La antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre se vio sacudida por una fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición, luego de que el Gobierno nacional manifestara su intención de difundir un resultado nacional unificado, a pesar de que la elección se compone de 24 distritos independientes. Esta decisión, inédita en la historia reciente del país, ha generado el rechazo de diversas fuerzas políticas, incluidas el peronismo, Provincias Unidas y la izquierda, que ya anunciaron su intención de impugnar la medida ante la Justicia electoral.

La discusión se encendió durante el simulacro de escrutinio llevado a cabo por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en la sede del Correo Argentino, en Barracas. Encabezado por Luz Landivar, la funcionaria responsable del proceso electoral, el ejercicio tenía como objetivo probar los mecanismos de transmisión, carga, fiscalización y totalización de telegramas. Sin embargo, el simulacro evidenció problemas técnicos, como la dificultad para cargar 1.600 actas, y desató cuestionamientos de apoderados y fiscales partidarios. Según trascendió, Landivar se retiró del lugar sin mayores explicaciones, atribuyendo el inconveniente al sector privado encargado del sistema.

La empresa INDRA, contratada para instrumentalizar el escrutinio, exhibió en pantallas un hipotético resultado nacional, lo que generó malestar en los representantes partidarios presentes. En elecciones legislativas, a diferencia de los comicios presidenciales, la normativa vigente no contempla la existencia de un distrito único: cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionan como jurisdicciones separadas. Así lo establece el artículo 105 del Código Nacional Electoral, que limita la difusión oficial a los resultados por distrito.

El Gobierno, a través de voceros de la DINE y del Ministerio del Interior, confirmó que evalúa presentar una sumatoria nacional similar a la empleada en las recientes elecciones provinciales bonaerenses. Si bien aún no se ha oficializado el método, la intención es replicar la experiencia de un conteo general que, según altos funcionarios, sería favorable para la Alianza La Libertad Avanza, el único espacio que compite bajo el mismo nombre en los 24 distritos, aunque con diferencias en sus listas.

Esta estrategia preocupa especialmente al peronismo, que en once provincias utiliza denominaciones electorales distintas al sello Fuerza Patria, vigente solo en trece distritos. A su vez, otras fuerzas opositoras, como Provincias Unidas y el Frente de Izquierda-Unidad, también compiten bajo distintos nombres o con alianzas parciales en el país. Esta diversidad dificulta la representación de un resultado nacional homogéneo, lo que alimenta los reclamos ante la Justicia.

Desde la Cámara Nacional Electoral, órgano responsable del escrutinio definitivo, procuran mantenerse al margen de la disputa, recordando que el conteo provisorio está a cargo del Poder Ejecutivo y carece de validez legal, aunque sí tiene impacto político. No obstante, la Cámara ya debió pronunciarse en otras cuestiones recientes, como la validez de boletas y colores partidarios en distintas provincias, y se espera que deba intervenir nuevamente ante las impugnaciones que presentarán el peronismo, la izquierda y otras fuerzas.

Las tensiones se incrementaron tras la reciente visita del presidente Milei a Estados Unidos y los comentarios ambiguos de Donald Trump sobre el resultado electoral argentino. En ese contexto, tanto el oficialismo como el peronismo han diseñado estrategias para comunicar triunfos a nivel nacional, e incluso el PJ prepara una aplicación para difundir virtualmente sus propios resultados unificados.

La polémica actual revive debates sobre la transparencia y la validez de la comunicación oficial de los resultados provisorios. Para el Gobierno, mostrar un triunfo nacional resulta clave de cara a los próximos desafíos legislativos y políticos, mientras que la oposición insiste en que cualquier interpretación nacional carece de sustento legal y busca instalar una narrativa favorable al oficialismo. La última palabra, una vez más, la tendrá la Justicia electoral, que deberá decidir si avala o rechaza la pretensión del Ejecutivo de presentar un resultado nacionalizado en una elección inherentemente federal.