El Gobierno enfrenta un cuello de botella legislativo para convertir en ley la Reforma Laboral dentro del actual período de sesiones extraordinarias. Aunque en la Casa Rosada descuentan que el Senado le dará media sanción el próximo miércoles 11, en la Cámara de Diputados crecen las dudas sobre la viabilidad de un tratamiento a contrarreloj y las resistencias a un trámite hiperacelerado.

El problema es estrictamente de calendario. El decreto que convoca a extraordinarias fija como fecha de cierre el 27 de febrero. El reglamento de la Cámara baja, en su artículo 106, establece que los proyectos pueden dictaminarse en comisión hasta diez días antes de la finalización del período. Traducido: el límite para firmar despacho es el 17 de febrero, justo en pleno feriado de carnaval, al igual que el lunes 16.

Con ese marco, el cronograma aparece extremadamente ajustado. El Senado tiene previsto sesionar el miércoles 11. Si La Libertad Avanza logra los apoyos que calcula, la Reforma Laboral sería aprobada en general esa misma noche o en la madrugada del jueves. Pero el texto, que llegará con múltiples cambios respecto del borrador original, deberá luego ser girado a Diputados, un trámite que habitualmente demanda entre uno y dos días hábiles.

En el escenario más optimista, con un envío casi inmediato, las comisiones de Presupuesto y de Trabajo tendrían apenas el viernes 13 para reunirse y emitir dictamen ese mismo día. La dificultad se agrava porque la Comisión de Trabajo ni siquiera está formalmente constituida, lo que obliga a completar primero los pasos administrativos y políticos para su conformación.

Entre los libertarios admiten que el tiempo juega en contra, aunque evitan adelantar una hoja de ruta. “Hay que ver cómo llega el proyecto y si los plazos dan”, es la frase que se repite en el oficialismo. En la vereda opositora, en cambio, abundan las críticas a la idea de un trámite relámpago. Un legislador de la oposición calificó como “un mamarracho” la posibilidad de forzar el calendario, aunque aclaró que ya nada lo sorprendería.

En ese contexto, en algunos despachos especulan con que el Poder Ejecutivo podría estirar las extraordinarias un día más, hasta el sábado 28 de febrero, con el fin de correr el límite para dictaminar al miércoles 18, un día hábil. Esa maniobra daría una ventana adicional, aunque no resolvería el cuestionamiento de fondo: el escaso tiempo para debatir una reforma de alto impacto.

Las objeciones no provienen sólo de la oposición dura. También aliados del oficialismo advierten que un tratamiento exprés en la Cámara baja podría desatar nuevos problemas. Señalan que el Gobierno concentró toda la negociación en el Senado y no trabajó en paralelo con Diputados para reducir el riesgo de que, tras nuevos cambios, el proyecto deba regresar a la Cámara alta.

“No sabemos cómo va a venir el texto, hay que estudiarlo y escuchar expositores. Si no hay margen para eso, es un problema”, advierte uno de esos bloques que suelen colaborar con La Libertad Avanza, pero que reclaman un proceso más ordenado.

Al margen de los tiempos legislativos, la negociación política sigue abierta en un punto clave: el capítulo impositivo que reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas y, en consecuencia, recorta la recaudación de las provincias. Los gobernadores presionan para que ese tramo se elimine o se compense con algún mecanismo de transferencia. La mesa política del oficialismo volvió a reunirse en las últimas horas, pero la decisión final sobre si se retira ese capítulo o se ofrece una compensación quedó en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.

El oficialismo acelera el Régimen Penal Juvenil

Las dificultades para encajar la Reforma Laboral en el calendario llevaron al oficialismo a recalibrar su estrategia en Diputados. El plan original era convocar a una única sesión para tratar de manera conjunta esa iniciativa y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Sin embargo, ahora el foco se desplazó a este segundo proyecto, que ingresó al temario tras el crimen de Jeremías Monzón.

En la Cámara baja trabajan con un esquema que incluye la conformación de la comisión específica el martes próximo, la firma de dictamen el miércoles y la votación en el recinto el jueves. También se trata de un cronograma acelerado, pero con una diferencia sustancial: el tema ya fue discutido en profundidad el año pasado.

Durante el período anterior, Diputados realizó más de siete reuniones con especialistas y llegó a emitir un dictamen sobre el Régimen Penal Juvenil. Ese texto perdió vigencia con el recambio legislativo tras las elecciones, pero sirve ahora como base de consenso. En la reciente reunión de jefes de bloque con el presidente de la Cámara, Martín Menem, se acordó respetar el contenido de aquel dictamen.

Entre los puntos centrales figura la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, en contraste con la propuesta original del Gobierno que la fijaba en 13. Además, el oficialismo aceptó incorporar una cláusula presupuestaria clave para cubrir los costos adicionales que las provincias deberán afrontar para aplicar la nueva normativa nacional.

En el oficialismo resumen la diferencia entre ambos debates con una frase: el Régimen Penal Juvenil está “masticado” y consensuado, mientras que la Reforma Laboral aún no tuvo discusión formal en Diputados. Esa asimetría explica por qué uno de los proyectos avanza a toda velocidad y el otro se topa con un muro de plazos, reglamentos y resquemores políticos.