El Gobierno nacional comenzó a desplegar una ofensiva política sobre gobernadores y bloques opositores con el objetivo de garantizar los votos para la reforma laboral que pretende discutir en el Congreso en febrero. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezará una gira por al menos diez provincias durante enero, en una estrategia que la Casa Rosada considera clave para sostener el rumbo del modelo económico oficial.

El primer destino del funcionario será Chubut. Este miércoles, Santilli viajará a la provincia patagónica para reunirse con el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, en medio de la preocupación local por los incendios que afectan a la zona cordillerana y que el propio mandatario provincial definió como "intencionales". La visita se inscribe en una ronda de contactos que buscará sumar adhesiones a la denominada "modernización laboral" en el Senado, la cámara donde el oficialismo ve el escenario más ajustado.

En el entorno del Ministerio del Interior sostienen que la recorrida incluirá, la semana próxima, las provincias de Mendoza y Chaco, donde Santilli mantendrá reuniones con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. Además, el Ejecutivo espera recibir en la Casa Rosada al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, otro actor clave en el mapa de negociaciones federales.

El encuentro con Torres tendrá además un capítulo estrictamente financiero. El gobernador chubutense planea plantear formalmente su voluntad de avanzar en un acuerdo por el flujo de la caja de jubilaciones provincial, similar a los convenios ya cerrados entre la Nación y las administraciones de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Chaco. El mandatario aprovechará también para agradecer el apoyo del Gobierno nacional en las tareas de contención de los incendios que afectan a su distrito.

Sin embargo, Chubut no solo buscará entendimientos. Torres ratificará su decisión de presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por una deuda que, según la provincia, la Nación mantiene desde 2018 con la caja previsional chubutense y que supera los 50 mil millones de pesos. Ese reclamo, de larga data, será parte del telón de fondo en la negociación política por la reforma laboral.

Cerca del gobernador del PRO aseguran que todavía no fijó una postura definitiva sobre el proyecto que impulsa el Ejecutivo. No obstante, ya surgieron señales de resistencia dentro de su propio espacio: el diputado y dirigente petrolero Jorge "Loma" Ávila anticipó que no acompañará la iniciativa si se mantiene en los términos en que fue enviada al Congreso.

En paralelo, la Casa Rosada enfrenta el rechazo frontal de la CGT y de la bancada peronista. Pese a ello, en el oficialismo se muestran moderadamente confiados en lograr la media sanción. Funcionarios involucrados en las conversaciones admiten que los principales cuestionamientos sindicales se concentran en la eliminación de la ultraactividad de los convenios y en la prioridad que el proyecto otorga a los acuerdos por empresa por sobre los convenios de actividad. "Seguimos conversando", resumen en el Gobierno, donde insisten en que aún hay margen para negociar.

Tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, el vínculo con la cúpula cegetista quedó en manos del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y del asesor presidencial Santiago Caputo. En la central obrera vienen manifestando su malestar por lo que consideran una falta de diálogo frente a una reforma de alto impacto sobre las relaciones laborales.

Al mismo tiempo, la maquinaria política oficialista continúa en movimiento. Este martes hubo una reunión en el despacho de Eduardo "Lule" Menem, el operador de confianza de Karina Milei. Allí recibió al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman. Este último rechazó que el encuentro haya tenido como finalidad avanzar en el histórico reclamo sindical por las deudas millonarias con las obras sociales, aunque no trascendieron mayores detalles de la agenda abordada.

En la Casa Rosada describen un esquema de negociación en el que Santilli, el presidente de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concentran el diálogo con la oposición. Aunque todavía no se publicó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias, en el oficialismo dan por descontado que la reforma laboral será uno de los temas centrales a debatir en febrero.

La estrategia legislativa contempla aceptar modificaciones en el Senado para que, luego, Diputados convalide el texto sin cambios y se evite un nuevo regreso a la Cámara alta. El objetivo es acelerar los tiempos y garantizar que la ley quede aprobada dentro del calendario que se trazó el Poder Ejecutivo.

En el Gobierno confían en que contarán con los votos necesarios en Diputados. A los aliados habituales del PRO y a los bloques provinciales que vienen acompañando a La Libertad Avanza, aspiran a sumar a una parte de la UCR, que en el pasado promovió reformas con foco en la estructura sindical. Para eso, consideran imprescindible aceitar los canales de diálogo con los gobernadores, que son quienes ordenan a buena parte de los legisladores que deberán pronunciarse el mes próximo sobre la reforma laboral.