Los ex legisladores santafesinos Eduardo Di Pollina y María Vucasovich acudieron a la Justicia para sostener jubilaciones millonarias en medio del debate por los privilegios previsionales en la provincia.

A enero de 2026, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe exhibe una fuerte disparidad entre la mayoría de sus beneficiarios y un grupo reducido que percibe haberes millonarios, muy por encima de los límites fijados por ley.

La jubilación mínima provincial se ubica actualmente en $544.472. Sobre esa base, el sistema establece que el tope máximo de ingresos jubilatorios y/o pensiones —ya sea por un solo beneficio o por la combinación de varios— es de $10.889.434 de bolsillo, equivalente a 20 haberes mínimos.

Sin embargo, 36 personas lograron eludir ese techo mediante fallos judiciales favorables. En la práctica, hoy están cobrando entre $11.149.645 y $15.721.741,77 mensuales, es decir, casi 30 veces lo que recibe un jubilado que percibe la mínima en la provincia.

Un tope cuatro veces más alto que el nacional

La diferencia con el régimen nacional también es marcada. En enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonó una jubilación máxima de $2.487.063, cerca de cuatro veces menos que el límite que rige en Santa Fe para los haberes provinciales.

El contraste no sólo se verifica con el resto de los jubilados santafesinos, sino también con quienes están bajo el régimen nacional, lo que reaviva el debate sobre la sustentabilidad y la equidad del sistema provincial.

Amparos judiciales de ex legisladores

En medio del debate por las jubilaciones de privilegio en la provincia de Santa Fe, también se registraron presentaciones judiciales de ex legisladores que buscan mantener sus haberes previsionales bajo las condiciones del régimen anterior.

Entre ellos se encuentran Eduardo Di Pollina, ex diputado provincial, y María Vucasovich, ex senadora por la provincia. Ambos presentaron recursos de amparo ante la Justicia para continuar percibiendo sus jubilaciones sin que se les apliquen los nuevos límites o aportes extraordinarios establecidos para los haberes más altos.

Las presentaciones judiciales se dieron en el marco de las reformas y medidas adoptadas para intentar contener el déficit del sistema previsional provincial, que incluyeron topes y contribuciones adicionales para jubilaciones elevadas. Según trascendió en el debate público, los haberes involucrados en estos casos se ubican entre los montos más altos dentro del sistema previsional santafesino.

El caso de ambos ex legisladores se suma así a la discusión más amplia sobre el régimen de jubilaciones especiales en la provincia, un sistema que ha sido objeto de críticas y revisiones debido a las diferencias existentes respecto del régimen jubilatorio general.

Quiénes litigan contra el tope y el rol de la Corte

En total, 117 jubilados y pensionados de la Caja provincial acudieron a la Justicia para frenar la aplicación del tope de haberes. De ellos, 55 desarrollaron su carrera en el Poder Judicial y 62 se desempeñaron en otras áreas del Estado santafesino.

Una porción importante de quienes obtuvieron sentencias favorables fue patrocinada por dos estudios jurídicos de la ciudad de Rosario, que concentraron buena parte de las demandas contra la Caja.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe será la instancia encargada de dar la última palabra en estos planteos. El máximo tribunal provincial deberá resolver si los límites fijados por la ley se ajustan a la normativa vigente o si corresponde convalidar las excepciones concedidas por tribunales inferiores.

Un impacto acotado en el universo de beneficiarios

De acuerdo con datos oficiales, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia abona haberes a alrededor de 105.000 jubilados y pensionados. Dentro de ese universo, 663 personas se ven alcanzadas hoy por el tope legal de haberes. Representan apenas el 0,63% del total de beneficiarios.

Cuando la Legislatura aprobó la reforma previsional santafesina, el límite máximo se ubicaba por debajo de los $8.000.000. Desde entonces, en un lapso de 18 meses, el tope se fue actualizando en función de los incrementos salariales de los trabajadores activos, hasta alcanzar los valores actuales.

En el momento de la sanción de la nueva normativa, quienes cobraban por encima del equivalente a 20 jubilaciones mínimas vieron congelados sus haberes. Ese freno se mantiene hasta que los nuevos topes, que se ajustan en línea con la mínima, alcancen el nivel de ingresos que perciben esos jubilados y pensionados. Una vez que eso ocurra, sus prestaciones volverán a actualizarse como las del resto de los beneficiarios.

Reforma previsional y protestas en la Legislatura

La aprobación de la reforma jubilatoria en Santa Fe no fue un trámite sencillo. El día de su tratamiento en la Legislatura, el edificio estuvo rodeado por un fuerte operativo de seguridad, mientras en las inmediaciones se desarrollaban manifestaciones y disturbios en rechazo a los cambios en el sistema previsional.

La ley introdujo modificaciones en topes, edades, regímenes especiales y en la movilidad de los haberes, además de incorporar un polémico aporte solidario para los ingresos más altos del sistema.

El aporte solidario y la decisión de Pullaro

Al margen de los amparos contra el tope, otras 709 personas acudieron a los tribunales para evitar el pago del aporte solidario o para cuestionar distintos aspectos de la reforma, como la edad jubilatoria, la modalidad de actualización de los haberes o condiciones de regímenes especiales.

El aporte solidario se aplica sobre quienes perciben ingresos superiores a tres jubilaciones mínimas. En enero de 2026, ese umbral se fijó en $1.633.416. Esta contribución extraordinaria tiene vigencia hasta mediados de septiembre de 2026, con la posibilidad —prevista en la ley— de que el Poder Ejecutivo la prorrogue por un año más.

No obstante, durante la apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura, el gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que no utilizará esa facultad. De este modo, los aportes solidarios dejarán de cobrarse a mediados de septiembre próximo, lo que implicará un alivio para los jubilados y pensionados de mayores ingresos, al tiempo que reabre el debate sobre cómo sostener financieramente el sistema provincial.