El Gobierno nacional presentó en la Casa Rosada un proyecto de reforma integral del Código Penal que, según la visión oficial, busca clausurar la llamada doctrina “zaffaronista” y consolidar un esquema en el que el delincuente “pague” por sus actos con un cumplimiento efectivo de las penas. Aunque aún no fue enviado a la Cámara de Diputados, el oficialismo pretende debatirlo en sesiones extraordinarias.

La iniciativa, que en el entorno oficial ya se identifica como la “doctrina Bullrich” en alusión a la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, endurece el castigo para una amplia gama de delitos, desde los hurtos y robos hasta los abusos sexuales y homicidios. El eje central es terminar con el fenómeno conocido como “puerta giratoria”, que para el Gobierno beneficia a quienes delinquen mediante excarcelaciones y condenas de cumplimiento condicional.

Voceros cercanos a Bullrich señalan que el texto se encuentra actualmente en la órbita de la Secretaría Legal y Técnica, donde está siendo revisado. Mientras tanto, desde el Ejecutivo se insiste en que el nuevo esquema penal apunta a garantizar “orden” y justicia para las víctimas, cambiando el foco del sistema penal hacia el daño ocasionado a la sociedad.

Delitos graves sin prescripción y penas proporcionales

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la imprescriptibilidad de los delitos considerados graves. La propuesta establece que homicidios, violaciones, trata de personas, narcotráfico y explotación sexual, entre otros, no podrán beneficiarse del paso del tiempo para el archivo de las causas. Con ello se busca evitar que investigaciones contra presuntos autores de crímenes graves queden sin sentencia firme.

En la presentación oficial se subrayó que los delitos contra la vida, la libertad y la propiedad recibirán un endurecimiento generalizado de penas. Los responsables, sostienen en el Ejecutivo, deberán ser juzgados y condenados de manera “proporcional al daño perpetrado contra la sociedad”, reforzando la idea de un castigo más severo y menos permeable a beneficios.

Conducción imprudente, armas de juguete y legítima defensa

Durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada, Patricia Bullrich detalló algunos cambios específicos contemplados en la reforma. Entre ellos, destacó la incorporación de la figura de “conducción imprudente”, una demanda histórica de la organización Madres del Dolor, para sancionar con mayor dureza a quienes ocasionen siniestros viales graves.

Otro aspecto señalado fue el tratamiento del “abuso de armas”. El nuevo Código eliminaría la posibilidad de que un delincuente obtenga un trato más benigno por utilizar armas de juguete o réplicas, equiparando estas conductas a las de quienes emplean armas reales en la comisión de delitos.

Asimismo, la iniciativa redefine el alcance de la legítima defensa. Según explicó Bullrich, la presunción se ubicará “siempre a favor de quien se defiende”, lo que implicaría una mayor protección legal para las víctimas que reaccionen ante una agresión.

Víctimas con mayor participación y prisión efectiva

La exministra de Seguridad también anunció que las víctimas tendrán la posibilidad de intervenir a lo largo de todo el proceso judicial, con un rol más activo en el seguimiento de las causas. En la misma línea, aseguró que, de aprobarse el nuevo Código, “el 82% de los delitos” tendría como consecuencia penas de prisión de cumplimiento efectivo.

En el Gobierno vinculan ese endurecimiento con una baja potencial del delito. Señalan que, según su diagnóstico, los países que aplican castigos más severos registran niveles menores de criminalidad, argumento que utilizan para defender la reforma frente a las críticas de sectores opositores y de especialistas en derecho penal.

Golpe a la corrupción y fin de las jubilaciones de privilegio

El proyecto también introduce cambios relevantes en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos. Se prevé que quienes sean condenados por hechos de corrupción pierdan el derecho a percibir jubilaciones o pensiones de privilegio asociadas a los cargos que ocuparon.

En la práctica, esto implicaría que casos con condenas como las que alcanzaron al exministro Julio De Vido o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner impedirían a los involucrados cobrar ese tipo de beneficios específicos, sumando un componente patrimonial a la sanción penal.

Excarcelaciones restringidas y casos emblemáticos

Respecto de las excarcelaciones, el oficialismo cuestiona el esquema vigente, que permite que quienes reciben condenas menores a tres años accedan a la ejecución condicional y eviten la cárcel. La reforma busca que las penas se cumplan de manera efectiva, reduciendo al mínimo las posibilidades de que un condenado permanezca en libertad.

Fuentes del área de Seguridad utilizaron casos recientes para ejemplificar el impacto que, según su visión, tendría el nuevo Código. Sostienen que homicidios como los de Mariano Barbieri y Morena Domínguez, ocurridos en 2023, no se habrían producido si hubiese estado en vigor la nueva normativa, dado que los acusados contaban con antecedentes y, bajo las reglas propuestas, habrían permanecido detenidos.

Debate político y comparación con la política económica

Ante las objeciones de la oposición y la posibilidad de que algunos artículos sean judicializados, en el oficialismo trazan un paralelo entre la reforma penal y las medidas económicas de ajuste. Aseguran que “endurecer las penas contra los delincuentes es a la seguridad lo que dejar de emitir para cubrir el déficit es a la economía”: una condición que consideran necesaria para establecer el orden que dicen buscar para el país.

Con el proyecto aún en revisión técnica y a la espera de su ingreso formal al Congreso, el debate sobre el alcance y las consecuencias del nuevo Código Penal promete ocupar un lugar central en la agenda política y judicial de los próximos meses.