El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó con dureza contra la Asociación de Viñateros de Mendoza por recurrir a la Justicia para frenar una medida de desregulación en el sector vitivinícola, y los comparó directamente con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

En una extensa publicación en X, el funcionario sostuvo que el accionar de la entidad mendocina replica la estrategia del organismo que conduce Tapia cuando se opuso al decreto de necesidad y urgencia 70/23, que habilitaba a los clubes de fútbol a decidir si convertirse o no en sociedades anónimas. Según Sturzenegger, tanto la AFA como la Asociación de Viñateros habrían utilizado la vía judicial para bloquear la “opcionales” que ampliaban las decisiones de socios y productores.

El foco del conflicto actual es el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que históricamente fue obligatorio en la industria. Con la desregulación, el Gobierno lo transformó en opcional y, de acuerdo con el ministro, casi la mitad de los productores dejó de utilizarlo. Sturzenegger afirmó que el 45% de quienes antes estaban forzados a tramitar el CIU luego prescindieron de él, y que esa conducta de los propios actores justificó el cambio normativo.

La Asociación de Viñateros presentó un escrito ante el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, para que el certificado vuelva a ser una exigencia general. El ministro cuestionó que un grupo de productores intente imponer nuevamente una carga administrativa a sus pares y planteó que detrás de esa insistencia hay intereses que no se explicitan públicamente.

Sturzenegger sugirió dos posibles motivaciones para el reclamo. En primer lugar, señaló que el CIU funcionaba como un instrumento de control del mercado, al concentrar información sobre los movimientos de uva entre regiones y sobre qué volúmenes ingresaban al circuito comercial. Ese caudal de datos, remarcó, podría facilitar la coordinación entre actores y favorecer conductas anticompetitivas, transformando al certificado en una pieza clave para prácticas de cartelización.

La segunda hipótesis que deslizó se vincula con el financiamiento de estructuras sectoriales. El ministro relató que un productor le pidió el escrito presentado por un referente identificado con la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), organismo al que acusó de mantener un mandato vencido desde 2020 mientras continúa cobrando lo que definió como un “impuesto privado” a la actividad. Sin el CIU, indicó, se dificultaría la percepción de esa tasa.

Para el funcionario, la combinación de estas motivaciones deja al sector “rehén” de intereses particulares, pese al potencial productivo de la vitivinicultura. Recordó que la industria arrastra décadas de intervenciones estatales, citando como antecedente la decisión del presidente Agustín Pedro Justo en 1934 de prohibir la producción de vino fuera de la región de Cuyo. A su entender, la historia muestra cómo las regulaciones pueden utilizarse como herramienta de presión y limitación.

En ese marco, defendió la agenda de desregulación del gobierno de Javier Milei y calificó como “delirantes” algunos argumentos utilizados para reinstalar controles. Sostuvo que la regulación suele presentarse como protección pero, en realidad, actúa como un “lobo con piel de cordero” que resguarda a unas pocas corporaciones en detrimento de la competencia y de los propios productores. También expresó su expectativa de que la Justicia falle a favor de la producción y la libertad económica, y no de lo que considera prácticas anticompetitivas.

En paralelo a la controversia con los viñateros, Sturzenegger anunció la firma del Decreto 892/25, al que definió como un “cambio de paradigma” para el comercio exterior argentino y el “mejor broche de oro” para el año. La norma, rubricada también por el presidente Javier Milei y otros ministros, elimina la obligación de revalidar en el país productos que ya cuentan con certificaciones de calidad o seguridad otorgadas por mercados con altos estándares sanitarios y técnicos.

Según el ministro, durante décadas la Argentina levantó barreras burocráticas que encarecían y entorpecían el intercambio: ensayos duplicados, certificaciones superpuestas y requisitos que no son habituales en economías desarrolladas. El nuevo esquema reconoce los avales emitidos en el exterior y evita repetir controles, lo que, a su juicio, reducirá costos y favorecerá la competencia.

Sturzenegger afirmó que la lógica es “simple y poderosa”: si un producto ya fue aprobado en países con exigencias rigurosas, no tiene sentido obligar a las empresas a atravesar nuevamente todo el circuito de trámites en la Argentina. Al abarcar a todos los bienes que requieren certificaciones técnicas o de seguridad, el decreto, remarcó, debería traducirse en menos trabas, más competencia y mejores precios para los consumidores locales.

En sus mensajes, el ministro enmarcó tanto la disputa con la Asociación de Viñateros de Mendoza como la reforma del sistema de certificaciones en la misma batalla política que el oficialismo presenta como una confrontación con “la casta” y con los intereses corporativos que, según su visión, se benefician de la regulación estatal.