El gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para introducir cambios profundos en el sistema de inteligencia argentino, modificando el espíritu de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y concentrando mayores atribuciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La movida encendió alertas en el Congreso y en la oposición, que advierte sobre riesgos de persecución política y debilitamiento de los controles democráticos.

La reforma, que entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial, será analizada por dos comisiones clave del Parlamento: la bicameral de Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre los DNU. Sin embargo, la puesta en marcha plena de estos ámbitos aún depende de su conformación formal en el período ordinario de sesiones.

En el caso de la comisión bicameral de Inteligencia, se produjo un reacomodamiento interno: el diputado misionero Martín Goerling (PRO), que se desempeñaba como primer vocal, quedó al frente del cuerpo tras el vencimiento de los mandatos de Martín Lousteau (quien presidía la comisión y ahora es diputado), Leopoldo Moreau (vicepresidente) y Oscar Parrilli (secretario. Se trata de una comisión permanente, con facultad para reunirse incluso fuera del período ordinario, y Goerling evalúa impulsar un pedido de informes para acceder al detalle del DNU, mientras otros legisladores reclaman que se la convoque para discutir el alcance de la reforma.

En paralelo, la bicameral de DNU tendrá un rol decisivo, ya que debe emitir un dictamen que habilite el tratamiento del decreto en el recinto. A diferencia del intento fallido de reforma de la Ley de DNU en el Senado —que buscaba acotar el uso de estos instrumentos y exigir la aprobación de ambas cámaras—, el esquema vigente establece que el decreto queda firme si una de las dos cámaras lo respalda. Para su rechazo, en cambio, se requieren mayorías de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

En la oposición señalan que el oficialismo avanza con esta reconfiguración del sistema de inteligencia apoyado en el resultado electoral de octubre y en la correlación de fuerzas legislativas. En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría con 95 bancas, superando con holgura el cuarto del cuerpo (87 votos) necesario para garantizar la ratificación del DNU.

Entre las voces más críticas se destacó la del ex diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que el decreto equivale en los hechos a dictar una nueva Ley de Inteligencia, en abierta contradicción con la Constitución Nacional. Moreau advirtió que la SIDE pasa a tener atribuciones de tipo policial, incluyendo la posibilidad de detener en flagrancia, lo que —según su análisis— configura la creación de una “policía secreta”. También cuestionó que se cierre la puerta a la conducción civil sobre la inteligencia militar.

El diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) coincidió con ese diagnóstico y afirmó que la SIDE se transformará en una “fuerza parapolicial”. Señaló que el decreto habilita a la Secretaría de Inteligencia a disponer de efectivos militares y de fuerzas de seguridad para desarrollar tareas de inteligencia. En un análisis difundido en su cuenta de X, Rossi advirtió además que la creación de una Agencia Nacional de Contrainteligencia implica dotarla de funciones de carácter represivo y potestades de fuerte alcance operativo.

Otro punto cuestionado por la oposición es la eliminación de la conducción civil de la inteligencia militar, que pasaría a quedar bajo el control del Estado Mayor Conjunto. El diputado Jorge Taiana (UP) interpretó que, si bien se otorga mayor margen de acción al área de Defensa, al mismo tiempo se subordina la inteligencia militar al ámbito de la seguridad interior, avanzando en la conversión de las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad.

Desde Santa Fe, el diputado Esteban Paulón también salió al cruce de la iniciativa y advirtió sobre un posible retorno de prácticas de espionaje interno. Según su lectura, el decreto incluye como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas, y al declarar “encubiertas” todas las actividades de inteligencia, debilita los mecanismos de control sobre los fondos reservados. “Están construyendo una caja negra gigante”, denunció.

En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) subrayó que, con el nuevo esquema, todas las estructuras del Estado —nacionales y provinciales— deberán responder a los requerimientos de los servicios de inteligencia. A su juicio, esto abre la puerta a que cualquier ciudadano pueda ser vigilado, perfilado y monitoreado, ya que buena parte de la información personal pasaría a ser insumo directo para tareas de inteligencia.

Entre los aliados del oficialismo prevalece por ahora la cautela. Dirigentes cercanos al Gobierno admiten que el DNU otorga más poder a la SIDE, amplía el campo de la contrainteligencia y flexibiliza límites operativos históricos, en especial en materia de aprehensiones y acciones preventivas. No obstante, prefieren esperar la redacción final del decreto y la definición de protocolos de aplicación y normas complementarias antes de fijar una postura pública definitiva.

En el PRO, en tanto, reconocen que se trata de un asunto medular para la seguridad y la defensa nacional y, por ese motivo, optan por una actitud prudente, a la espera de analizar en detalle el texto y su reglamentación. Mientras tanto, la pulseada por el alcance y el control del sistema de inteligencia vuelve a instalarse en el centro del debate político, con un DNU que promete una intensa disputa institucional cuando el Congreso retome plenamente su actividad.