El anuncio oficial de la ampliación de la Bombonera, realizado por Juan Román Riquelme a través del canal del club, no solo presentó un ambicioso proyecto para elevar la capacidad del estadio de 57.000 a 80.000 espectadores: también encendió una fuerte disputa política dentro de Boca Juniors y reavivó viejos enfrentamientos con Mauricio Macri y con los impulsores de planes alternativos.

El presidente xeneize comunicó que el club está “más cerca que nunca” de concretar la reforma del estadio Alberto J. Armando. Según explicó, la empresa de cargas ferroviarias Ferro Sur S.A., que opera sobre las vías contiguas a la cancha, dio su visto bueno para avanzar con la construcción de cuatro torres conectadas a las tribunas mediante puentes peatonales. El proyecto, liderado por el arquitecto Germán Mainero, prevé además la instalación de 18 ascensores y la creación de una cuarta bandeja, con la promesa de ofrecer una experiencia similar a la de los grandes recintos europeos.

Sin embargo, el plan todavía necesita un paso clave: la autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de supervisar el transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional. La CNRT, dirigida por Maximiliano Patti —referente de La Libertad Avanza e hijo del ex intendente de Escobar Luis Patti—, deberá evaluar la viabilidad técnica de la intervención sobre el entorno ferroviario. Desde el organismo, según trascendió, no descartan avalar la iniciativa siempre que cumpla con los requisitos de seguridad y factibilidad.

En el entorno de Riquelme ya se dejó trascender la sospecha de que podrían aparecer obstáculos por la filiación política de Patti, designado por el presidente Javier Milei. Pero el frente de conflicto no se limita al ámbito estatal: el propio anuncio encendió una batalla discursiva dentro de Boca, al descalificar otros proyectos de ampliación, entre ellos la Bombonera 360 y el denominado Proyecto Esloveno, que contemplaban la compra de manzanas linderas.

Riquelme sostuvo que estas iniciativas son inviables por la existencia de una ley que declaró patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires a un conjunto de viviendas cercanas al estadio, lo que, según su postura, impediría cualquier intervención. “Al hincha no hay que mentirle”, afirmó al descartar de plano esas alternativas.

Las respuestas no tardaron en llegar. Carlos Navarro, ex jefe del Departamento de Obras durante la presidencia de Jorge Amor Ameal, salió al cruce de las declaraciones del actual titular del club. Recordó que en agosto de 2023, bajo la gestión que integraba, se presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para la rezonificación de dos medias manzanas destinadas a la ampliación del estadio, y calificó de injusto que se tache de “mentira” el trabajo técnico desarrollado durante años.

Navarro aseguró que dentro del club se manejó un doble discurso: mientras en público se impulsaba la Bombonera 360 como bandera de campaña, en privado se habrían enviado señales a distintos bloques legislativos de que no existía un respaldo interno real para avanzar. A su entender, la protección patrimonial de las viviendas no constituye una prohibición absoluta, sino una instancia administrativa que podría resolverse con voluntad política.

La versión de los vecinos frentistas también contradice el relato oficial. Rubén Lopresti, uno de sus referentes, sostuvo que la declaración de patrimonio histórico no impide la venta de los inmuebles y afirmó que existe acuerdo para enajenar las 67 unidades funcionales necesarias para el Proyecto Esloveno. Según su testimonio, lo que falta es “diálogo genuino” con la dirigencia actual: aseguró que, pese a promesas de campaña, nadie del club se acercó a negociar cara a cara.

Desde el equipo del Proyecto Esloveno, encabezado por el ex empleado Fabián Fiori, se precisó que solo 7 de las 21 viviendas protegidas serían indispensables para concretar la ampliación, y que, de acuerdo con las comisiones de Planeamiento Urbano y de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura porteña, no existiría impedimento legal para excluirlas del listado. En un comunicado, acusaron a Riquelme de faltar a la verdad y le recordaron que nunca cumplió con su promesa de reunirse con los vecinos. Su propuesta apunta a llevar la capacidad del estadio por encima de los 90.000 espectadores.

El escenario se complejiza aún más por otro frente judicial que involucra al presidente de Boca. En paralelo al debate por el estadio, Riquelme enfrenta una denuncia por presunta administración fraudulenta en el Fuero Penal Nacional. La investigación, impulsada por el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación Walter Klix, incluye chats, videos y fotografías que ya están en manos del fiscal Carlos Vasser.

Entre las acusaciones figuran supuestas maniobras vinculadas a la venta de entradas y protocolos en el mercado negro, así como la manipulación del filtro de socios. A diferencia de una presentación anterior en el fuero porteño, que fue archivada por falta de mérito, esta causa cuenta con alrededor de 100 socios dispuestos a declarar, muchos de ellos provenientes de peñas y filiales del interior.

En este contexto, Riquelme volvió a apuntar contra Mauricio Macri, ex presidente del club y candidato a vicepresidente en las elecciones de 2023. Aseguró que, si existiera una sola prueba sólida en su contra, ya estaría condenado, y se definió como “el mayor problema” para el ex mandatario. Mientras la Justicia avanza y los proyectos de ampliación se cruzan con disputas políticas y vecinales, el futuro de la Bombonera se juega tanto en los despachos como en el tablero interno del club.