La provincia de Santa Fe se prepara para debutar en la renovada vidriera de los mercados internacionales de deuda. En un contexto de fuerte reactivación de las colocaciones de bonos por parte de empresas y gobiernos subnacionales tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, la administración de Maximiliano Pullaro busca captar entre US$500 millones y US$1.000 millones mediante un título en dólares bajo ley de Nueva York.

Según trascendió, la emisión se realizaría este jueves y el bono tendría un plazo de entre 7,5 y 9 años. De concretarse la opción más larga, analistas del mercado señalan que se transformaría en el título subsoberano de mayor duración vigente. Un informe de la sociedad de bolsa PPI subrayó que Santa Fe llega a esta operación con indicadores financieros robustos, al ser una de las jurisdicciones con menor nivel de endeudamiento relativo y con una posición fiscal considerada entre las más sólidas del país.

El diseño del instrumento prevé cuatro amortizaciones anuales iguales, del 25% del capital cada una, y pagos de intereses en forma semestral. PPI tomó como referencia la reciente colocación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que emitió un bono a 8 años con una tasa efectiva anual (TEA) del 8,3%, que luego se comprimió al 7,9% en el mercado secundario. Con ese antecedente y el mayor plazo que busca Santa Fe, la sociedad de bolsa estimó que la TEA de la nueva emisión podría ubicarse en torno al 8,5%.

Desde el gobierno provincial indicaron a Ámbito que el equipo económico de Pullaro mantendrá entre martes y miércoles una ronda de reuniones con inversores en Nueva York, en el marco del proceso de colocación. El resultado final se conocerá el jueves, cuando el bono comience a operar. Fuentes oficiales explicaron que en esa instancia se termina de definir tanto el monto efectivo a tomar como la tasa, en función de la demanda que se observe en el libro de órdenes.

«El jueves, cuando empiezan a cotizar los bonos, se define cuánto te conviene tomar y a qué tasa», graficaron en la administración santafesina. Y ejemplificaron: si el emisor apuntara inicialmente a levantar US$1.000 millones y se encontrara con ofertas por US$2.000 millones a una tasa del 11%, podría optar por reducir el rendimiento al 9% y aceptar, por caso, US$800 millones, privilegiando un costo financiero más bajo por sobre el volumen total emitido.

El movimiento de Santa Fe se inscribe en una ola más amplia: primero fueron las grandes compañías las que aprovecharon el cambio de clima tras los comicios para volver a los mercados, y luego se sumaron las provincias. De acuerdo con la consultora Invecq, en las dos primeras semanas de noviembre el sector privado colocó cerca de US$3.000 millones en Obligaciones Negociables (ON), un monto similar a todo lo emitido entre 2022 y 2023.

Casi la totalidad de esas emisiones correspondió a firmas del sector energético, que lograron financiarse a una tasa nominal anual cercana al 8% y a plazos superiores a los 10 años, mejorando así de manera significativa su perfil de vencimientos respecto de meses anteriores. A ese grupo se agregó la colocación de CABA, que consiguió US$600 millones en su regreso a los mercados externos.

En el Gobierno nacional interpretan esta secuencia de operaciones como un posible anticipo de un regreso más amplio de la Argentina al financiamiento con bonistas privados. Tras las elecciones, el riesgo país se desplomó desde los 1.081 puntos básicos hasta las 657 unidades en la primera semana posterior a los comicios, reflejando una mejora en la percepción de los inversores. Sin embargo, el indicador se estabilizó luego en ese nivel, que aún es considerado elevado para un retorno masivo del capital internacional hacia la deuda soberana.

Los analistas coinciden en que, para que el riesgo país continúe bajando, será clave que la Argentina logre fortalecer sus reservas internacionales. Un mayor colchón de divisas daría más certeza sobre la capacidad de pago de la deuda, incluso si esos dólares no se aplican de manera directa al cumplimiento de los vencimientos con acreedores externos.

Por ahora, ni el Banco Central (BCRA) ni el Tesoro están comprando dólares en el mercado. Un factor central es el esquema cambiario vigente: si las autoridades salieran a adquirir divisas, el tipo de cambio podría presionar sobre el techo de la banda, un nivel que el Gobierno no está dispuesto a modificar en el corto plazo.

El equipo económico que encabeza Luis Caputo confía en que la mejora de expectativas, sumada al flujo de dólares provenientes de las emisiones de deuda privada y subsoberana, ayudará a atraer nuevas inversiones y a remonetizar la economía. Esa combinación, según planteó semanas atrás el director del BCRA, Federico Furiase, permitiría al Central recomponer reservas sin necesidad de absorber más pesos del mercado, un paso considerado clave para consolidar la baja del riesgo país y normalizar el acceso al crédito internacional.