El proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso abre una fuerte controversia: especialistas advierten que implica una masiva transferencia de recursos desde el sistema previsional hacia nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán los encargados de financiar las indemnizaciones por despido sin causa.

Según distintos cálculos citados por Ámbito, el desvío de fondos de la ANSES hacia estos instrumentos rondaría, como piso, los US$2.000 millones anuales y podría trepar hasta cerca de US$4.700 millones, dependiendo de la metodología utilizada para estimarlo.

Cómo funcionarán los nuevos Fondos de Asistencia Laboral

Los FAL son la herramienta elegida por el oficialismo para reemplazar, en los hechos, al esquema tradicional de indemnizaciones. Se trata de cuentas que acumularán aportes mensuales de las empresas y que se usarán para pagar los despidos sin causa. A diferencia de los Fondos de Cese Laboral aprobados en la Ley Bases —que tuvieron escasa adhesión empresaria por considerarse onerosos—, los FAL serán obligatorios para casi todo el sector privado, con la excepción de la construcción y el trabajo en casas particulares.

El proyecto establece que las firmas deberán destinar todos los meses el 3% de la masa salarial bruta de cada trabajador a estos fondos. Mientras no se utilicen para cubrir indemnizaciones, esos recursos podrán invertirse en instrumentos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que, según el Gobierno, contribuiría a profundizar el mercado de capitales.

Un costo cero para las empresas y un impacto directo en la ANSES

Si bien sobre el papel se trata de un nuevo aporte patronal, el propio texto de la reforma determina que ese 3% no saldrá del bolsillo empresario: se descontará de las contribuciones que hoy van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En la práctica, se trata de un corrimiento de fondos desde la caja previsional hacia los FAL.

De este modo, el costo de las futuras indemnizaciones por despido sin causa pasaría a ser absorbido por recursos que hoy financian jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). El abogado laboralista Gustavo Ciampa definió el esquema como una reedición del modelo de las AFJP: “entidades privadas manejando recursos públicos y obteniendo ganancias con ellos”, advirtió, al tiempo que sostuvo que el resto de la reforma “sirve para ocultar” este núcleo central de desvío de fondos de la seguridad social.

Las cifras de la transferencia del sistema previsional al sector empresario

El economista Juan Manuel Graña, de la UBA, calculó que el traspaso anual desde la caja jubilatoria hacia las empresas para financiar despidos sin causa se ubicaría entre US$2.600 millones y US$4.700 millones, dependiendo de si se toman como base los datos del SIPA o los de Cuentas Nacionales (en este último caso, incluyendo tanto empleo registrado como no registrado).

Otra estimación, elaborada por Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ubica el monto entre US$2.000 millones y US$2.500 millones al año. Según su análisis, se trata de una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los empleadores, que se suma a otros cambios incluidos en el proyecto.

Campos remarcó que la reforma también contempla una rebaja de las contribuciones patronales a las obras sociales, que pasarían del 6% al 5% de la masa salarial. “En total, de un día para el otro se redistribuyen cuatro puntos de la masa salarial”, señaló.

Debate sobre empleo, derechos laborales y desfinanciamiento previsional

El Ejecutivo sostiene que el objetivo de la reforma es “dinamizar” el mercado de trabajo y reducir los costos laborales para incentivar la contratación formal. En esa línea, Luciano Patrucco, analista de EcoGo, destacó que, para los nuevos contratos, los fondos que las empresas destinan a jubilaciones se reducirán drásticamente: de un rango de entre 18% y 20,4% de la base salarial, según el tipo de vínculo laboral, a solo 5%.

Patrucco planteó que esta rebaja podría estimular la creación de empleo registrado y, si eso ocurriera, la ampliación de la base de aportantes podría compensar parcialmente la caída de la recaudación previsional.

Graña, en cambio, considera que la reforma “apunta a recortar derechos de los trabajadores que todavía los conservan, ampliar el margen de maniobra de las empresas en la relación laboral y desfinanciar el sistema de seguridad social”. A su juicio, no existe evidencia de que los cambios en la legislación laboral, por sí solos, generen empleo, ya que eso depende fundamentalmente del crecimiento de la actividad económica.

El economista sugiere que, en todo caso, un esquema de alivio en las contribuciones podría pensarse de manera acotada para las microempresas, con un régimen especial y progresivo que se vaya desactivando a medida que las firmas crecen. Extender el modelo a todo el universo de trabajadores, advierte, implica un impacto “inasumible” para el sistema jubilatorio.

Temor a un regreso del modelo de los ‘90

Entre los especialistas críticos de la reforma gana terreno la hipótesis de que esta iniciativa sea el primer paso de una reconfiguración más amplia del sistema previsional. Graña advierte que, tras el desfinanciamiento que provocaría el desvío de aportes hacia los FAL, el Gobierno podría argumentar que “el sistema está en crisis” y proponer un retorno a un esquema similar al de las AFJP para las jubilaciones, replicando la lógica de los ‘90.

Mientras el Congreso se prepara para debatir el proyecto, el eje de la discusión gira en torno a quién terminará pagando las indemnizaciones y cuáles serán las consecuencias de trasladar recursos de la seguridad social a fondos privados administrados por el sector empresario.