueden ajustarse con rapidez ante cambios de oferta y demanda, muchos servicios están regulados o atados a contratos. Eso genera movimientos menos bruscos, pero sostenidos en el tiempo y con pocas correcciones a la baja. En un contexto de desinflación, esta inercia se vuelve un obstáculo para que el índice general baje con la velocidad que el Gobierno pretende mostrar.

La composición del IPC no es uniforme en todo el país. En el noreste y el noroeste, los alimentos representan más de un tercio del gasto de los hogares, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el peso de los servicios —en particular vivienda, transporte y educación— es mayor. A partir de estos esquemas regionales, el INDEC construye un índice nacional ponderado según población y nivel de consumo.

En su último relevamiento, el organismo estadístico difundió las ponderaciones regionales para el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”. En el GBA este componente explica el 10,46% del índice, en la Patagonia el 10,06%, en Cuyo el 8,88%, en la región Pampeana el 8,67%, en el Noreste el 8,11% y en el Noroeste el 7%. Esto implica que los ajustes en tarifas y alquileres repercuten con mayor fuerza en el costo de vida medido en el área metropolitana y en el sur del país, donde los costos energéticos tienen un peso particularmente alto en el presupuesto familiar.

Los aumentos de tarifas entre diciembre y enero muestran, además, una fuerte heterogeneidad territorial. Aunque responden a una misma estrategia nacional de recorte de subsidios —el Presupuesto 2026 proyecta bajar el gasto en subsidios energéticos del 0,9% del PBI en 2025 al 0,5% este año—, la magnitud del impacto varía según regulaciones locales y cambios en la facturación.

En Córdoba, la Empresa Provincial de Energía (EPEC) aplicó una suba del 2,08% en el Valor Agregado de Distribución en enero, tras un incremento del 2,89% en diciembre, y anticipa para febrero un ajuste del 3,59%, en línea con un aumento promedio nacional del 16,89% asociado a la quita de subsidios. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto 111 que autorizó una suba del 17% en la tarifa de agua, dentro de una revisión anual que prevé actualizaciones bimestrales. En San Juan, la nueva Revisión Tarifaria Ordinaria 2026–2031 habilitó un alza promedio del 10,83% en la electricidad.

En el caso del gas, Litoral Gas —distribuidora con presencia en parte del centro y norte del país— aplicará desde febrero un incremento promedio del 31%, reflejando el nuevo esquema de precios mayoristas. En el NOA, provincias como Tucumán, Salta y Jujuy avanzaron con audiencias públicas para definir ajustes eléctricos. Tucumán ya convalidó un aumento del 13,4%, que combina un traslado del 3,6% de mayores costos nacionales de generación y transporte con un incremento cercano al 9% en el componente de distribución.

En paralelo, la Secretaría de Energía amplió temporalmente el bloque de consumo subsidiado en el NEA (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) y el NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) para morigerar el impacto durante los meses de mayor demanda por altas temperaturas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en cambio, el salto fue más visible: muchos usuarios de Edenor y Edesur recibieron en enero boletas que duplicaron el monto anterior. Sin embargo, ese salto se explica en gran medida por un cambio en la modalidad de facturación dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad: a través de la Resolución 730/2025, la lectura de medidores pasó de ser bimestral a mensual, concentrando en una sola factura el consumo que antes se prorrateaba en dos.

Más allá del dato puntual de enero, la controversia por la suspensión del nuevo IPC se proyecta sobre los próximos meses, cuando se profundizará la recomposición de tarifas y el recorte de subsidios. El propio Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria, había señalado que la actualización metodológica buscaba reflejar con mayor precisión los cambios en los hábitos de consumo y en la estructura del mercado, y que tendría efectos en la inflación del primer trimestre.

Con una canasta donde los servicios ocupan un lugar más relevante, la inflación tiende a volverse más persistente, aun en un escenario de desaceleración general de precios. En este contexto, la forma en que se mide el IPC no solo incide en la lectura del proceso de desinflación, sino también en la credibilidad del indicador que sirve de referencia para paritarias, contratos y decisiones económicas en todo el país.