La reforma laboral que avanza en el Congreso argentino incorpora por primera vez un capítulo específico para quienes trabajan a través de plataformas digitales de reparto y movilidad, como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify. El proyecto ya fue aprobado por Diputados, tras su paso inicial por el Senado, y ahora requiere una nueva revisión en la Cámara Alta antes de ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El texto mantiene sin modificaciones el apartado dedicado a los llamados “prestadores independientes de plataformas tecnológicas”, figura con la que se define a las personas que, de forma autónoma, ofrecen servicios de reparto o traslado de pasajeros mediante aplicaciones.

Un nuevo marco para repartidores y choferes

La reforma establece que estos prestadores son trabajadores independientes y, al mismo tiempo, fija un conjunto de derechos y obligaciones tanto para ellos como para las empresas que operan las aplicaciones. El objetivo declarado es regular la actividad sin configurar una relación laboral tradicional de dependencia.

El debate se da en un contexto de fuerte precariedad económica en el sector. De acuerdo con el “índice APP” (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro, en diciembre de 2025 un repartidor de apps de delivery necesitó completar, en promedio, 454 pedidos para cubrir el costo de la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro integrantes.

Libertad de conexión y elección de horarios

Uno de los ejes centrales del capítulo es la llamada libertad de conexión. El prestador podrá conectarse a cualquiera de las plataformas disponibles y definir por sí mismo sus horarios y tiempos de conexión, sin exigencias de frecuencia mínima. También tendrá la facultad de aceptar o rechazar cada pedido según su conveniencia, sin necesidad de justificar su decisión.

Además, se reconoce su derecho a elegir el medio de transporte con el que prestará el servicio, siempre que cumpla con las exigencias legales y reglamentarias. Podrá utilizar bicicletas, motos, autos u otros vehículos habilitados.

Las plataformas deberán informar de manera clara los criterios que utilizan para agrupar y categorizar los servicios, lo que apunta a transparentar los sistemas de asignación de viajes y pedidos.

Obligaciones para las plataformas

El texto fija una serie de responsabilidades para las empresas que gestionan las aplicaciones. Entre ellas, proporcionar a los prestadores toda la información necesaria para que puedan decidir si aceptan o no un viaje o reparto solicitado por un usuario, y respetar su libertad de conexión.

Las compañías deberán ofrecer, a través de canales digitales, contenidos vinculados a la normativa de seguridad vial y a la correcta prestación del servicio. También deberán facilitar el acceso a los elementos de seguridad correspondientes según el tipo de vehículo utilizado.

Otro punto clave es la creación de un mecanismo digital permanente para que los usuarios puedan presentar quejas de manera sencilla. Las plataformas tendrán que implementar un procedimiento eficaz para dar respuesta o solución a esos reclamos.

Asimismo, deberán disponer de canales de atención para que los prestadores puedan comunicarse con operadores humanos que los asistan y les brinden explicaciones sobre decisiones que afecten su actividad dentro de la app. La regulación también obliga a ofrecer capacitaciones gratuitas, que incluirán el uso de la infraestructura digital, el trato con los usuarios y contenidos específicos sobre seguridad vial, cuyo costo quedará a cargo de la empresa.

Deberes de los prestadores independientes

Del lado de los trabajadores, la reforma exige que sean titulares de la cuenta de usuario con la que operan en cada plataforma y que estén inscriptos ante las autoridades fiscales, cumpliendo con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Deberán informar cualquier cambio en su situación fiscal.

Los prestadores tendrán que realizar los aportes que les permitan acceder a la Prestación Básica Universal, a la jubilación por invalidez o pensión por fallecimiento, y a las coberturas del Sistema Nacional del Seguro de Salud, entre otros beneficios. También deberán contar con una cuenta bancaria o billetera virtual, informando su CBU o CVU para recibir los pagos de las plataformas, y respetar las normas de tránsito durante la prestación del servicio.

Derechos sin relación de dependencia

El proyecto subraya que el reconocimiento de derechos no implica la existencia de un vínculo laboral clásico con las empresas de aplicaciones. Aun así, se garantiza que los prestadores puedan rechazar pedidos libremente, interactuar con operadores y ejercer su derecho a réplica frente a decisiones que los afecten.

Se incorpora además la protección de datos personales, con la posibilidad de solicitar la portabilidad de la información en un formato estándar, lo que facilita la continuidad de la actividad en distintas plataformas.

La normativa obliga a las empresas a contratar un seguro de accidentes personales para los prestadores, que cubra fallecimiento accidental, incapacidad total o parcial permanente derivada del servicio, gastos médicos y farmacéuticos, y costos funerarios. La ampliación de estas coberturas o la incorporación de seguros adicionales no será considerada prueba de relación laboral.

En cuanto a la remuneración, los trabajadores podrán cobrar a través de la app y conservar la totalidad de las propinas que los usuarios agreguen, incluso cuando el monto sea sugerido por la propia plataforma.

Finalmente, se refuerza la autonomía de los prestadores: podrán conectarse sin una frecuencia mínima obligatoria, registrarse sin compromiso de aceptar pedidos, desconectarse sin aviso previo —salvo eventuales responsabilidades civiles— y elegir la duración de sus jornadas. También podrán definir el recorrido que consideren más conveniente, siempre que no perjudique al usuario y se ajuste a las indicaciones de los sistemas de navegación.