En una declaración explosiva ante el Tribunal Oral Federal 5, el ex director de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, aseguró que, por orden de Hebe de Bonafini, se desviaron fondos del programa habitacional Sueños Compartidos para financiar actividades políticas vinculadas al kirchnerismo, incluidas campañas de Cristina Kirchner, Amado Boudou y otros dirigentes.
Schoklender declaró por Zoom en el juicio oral que investiga el presunto desvío de 748 millones de pesos que el gobierno de Cristina Kirchner destinó, entre 2008 y 2011, a la construcción de viviendas sociales a través de la fundación. El proceso se abrió a partir de una investigación periodística de 2011 y recién este año llegó a debate, con el riesgo de que prescriba en septiembre.
Acusaciones contra Bonafini y uso político de los fondos
El ex apoderado de la fundación sostuvo que Bonafini, fallecida en 2022 y que también llegó a estar procesada en la causa, estaba “totalmente alineada” con el entorno de la entonces presidenta. Mencionó puntualmente a Cristina Kirchner, al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, a quienes responsabilizó de influir sobre la titular de Madres.
Según su relato, desde la conducción de la organización se le exigía interrumpir obras para movilizar trabajadores a actos políticos de Cristina Kirchner, del entonces ministro de Economía Amado Boudou y de la campaña del dirigente Carlos Heller. Esas actividades, describió, requerían contratar micros, montar escenarios, disponer de equipos de sonido, seguridad, banderas y pasacalles, entre otros gastos de logística que —afirmó— se cubrían con recursos de Sueños Compartidos.
Schoklender añadió que, por instrucciones de Bonafini, también se habrían financiado un centro cultural en el predio de la ex ESMA, salarios de militantes de la agrupación HIJOS y de hijos de exiliados, el congreso de salud mental y derechos humanos, la universidad de las Madres, una radio con edificio y equipamiento propios, un departamento para Hebe de Bonafini y viajes de integrantes de la organización. Calificó el volumen de esos gastos como “incalculable”.
Asimismo, afirmó que se solventó la impresión de afiches para candidatos kirchneristas en distintas provincias. Recordó que ya en 2010 existían sospechas de que la fundación había financiado cartelería contra periodistas del diario Clarín.
Defensa de su rol y críticas internas
El ex dirigente, que renunció a la fundación en 2011 tras un fuerte enfrentamiento con Bonafini, defendió el diseño del plan de viviendas populares y aseguró que en la gestión no se pagaron sobornos. Dijo que, por la magnitud de los certificados de obra, las Madres llegaron a convertirse en “la principal constructora del país” y que intentaron ingresar a la Cámara Argentina de la Construcción, pero que el entonces titular de la entidad, Carlos Wagner, bloqueó ese ingreso.
Schoklender afirmó que las decisiones sobre el destino de los fondos las tomaban únicamente él y Bonafini, y sostuvo que el dinero “sobraba” justamente porque —según su versión— no se abonaban coimas. También relató que, mientras se multiplicaban los compromisos asumidos por la fundación, el Ministerio de Planificación demoraba los pagos de los certificados de obra, lo que generó una deuda de cargas sociales que ubicó en 70 millones de pesos de entonces, equivalentes —dijo— a los 200 millones que se mencionan actualmente en la causa.
Negó que su empresa Meldorek se hubiera beneficiado de manera ilegítima con esos recursos, como sostienen los fiscales. Sí admitió que recurrió a “cuevas financieras” para descontar cheques y afrontar el pago de sueldos, y mencionó como principal actor en ese circuito a un financista de apellido Caparrós. Aseguró no conocer a las firmas pantalla, como Agropecuario Monte León, que terminaron cobrando algunos de esos cheques. Esa operatoria integra un segundo tramo de la investigación, por presunto lavado de dinero, que se tratará en otro juicio.
En su exposición, el ex apoderado también repasó su vínculo con Bonafini, a quien conoció en prisión, donde se recibió de abogado mientras cumplía la condena a perpetua por el parricidio de sus padres, sentencia dictada en 1981. Relató que se alejó de la fundación por lo que describió como “demandas politiqueras” y calificó de “parásitos” a personas del entorno de la titular de Madres.
El rol de Néstor Kirchner y el giro tras su muerte
Schoklender diferenció la etapa en que Néstor Kirchner estaba vivo de lo ocurrido luego de su fallecimiento en 2010. Sostuvo que, mientras el ex presidente respaldó el programa, los pagos se cumplían y nadie se animaba a exigir coimas. Tras su muerte, afirmó, “se desbandó todo” en el manejo de fondos, aunque insistió en que desde la fundación no se pagaron sobornos.
Un juicio demorado y múltiples imputados
El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la intervención del fiscal Diego Velasco. Además de Sergio y Pablo Schoklender, están en el banquillo el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López —ambos declarando por videoconferencia—, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Carlos Castellano y Claudio Freidin, y los santiagueños Daniel y Silvia Nasif, ex autoridades del Instituto de la Vivienda y de la Jefatura de Gabinete provincial, respectivamente.
El proceso, que comenzó formalmente hace dos semanas en los tribunales de Comodoro Py, se desarrolla 15 años después del inicio de la causa. Se investiga una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional durante la ejecución de Sueños Compartidos, un programa que nació envuelto en polémica por tener al frente a los hermanos Schoklender, defendidos en su momento por Hebe de Bonafini, figura emblemática de la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura militar.


