José Luis Espert, actual referente de La Libertad Avanza y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, quedó en el centro de la polémica tras admitir que recibió 200.000 dólares de una empresa minera extranjera. El origen y destino de ese dinero, así como su justificación, han generado preguntas y sospechas sobre los vínculos entre empresarios argentinos, campañas políticas y negocios internacionales.

La empresa en cuestión es Las Minas del Pueblo, una firma minera radicada en Guatemala, cuyo verdadero dueño es Federico “Freddy” Machado. Así lo confirmó el propio empresario en febrero de este año, cuando en una entrevista con un periodista guatemalteco defendió la legalidad de sus operaciones mineras y relató cómo uno de sus empleados, Iván Morales, terminó desvinculándose tras presuntas irregularidades.

El caso cobró relevancia cuando se supo que Machado, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Río Negro y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos como narcotráfico, habría utilizado una red de empresas para canalizar fondos y sostener una amplia gama de actividades, entre ellas el financiamiento de campañas políticas, tanto en Argentina como en Guatemala.

En su descargo público, Espert reconoció haber recibido el pago, pero argumentó que fue por servicios profesionales como economista y asesor para la minera guatemalteca, y no como un aporte de campaña. Según su versión, fue Morales quien lo contactó para asesorar sobre la reestructuración de la deuda de la empresa y otros proyectos, aunque la documentación judicial y las declaraciones de Machado señalan que la compañía es de su propiedad y que Morales solo era un socio local con el que terminó en malos términos.

Investigaciones periodísticas realizadas en Guatemala por equipos de Clarín y Prensa Libre revelaron que Machado tenía una estrategia recurrente: acercarse a candidatos en campañas presidenciales y ofrecerles apoyo financiero, una práctica que también habría utilizado con Espert. De hecho, Machado habría facilitado aviones y logística para la presentación de un libro del economista argentino, cuando éste aspiraba a crecer en la escena política local.

El entramado de las operaciones de Machado en Guatemala es complejo. Tras comprar una propiedad conocida como Finca Argentina –ubicada a más de 200 kilómetros de la capital guatemalteca y que incluía pista de aterrizaje y acceso a la mina–, Machado obtuvo licencias para explotar Las Minas del Pueblo, asegurando el aval de las autoridades durante el gobierno de Jimmy Morales. Por la finca se habría pagado más de 150.000 dólares y por la mina, otros 500.000, aunque funcionarios guatemaltecos cuestionan la legalidad de esas transacciones y niegan que se hayan concretado los acuerdos de explotación.

Las Minas del Pueblo se dedicaba a la extracción de plomo, zinc y cobre, pero su historial está marcado por denuncias de operaciones ilegales, accidentes fatales y disputas con exempleados y socios. El propio Machado relató que Morales, su antiguo socio, habría sustraído maquinaria para iniciar una explotación minera irregular en Chiquimula, un proyecto que nunca prosperó y que sumó más confusión sobre el destino de los fondos y la naturaleza de los trabajos realizados.

El nombre de Espert aparece ahora en medio de un debate: mientras el candidato insiste en que su vínculo fue estrictamente profesional y privado, la relación entre las finanzas de Machado, los apoyos de campaña y las investigaciones judiciales en curso mantienen el caso bajo la lupa. Por el momento, no se han encontrado pruebas de que Espert haya participado en otros negocios de Machado en Guatemala, donde el empresario también impulsó proyectos de infraestructura como oleoductos y puertos, durante la gestión de Jimmy Morales.

La trama expone los riesgos y las zonas grises que pueden surgir cuando empresarios bajo sospecha de actividades ilícitas se entrelazan con figuras políticas, dejando interrogantes abiertos sobre los controles y la transparencia en la recepción de fondos del exterior.