El Gobierno nacional oficializó una nueva Política de Inteligencia mediante el Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial, en un intento por redefinir el rol y el funcionamiento del sistema de inteligencia tras la salida escandalosa de Sergio Neiffert de la SIDE y la llegada de Cristian Auguadra, hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La Casa Rosada presentó el documento como un insumo “estratégico” destinado a ordenar la confección de la próxima Estrategia de Inteligencia Nacional y a fijar prioridades frente al escenario geopolítico actual. Sin embargo, diversos sectores opositores advirtieron que algunos de sus artículos podrían abrir la puerta al espionaje sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 2, bajo el título “Superioridad de la información y riesgo de influencia externa”. Allí se plantea que, para defender lo que el Gobierno denomina “soberanía cognitiva”, los organismos de inteligencia quedan habilitados a detectar y seguir “operaciones” que, a su entender, puedan erosionar la cohesión social o condicionar procesos electorales.

El texto faculta a la SIDE a “identificar, reconocer, monitorear y analizar riesgos y/o amenazas provenientes de influencias externas” a través de la difusión deliberada de contenidos falsos o engañosos con el objetivo de influir en la opinión pública. Para la oposición, esa redacción es lo suficientemente amplia como para incluir bajo sospecha cualquier discurso crítico.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionó que el decreto recurra a definiciones “bastante amplias, poco precisas y ambiguas”, lo que, según señaló, permitiría interpretar casi cualquier opinión o crítica como una “alteración de la percepción de la realidad”. Desde su perspectiva, esa vaguedad normativa podría justificarse como herramienta para vigilar a opositores bajo el argumento de combatir la desinformación o la injerencia externa.

Otro artículo que encendió alarmas en los bloques opositores es el que se refiere a los “recursos naturales estratégicos e incidencias en la biósfera con efectos en el interés nacional”. Allí se establece que la SIDE podrá monitorear y analizar riesgos, amenazas y escenarios relevantes, tanto a nivel interno como regional y global, que pudieran afectar la preservación o la libre disponibilidad de esos recursos y su cadena de valor.

Dirigentes opositores advierten que, con esa formulación, el organismo de inteligencia podría intervenir frente a protestas o medidas de fuerza que involucren recursos estratégicos, desde manifestaciones ambientales hasta un paro de transportistas que afecte el abastecimiento de combustibles en los centros urbanos.

No es la primera vez que el oficialismo queda bajo la lupa por el uso de la inteligencia estatal. El anterior Plan de Inteligencia Nacional, impulsado por Neiffert y hoy suspendido, ya había sido objetado en la bicameral de Inteligencia del Congreso. En aquel caso, se señalaba que, bajo la excusa de proteger la seguridad nacional y prevenir ciberataques, se habilitaba a analizar a quienes cuestionaran el rumbo económico, lo que para la oposición implicaba un posible seguimiento sobre economistas y periodistas críticos.

En este contexto, legisladores opositores comenzaron a reclamar la inmediata convocatoria de Cristian Auguadra a la comisión bicameral para que brinde explicaciones sobre los alcances del nuevo decreto y despeje dudas sobre eventuales usos políticos de la inteligencia. La bicameral, presidida por Martín Lousteau, ya había aprobado los informes de gestión 2023 y 2024 de la SIDE, aunque su contenido no se conoce por tratarse de documentación clasificada.

La nueva política se presenta en medio de un profundo reordenamiento del esquema de inteligencia, tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación de tres estructuras: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). Estos cambios también fueron blanco de críticas en el ámbito parlamentario, donde se cuestionó que la reorganización afectara la cadena de mando y derivara en la caída de Neiffert.

El decreto enumera una serie de objetivos generales: asegurar la soberanía y autonomía del país, resguardar la integridad territorial, proteger la legitimidad del Estado, preservar la vida, la libertad, los bienes y los derechos de los habitantes, garantizar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y cuidar los recursos estratégicos. Asimismo, indica que el sistema de inteligencia deberá detectar dinámicas de “fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles”.

El documento incorpora además un capítulo específico sobre terrorismo, en el que se advierte que la Argentina estaría expuesta a redes transnacionales vinculadas a Medio Oriente, especialmente en zonas de frontera y en circuitos informales. También se hace foco en el crimen organizado y se mencionan rutas estratégicas, fronteras permeables y canales financieros irregulares como factores que facilitan el accionar de grupos delictivos.

En paralelo, el debate se da sobre un trasfondo presupuestario significativo. La SIDE lleva ejecutados cerca de 106.000 millones de pesos, mientras que para 2026 se proyecta un presupuesto de 97.000 millones, al que se agregan partidas extraordinarias que puede disponer la Jefatura de Gabinete.

Durante la última reunión de la bicameral, el diputado Leopoldo Moreau manifestó su inquietud por publicaciones en redes atribuidas a Auguadra, en las que cuestiona duramente a Cristina Kirchner y a senadores de Misiones por haber votado en contra del Gobierno en una sesión reciente. Para Moreau y otros legisladores, esos mensajes anticipan una “vocación de persecución y hostigamiento” hacia los opositores si el control político sobre la inteligencia no se refuerza.