El avance en la investigación por el asesinato del fiscal Alberto Nisman, ocurrido en enero de 2015, ha tomado un giro significativo con la inminente declaración de cerca de 300 militares y civiles vinculados a la inteligencia argentina. Estas nuevas audiencias, organizadas por el fiscal federal Eduardo Taiano y su equipo, buscan arrojar luz sobre las conexiones entre el aparato de inteligencia paralela que operaba durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la muerte del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA.

La toma de testimonios, inicialmente prevista para antes, fue postergada hasta noviembre a pedido del Ministerio de Defensa, que exigió salvaguardas especiales para proteger la identidad de los testigos, muchos de los cuales aún desempeñan funciones en el Estado. El ritmo de las audiencias será de dos por semana, con sesiones que se extenderán por seis horas cada una, en las que se cruzará la información proporcionada por los declarantes con registros telefónicos y datos de geolocalización previos y posteriores al crimen.

De manera llamativa, entre los citados no figuran nombres clave como el del ex jefe del Ejército y ex titular de su dirección de Inteligencia, el general César Milani, ni el del suboficial retirado Joaquín Conrado Pereyra, su principal colaborador. La estrategia de Taiano es no convocar aún a quienes podrían ser imputados, ya que una declaración como testigo complica luego citarlos como sospechosos, según las normas judiciales.

La línea investigativa central apunta a demostrar la existencia de una estructura clandestina de inteligencia, una “SIDE paralela” presuntamente encabezada por Milani y vinculada tanto a la desviación de la investigación sobre el atentado de la AMIA como a la muerte de Nisman. Taiano sostiene, según fuentes judiciales, que en la simulación del suicidio participaron organismos como la AFIP, la Procuración General bajo Alejandra Gils Carbó y altos funcionarios como Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

En el trasfondo de la causa se entrelazan la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, la lucha de poder interna en los servicios de inteligencia y los movimientos de fondos durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Tras el desplazamiento de Antonio Stiuso de la SIDE en 2014, la dirección de Inteligencia del Ejército habría asumido tareas propias de la inteligencia civil, algo vedado por ley para las Fuerzas Armadas. Durante ese periodo, la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, bajo la conducción de Milani, vio incrementado su presupuesto en un 156% entre 2010 y 2014, en contraste con el modesto 33% de aumento para la SIDE.

El propio Stiuso, en su declaración testimonial, relató que la estructura paralela de inteligencia comenzó a tomar forma formalmente en 2008, coincidiendo con el ascenso de Milani. Según su testimonio, Milani incorporó a 1800 civiles en roles de inteligencia sin que quedara claro su función específica. Además, confirmó el uso de equipos de interceptación ilegal de comunicaciones, conocidos como “valijas”, que habrían permitido el espionaje telefónico masivo desde ubicaciones estratégicas como el Edificio Libertador y el Obelisco.

La investigación también pone el foco en la manipulación de la escena del crimen, por la que están imputados la ex fiscal Viviana Fein, el ex viceministro de Seguridad Sergio Berni y el juez Manuel De Campos, entre otros. Los cruces telefónicos, rastros de datos borrados y los movimientos de personal de inteligencia el 18 de enero de 2015 forman parte del entramado que busca desentrañar Taiano.

La ruta del dinero es otra de las pistas: informes legislativos y documentos aportados por el ex jefe de la SIDE, Miguel Ángel Toma, muestran gastos sin rendición por más de mil millones de pesos en inteligencia militar entre 2014 y 2015. Estos fondos habrían sustentado una estructura paralela, con ramificaciones en la AFI, la SIDE, la Policía Bonaerense y el Ejército.

La declaración de los casi 300 testigos podría ser clave para dilucidar si existió una red que, desde las sombras del Estado, tuvo injerencia directa en el destino del fiscal Nisman y en la desviación de investigaciones sensibles para el poder político.