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    Ritondo denuncia un acuerdo entre LLA, kirchnerismo e Innovación Federal por la Auditoría General

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    El bloque de diputados del PRO que conduce Cristian Ritondo volvió a salir al cruce este domingo por la designación de nuevos integrantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) y acusó a La Libertad Avanza, al kirchnerismo y al espacio de Innovación Federal de haber sellado previamente un entendimiento para repartirse los tres cargos que corresponden a la Cámara de Diputados.

    En un comunicado difundido por la bancada macrista, se afirma que esas tres fuerzas políticas ya tenían garantizado el número de apoyos necesarios para avanzar con las designaciones, incluso sin la participación del PRO. Según el texto, La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal “contaban holgadamente” con las tres cuartas partes de los votos que exige el reglamento para habilitar el tratamiento y aprobar los nombramientos.

    De esta forma, el PRO buscó desmentir las versiones que sugerían algún tipo de aval tácito de su parte para que prosperara la votación que terminó colocando a Rita Mónica Almada (por La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (por Unión por la Patria) y Pamela Calletti (por Salta, en representación de Innovación Federal) en los sillones de la AGN que dependen de la Cámara baja.

    La bancada que lidera Ritondo remarcó que el desenlace “estaba definido de antemano” y que el resultado “no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO”. En esa línea, enfatizó que el retiro de sus legisladores del recinto no tuvo como objetivo allanar el camino a la aprobación de los pliegos, sino evitar legitimar un mecanismo que consideran contrario a la Constitución.

    “Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin facilitar la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional”, sostiene el comunicado, al describir la sesión en la que se aprobaron las designaciones como una maniobra realizada “de madrugada, sin transparencia” y sin que el tema estuviera contemplado en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

    El PRO sostiene que esa inclusión de la designación de autoridades de la AGN en la agenda parlamentaria violó el artículo 63 de la Constitución Nacional, que regula el funcionamiento del Congreso y la forma en que deben convocarse y desarrollarse las sesiones extraordinarias. Para el espacio que responde a Ritondo, la forma en que se impulsó la votación vulneró las normas básicas del trámite legislativo.

    En paralelo a la ofensiva política, Ritondo llevó el conflicto a la Justicia. Días atrás presentó un recurso de amparo en el que pide la nulidad de las designaciones aprobadas en la Cámara baja. En ese escrito, el jefe del bloque del PRO reconstruyó paso a paso lo sucedido durante la madrugada en la que se trató el tema y apuntó contra el accionar del oficialismo libertario.

    Según la presentación judicial, el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni tomó la palabra en el recinto sin precisar con claridad qué tipo de moción iba a plantear y sin solicitar un apartamiento del reglamento, instancia que, según el PRO, era indispensable para habilitar el tratamiento del tema en ese contexto.

    Ritondo argumentó que ese modo de proceder implicó una violación expresa de las normas que rigen la designación de miembros de la Auditoría General de la Nación y que, además, afectó la participación plena de los integrantes del cuerpo legislativo, en particular de aquellos que decidieron retirarse al considerar que el proceso no respetaba las reglas establecidas.

    “En estos casos, en que se violan expresamente normas que hacen a la esencia del trámite para la designación de miembros de la AGN y menoscaban la participación plena de un integrante de un cuerpo colegiado, la consecuencia tácita no puede ser otra que la inconstitucionalidad y nulidad que habrá de decretarse en sede judicial”, sostuvo el jefe del bloque del PRO en su escrito.

    El planteo judicial de Ritondo busca que la Justicia declare inválidas las designaciones de Almada, Forlón y Calletti, al considerar que se realizaron mediante un procedimiento que, a su juicio, no se ajustó a la Constitución ni al reglamento parlamentario. Mientras tanto, el PRO insiste en marcar distancia política de la maniobra y en subrayar que, según sus cálculos, el resultado de la votación estaba asegurado por el acuerdo previo entre La Libertad Avanza, el kirchnerismo y el espacio de Innovación Federal.

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