El principal foco de preocupación en la economía argentina pasa hoy por el frente monetario y cambiario. La capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y robustecer su balance es vista como la condición indispensable para sostener los pagos de deuda en el mediano y largo plazo y, eventualmente, recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito.
En ese marco, los préstamos garantizados (repos) que el Gobierno tomó con bancos internacionales funcionan como un puente transitorio. En los últimos doce meses se cerraron tres operaciones de este tipo: una por u$s1.000 millones en enero, otra por u$s2.000 millones en junio y la más reciente por u$s3.000 millones. Todas vencen el año próximo, lo que obliga a una cuidadosa administración de los flujos de divisas mientras se intenta avanzar hacia una “normalización financiera definitiva”.
La tasa pactada en el último repo, cercana al 7,4% anual, es considerada elevada en términos globales, pero relativamente baja para el estándar argentino, donde los bonos soberanos rinden entre 9% y 10% y el riesgo país ronda los 570 puntos básicos. En comparación con ese costo, conseguir un financiamiento de corto plazo a unos 740 puntos básicos sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos aparece como una condición aceptable para una operación puente, aunque insuficiente para pensar en endeudamiento de mediano o largo plazo.
El diseño de estos repos también está alineado con el calendario político. Mientras el primero se firmó a 28 meses y el segundo a 22, el último se estructuró a 12 meses. Los bancos buscan así “calzar plazos” con el horizonte del actual mandato presidencial y con el compromiso del Gobierno de cumplir puntualmente con todos los vencimientos.
En paralelo, el esquema cambiario atraviesa sucesivas fases. Tras la devaluación inicial y el “sinceramiento” del tipo de cambio, se aplicó primero un crawling peg del 2% mensual, luego del 1% y más tarde un sistema de bandas con techo que se movía también al 1% en un contexto de inflación superior al 2%. Ese diseño generó una apreciación del peso y restó credibilidad al régimen, obligando a sucesivos ajustes. El cambio que comenzó a regir este mes, con una recalibración de la velocidad de actualización del techo de la banda, es visto como un paso en la dirección correcta, aunque persisten dudas sobre su suficiencia.
El punto crítico será comprobar si, dentro de este nuevo esquema, el BCRA puede comprar dólares y acumular reservas. La oferta de divisas luce robusta: se proyecta una campaña agrícola que aportaría entre u$s2.000 y u$s3.000 millones adicionales por mejor clima y cosecha, y un incremento de las exportaciones energéticas cercano a u$s2.000 millones. En total, las ventas externas podrían superar los u$s90.000 millones.
Sin embargo, del otro lado del mostrador se acumulan presiones. La balanza de servicios se mantiene en terreno deficitario, el pago de intereses y el giro de utilidades al exterior restan dólares, y los compromisos financieros son abultados. A ello se suma la meta de engrosar reservas, que no equivale simplemente a comprar divisas en el mercado: exige mantenerlas y no utilizarlas para otros fines. En este terreno se abre la gran incógnita que miran los inversores.
Un ejemplo de esas presiones adicionales es el Mundial de fútbol, que impactará en la cuenta de servicios. Las estimaciones apuntan a un déficit total cercano al 1% del PBI en ese rubro, de los cuales alrededor de 0,2 puntos del producto —unos u$s1.000 millones— estarían asociados al evento deportivo.
La política económica se mueve, además, en un contexto internacional poco favorable. Los precios de los principales commodities que exporta Argentina se ubican muy por debajo de los picos de la última década. La soja, que llegó a niveles equivalentes a casi u$s800 la tonelada en 2022 y superó los u$s900 en el superciclo de 2012, hoy ronda los u$s380. Maíz, trigo, petróleo y gas también cotizan en valores deprimidos. A esto se suma un escenario geopolítico inestable y tasas de interés globales que se mantuvieron altas en los últimos años.
Aun así, la economía local logró dos años consecutivos de crecimiento y una recuperación importante tras los ajustes iniciales de la actual gestión. Desde comienzos de 2025, sin embargo, la actividad se muestra más errática y con fuertes diferencias entre sectores. Faltan motores de demanda interna: la recomposición de ingresos es lenta, el crédito sigue acotado y el elevado riesgo país limita una baja más pronunciada de las tasas.
Para 2026 se proyecta una mejora salarial real moderada, de entre 1 y 2 puntos porcentuales promedio, con fuerte dispersión entre ramas de actividad. No se espera una recomposición homogénea ni acelerada, lo que someterá a prueba la tolerancia social frente a un proceso de normalización macroeconómica que promete ser gradual.
En materia de deuda, el Gobierno exhibe dos años de superávit fiscal, lo que evita que el déficit sea un factor de expansión del endeudamiento. En ese período se pagaron cerca de u$s15.000 millones entre bonos globales y títulos en dólares bajo ley local, utilizando principalmente reservas. Al mismo tiempo, se tomaron aproximadamente u$s10.000 millones entre repos y créditos de organismos internacionales. Ese movimiento es leído como una forma de “cambio de acreedores” en un contexto en el que el país aún no recupera el acceso pleno al financiamiento de mercado.
Con este cuadro, el programa económico se enfrenta a un triple desafío: bajar la inflación con una política monetaria estricta, acumular reservas para fortalecer el BCRA y, al mismo tiempo, sostener la recuperación de la actividad y del poder adquisitivo. La forma en que se reconfigure la política cambiaria y se gestione el frente financiero en los próximos meses será clave para definir si Argentina logra avanzar hacia una estabilización más sólida o si deberá encarar nuevas rondas de ajustes y rediseños.
