La votación final de la reforma laboral en el Senado terminó envuelta en una fuerte controversia reglamentaria que dejó en el centro de la escena a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y alineó en una posición común, por unos minutos, a dos dirigentes habitualmente enfrentados: Patricia Bullrich y el jefe del bloque Justicialista, José Mayans.
La discusión estalló segundos después de las 22.28, justo cuando Bullrich había concluido su intervención como jefa del bloque de La Libertad Avanza. Villarruel, siguiendo el protocolo, anunció que se procedería a votar por medios electrónicos el orden del día vinculado a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de reforma laboral, que ya contaba con media sanción del Senado desde el 12 de febrero.
El punto clave era técnico pero con fuerte impacto político: lo que se sometía a consideración no era la reforma en sí misma, sino si el Senado aceptaba o rechazaba los cambios realizados por Diputados. Quienes apoyaran la moción por la afirmativa convalidarían el texto modificado; quienes lo hicieran por la negativa, ratificarían el dictamen original del Senado, que incluía el polémico artículo 44. No había, en el tablero electrónico, una opción que reflejara el rechazo total a ambos textos.
Consciente de la posible controversia, Villarruel intentó anticiparse. Pidió silencio y explicó que los votos afirmativos implicarían aceptar las modificaciones de Diputados, mientras que los negativos significarían rechazarlas y, por consecuencia, insistir con el dictamen original del Senado. Tras esa aclaración, dio por iniciada la votación.
De inmediato pidió la palabra José Mayans. El jefe del bloque Justicialista, que representa a Formosa, dejó en claro que su bancada y los bloques aliados rechazaban tanto el proyecto aprobado inicialmente por el Senado como la versión modificada por la Cámara baja. “No estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos, por tanto votamos en contra”, remarcó, planteando el problema de cómo dejar asentada esa posición en el sistema electrónico.
Villarruel insistió en que sólo existían dos opciones posibles, amparada en el artículo 81 de la Constitución Nacional: aceptar las modificaciones de Diputados o rechazarlas y mantener el dictamen original. En ese marco, no había un botón específico para expresar el rechazo global a la reforma laboral en cualquiera de sus versiones.
Fue entonces cuando intervino Patricia Bullrich, que mantiene una relación tirante con la vicepresidenta. Con gesto de fastidio de Villarruel mediante, la senadora libertaria tomó el micrófono y, de manera inesperada, respaldó el planteo de Mayans. Señaló que resultaba razonable que el bloque Justicialista pudiera dejar asentado su voto en contra del proyecto en su conjunto y advirtió que, de lo contrario, podría interpretarse que estaban apoyando una iniciativa que rechazaban. A su juicio, debía entenderse que su voto negativo era un rechazo al proyecto, más allá de la formalidad del procedimiento.
Villarruel volvió a escudarse en las restricciones constitucionales y reglamentarias, y reiteró que la negativa significaba insistir con el dictamen original del Senado. En medio de los murmullos y protestas desde las bancas opositoras, la vicepresidenta insistió: “No tengo otra opción, señores. No hay otra opción”.
Mayans amagó con pedir una lectura y votación artículo por artículo de la reforma, para despejar cualquier duda sobre el sentido del voto justicialista, pero finalmente descartó esa alternativa. Reafirmó que su bloque no acompañaba “ni un solo artículo” y que su postura era de rechazo total a ambas versiones del proyecto.
La controversia sumó un nuevo capítulo cuando habló Fernando Salino, senador por San Luis. Electo por Unión por la Patria en 2023 y hoy integrante del flamante bloque Justicia Social Federal, Salino cuestionó que la aclaración sobre el alcance de la votación no se hubiera realizado al inicio de la sesión, cuando se anunció que el proyecto estaba “en consideración”. Desde su perspectiva, esa fórmula habilitaba a entender que su voto era negativo en general y en cada uno de los artículos, aun cuando la formalidad indicara otra cosa. Pese a sus reparos, terminó votando “En contra” en el sistema electrónico.
Mientras Villarruel pedía silencio y pedía avanzar porque se estaba “en los últimos minutos”, las quejas y gestos desde las bancas continuaban. El sistema de votación debió reiniciarse dos veces por las demoras de algunos senadores en presionar el botón correspondiente.
El foco se posó entonces en dos legisladores de Santa Cruz: José Carambia y Natalia Gadano, del bloque Movere, cercano al gobernador Claudio Vidal. Fueron los últimos en definir su postura y optaron por no votar electrónicamente, buscando provocar una votación a viva voz para dejar constancia de su posición. Finalmente, Carambia tomó la palabra para aclarar que su bloque estaba en contra de la reforma laboral, pero consideraba que los cambios de Diputados eran menos perjudiciales que el texto original del Senado. Por esa razón, anunció que se abstendrían, aunque reiteró su rechazo de fondo a la normativa.
Carambia y Gadano ya se habían pronunciado en contra cuando el Senado otorgó la media sanción en febrero. Sus abstenciones fueron las únicas variaciones visibles en el tablero respecto de aquella sesión. Mientras tanto, la reforma laboral avanza con el pronóstico de una inminente judicialización, tal como anticipó la CGT, y con un cierre de debate que expuso las grietas políticas y las limitaciones del sistema de votación parlamentaria.
