El Gobierno nacional inició el año con dos decisiones clave en materia económica y fiscal. A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial de 2026, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario.

El Presupuesto 2026 había recibido su aprobación definitiva en el Senado el 26 de diciembre, durante una sesión especial en la que obtuvo 46 votos afirmativos, 25 rechazos y una abstención. La iniciativa, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza, contó con el respaldo del PRO y otros bloques aliados, mientras que el kirchnerismo votó en contra de un proyecto considerado estratégico para la administración de Javier Milei.

Un Presupuesto con superávit financiero y fuerte sesgo social

La ley prevé, en su artículo 4°, un resultado financiero positivo de 226.469 millones de pesos, revirtiendo la tendencia de ejercicios anteriores marcados por el déficit. El cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional se fijó en 148.295 millones de pesos, y se proyectan gastos corrientes y de capital cercanos a los 148.000 millones, con una fuerte prioridad en las partidas sociales.

De acuerdo con el texto promulgado, el mayor volumen del gasto se concentrará en servicios sociales, que absorberán 106,5 billones de pesos. En segundo lugar se ubica el servicio de la deuda pública, con 14,1 billones de pesos, y luego los servicios económicos, con 11,4 billones.

Dentro de las asignaciones específicas, el Presupuesto contempla 4,78 billones de pesos para el funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales. Además, se destinan 11.290 millones de pesos al Fondo Nacional de Empleo, para financiar programas dependientes del Ministerio de Capital Humano, y 15.843 millones al Fondo de Bosques Nativos, orientado a la preservación y manejo sustentable de esos ecosistemas.

Restricciones a vacantes en el Estado y excepciones sectoriales

La norma también introduce límites para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional. El texto establece que la incorporación de personal quedará restringida, con el objetivo de contener el gasto en salarios del sector público. Sin embargo, se prevén excepciones para áreas consideradas críticas, como Salud, Seguridad y Defensa, donde se permitirá cubrir puestos necesarios para garantizar la continuidad de funciones esenciales.

La Ley de Inocencia Fiscal: nuevos umbrales y un régimen de «perdón»

En el mismo Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que modifica la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario. El cambio central es la actualización de los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión y las obligaciones de información de escribanos y entidades financieras ante el organismo recaudador.

La nueva normativa eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos el mínimo para considerar la evasión simple como delito, y de 15 millones a 1.000 millones el piso para la evasión agravada. Asimismo, sube a 100 millones de pesos el umbral a partir del cual la falsificación de facturas pasa a ser punible penalmente, y fija en 200 millones el monto de deuda para quienes estén alcanzados por regímenes de beneficios fiscales.

La ley incorpora además un mecanismo de regularización que funciona como una suerte de perdón penal condicionado. El organismo recaudador —identificado en el texto como ARCA— no presentará denuncia si el contribuyente cancela la deuda y los intereses determinados. En los casos en que ya exista una denuncia en curso, la acción penal se extinguirá si se abonan el capital adeudado, los intereses y un 50% adicional.

Cambios en la prescripción y nuevo régimen simplificado

Otro aspecto relevante de la reforma es la reducción del plazo de prescripción de las deudas impositivas, que pasa de cinco a tres años. Este acortamiento modifica los tiempos con los que cuenta el Estado para reclamar judicialmente tributos impagos.

La Ley de Inocencia Fiscal también crea el denominado “Régimen Simplificado de Ganancias”. Podrán adherirse a este esquema quienes registren ingresos anuales inferiores a 1.000 millones de pesos y posean un patrimonio menor a 10.000 millones, siempre que no estén clasificados como grandes contribuyentes. Este sistema apunta a ofrecer una vía de cumplimiento más simple para un amplio universo de contribuyentes medianos y pequeños.

Con la promulgación simultánea del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno busca encuadrar el programa económico en un marco de equilibrio financiero, reorientación del gasto y actualización del sistema penal tributario, en un contexto de fuertes definiciones políticas en el Congreso.