El decreto 941/2025 del gobierno de Javier Milei, que reconfigura el sistema de inteligencia argentino y modifica la Ley de Inteligencia Nacional, abrió un fuerte debate político: mientras el PRO respaldó en líneas generales la iniciativa, reclamó conocer los protocolos operativos y lanzó una advertencia puntual sobre la posibilidad de que agentes de la ex SIDE aprehendan personas.

El bloque de Diputados del PRO difundió un comunicado en el que, aunque se declara todavía en etapa de análisis del decreto, considera que las modificaciones podrían resultar positivas. Sin embargo, remarca que el apoyo está condicionado a la publicación y revisión detallada de los protocolos de uso, las reglas de empeñamiento y los alcances operativos que regirán para el personal de inteligencia, documentación que el Poder Ejecutivo aún debe dar a conocer.

La norma reduce la estructura de la tradicional SIDE, pero simultáneamente concentra mayores atribuciones en el área. Uno de los ejes centrales es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas de carácter encubierto, bajo el argumento oficial de que se trata de tareas sensibles vinculadas a la reducción del denominado riesgo estratégico nacional.

Dentro de ese esquema, el PRO focalizó sus reparos en dos puntos: las tareas de contrainteligencia y, especialmente, las nuevas facultades para la aprehensión de personas. El decreto habilita a los agentes de inteligencia a detener a individuos sorprendidos en flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes o actuar bajo orden judicial.

Para el bloque amarillo, esa potestad debe ser de uso estrictamente restrictivo y excepcional, dado que, por la naturaleza de su función, el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni hacerse conocer durante las operaciones. El planteo deja en claro que el partido aliado del oficialismo pretende límites claros y verificables en el ejercicio de esa capacidad.

Al mismo tiempo, el PRO valoró la decisión de avanzar en una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional. En su pronunciamiento, recordó que la actual Ley de Inteligencia fue sancionada en 2001 y que, a su juicio, el escenario global de amenazas y desafíos cambió de manera radical desde entonces. En esa línea, respaldó la idea de una transformación estructural e integral del esquema vigente.

Otro aspecto que el espacio de Mauricio Macri y sus aliados consideró positivo es la integración y unificación de bases de datos estatales. Según el comunicado, Argentina se encontraba décadas atrasada en interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional, y la medida permitiría modernizar ese aspecto clave.

No obstante, el PRO reclamó que la centralización de datos se ajuste estrictamente al marco legal de protección de datos personales. Recordó que el tratamiento de esa información está regulado por normas específicas que delimitan de forma taxativa sus usos permitidos. Bajo esa condición, el bloque sostuvo que no observa riesgos jurídicos en la integración de bases, siempre que se respete el andamiaje normativo vigente.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como un reordenamiento necesario, distintos sectores opositores salieron con dureza al cruce del decreto. Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau afirmó que el DNU, por su contenido y alcance, equivale a dictar una nueva Ley de Inteligencia por fuera del procedimiento constitucional, lo que —advirtió— implica una violación expresa de la Carta Magna. También alertó sobre la conformación de una policía secreta a partir de las nuevas facultades otorgadas a la Agencia.

En la misma línea crítica, Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica, sostuvo que, con el nuevo esquema, todos pueden ser vigilados, perfilados y observados, y advirtió que gran parte de la información personal pasará a convertirse en insumo de inteligencia.

El rechazo también se hizo sentir en otros bloques opositores, como Provincias Unidas y Encuentro Federal. Desde Provincias Unidas, sus diputados difundieron un mensaje en el que se niegan a convalidar, por acción u omisión, un modelo de inteligencia que consideran más opaco, más concentrado y con menos controles. La diputada nacional Gisela Scaglia sintetizó la posición del espacio al señalar que, sin control del Congreso, no puede hablarse de una democracia plena y que cualquier reforma en materia de inteligencia debe debatirse en el Parlamento, no imponerse por decreto de necesidad y urgencia.

Frente a las críticas, el gobierno de Milei reivindica el alcance del DNU. Según la argumentación oficial, el texto redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que quedará circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia. El Ejecutivo sostiene que con ello se eliminan superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que, en el pasado, habrían alimentado el desorden y la falta de control en el sistema de inteligencia.

Entre el respaldo condicionado del PRO y el rechazo frontal de buena parte de la oposición, el futuro de la reforma quedará atado al debate político y judicial que se abra en torno a la constitucionalidad del decreto y a la letra chica de los protocolos que el Gobierno aún debe hacer públicos.