El Plenario del Consejo de la Magistratura avanzó este martes en dos frentes decisivos para el Poder Judicial: aprobó 13 ternas de concursos para cubrir vacantes en juzgados y cámaras estratégicas, y profundizó investigaciones y sumarios contra jueces y empleados del organismo. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien lidera el cuerpo encargado de seleccionar y controlar a los magistrados.

Las ternas aprobadas serán enviadas al Poder Ejecutivo, que deberá elegir a un candidato por cada concurso para luego someter su pliego a la consideración del Senado. El objetivo es empezar a revertir la crítica situación de vacantes en el sistema judicial, donde más del 30 por ciento de los cargos permanece sin cubrir en todo el país.

Concursos para cargos estratégicos

Entre los concursos aprobados se destacan varios puestos sensibles en la Justicia Nacional del Trabajo y en el fuero federal. El concurso N.º 356 está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, mientras que el N.º 360 apunta a la designación de un magistrado en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Clorinda, en la misma provincia.

Otro proceso relevante es el concurso N.º 378, que busca ocupar una vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Mar del Plata, una jurisdicción clave dentro del mapa federal. En paralelo, el Consejo avanzó con el concurso N.º 451 para designar cuatro vocales en las Salas II, III, V y VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, y con el N.º 485, que contempla seis cargos de vocal en las Salas VI, VII, VIII, IX y X (dos de estos últimos) del mismo tribunal laboral.

Estas definiciones forman parte de una estrategia más amplia para aliviar la sobrecarga de expedientes y la parálisis generada por la alta cantidad de despachos vacantes, una problemática que atraviesa la mayoría de los fueros y que el propio Consejo reconoce como una crisis sin precedentes.

Jueces bajo la lupa: Salmain y Maraniello

Además de los concursos, el Plenario resolvió impulsar investigaciones más severas contra dos magistrados que ya venían siendo analizados en la Comisión de Disciplina. Por decisión unánime, los casos del juez federal de Rosario Gastón Salmain y del juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello pasarán a la Comisión de Acusación, ámbito que contempla sanciones de mayor gravedad, incluida la posibilidad de impulsar juicios políticos.

Salmain enfrenta cuestionamientos por no haber informado en su momento que había sido expulsado del Poder Judicial, tras un episodio en el que se lo acusó de intentar sobornar a una empleada cuando ambos trabajaban en la justicia de la Seguridad Social. A esto se suma una causa penal en la que un arrepentido lo habría señalado como partícipe en la gestión de una coima a cambio de una medida cautelar que habría permitido acceder a dólares oficiales en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.

Maraniello, conocido públicamente por haber hecho lugar a una medida cautelar en favor de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está denunciado por abuso sexual contra una empleada y por maltrato laboral. Su defensa intentó apartar del expediente al consejero e instructor del caso, el senador Luis Juez, pero el Plenario rechazó ese planteo y ratificó la continuidad de la investigación en la Comisión de Acusación.

Cruces por sumarios a empleadas del Consejo

Cuando Rosatti ya se había retirado del recinto, la discusión se trasladó al ámbito administrativo interno. Uno de los puntos más ásperos fue la apertura de un sumario contra la empleada María Inés Brenna, quien formalmente dependía del área de Recursos Humanos del Consejo. De acuerdo con la acusación, la trabajadora no se habría presentado a cumplir funciones durante años, pese a seguir cobrando su salario.

Su ex jefe, Federico Vincent, que estaba al frente de la subadministración general, fue previamente despedido por irregularidades graves, entre ellas haberse autoasignado un salario equivalente al de un juez nacional y reducir indebidamente sus aportes previsionales. Al ser intimada por la nueva gestión para que retomara tareas, la diputada Vanesa Siley solicitó que Brenna pasara a depender de su vocalía.

En el debate, Siley aseguró que la empleada había prestado servicios para otros consejeros, algo que no figura formalizado en los registros internos, según fuentes del organismo. Tras aprobarse la apertura del sumario, la diputada mantuvo un fuerte intercambio con el juez Mariano Borinsky Barroetaveña, al denunciar que se trataba de una “persecución política”. El senador Luis Juez y el consejero Diego Marías Provítola intervinieron para remarcar que en la instancia sumarial la trabajadora tendrá oportunidad de presentar sus descargos.

Sanción por un viaje sin respaldo administrativo

Otro expediente disciplinario que generó debate fue el de la empleada Luciana Prudencio, quien viajó al exterior para realizar un curso durante la gestión anterior. La Comisión de Administración había recomendado su cesantía, pero el diputado Álvaro González, impulsor del sumario, pidió revisar su propio dictamen al admitir que no había evaluado adecuadamente la documentación. Propuso en cambio una sanción de 30 días de suspensión sin goce de haberes, el máximo castigo previsto por el reglamento sin llegar a la expulsión.

Siley defendió a la trabajadora al sostener que no había cometido falta alguna y que la responsabilidad recaía en la administración previa, por no haber tramitado correctamente las autorizaciones. Juez destacó el gesto de González al reconocer un error, y el juez Alberto Lugones sugirió reducir la sanción a 15 días.

El representante del Poder Ejecutivo, Sebastián Amerio, a cargo de la Comisión de Administración, cuestionó con dureza el tratamiento del caso. Señaló que, como ex empleado judicial, conocía los estrictos requisitos de licencias y que no existía ningún acto administrativo que justificara la ausencia de Prudencio entre febrero y noviembre de 2023. Barroetaveña ironizó que la conducta de la empleada tampoco merecía “un premio” y, finalmente, el Plenario resolvió aplicar la suspensión de 30 días sin sueldo.

Entre concursos para cubrir vacantes críticas, investigaciones sobre jueces y disputas por la disciplina interna, el Consejo de la Magistratura se consolida como escenario central de las definiciones que marcarán el futuro inmediato del Poder Judicial argentino.