El gobierno encabezado por Javier Milei continúa avanzando con su plan de ajuste en el sector público, una de las banderas más firmes de la gestión libertaria. Según el último informe presentado por el Ministerio de Desregulación y Transformación, liderado por Federico Sturzenegger, en los primeros 20 meses de administración se eliminaron 53.345 puestos de trabajo en el Estado, lo que representa una reducción del 10,6% de la planta total.

La poda de personal abarcó tanto a la Administración Pública Nacional (APN) como a las empresas estatales. En detalle, las compañías públicas pasaron de contar con 91.166 empleados a 74.280 en julio de este año, es decir, se achicaron un 18,5%. Por su parte, la APN redujo su personal de 205.550 a 174.430 trabajadores, lo que implica una caída del 15,1%, equivalente a 31.114 personas.

El último mes analizado, julio, mostró una disminución de 1.164 empleos públicos, una tendencia que refleja la continuidad de la política de ajuste. El gobierno implementó distintas estrategias para reducir la nómina estatal: primero, dio de baja contratos; luego, incentivó retiros voluntarios; y más recientemente, recurrió a la reducción salarial para fomentar renuncias. De acuerdo al índice oficial, entre noviembre de 2023 y junio de este año, el poder adquisitivo de los salarios estatales cayó un 14,3%. Sin embargo, sindicatos reportan que para algunos niveles el deterioro llegó al 27% en términos reales.

El informe oficial señala que la merma de personal fue más marcada en las contrataciones temporarias y bajo regímenes especiales. Los empleados de planta permanente y transitoria disminuyeron un 9,4%, mientras que los contratados bajo la Ley Marco (25.164) cayeron un 22,1%. Aún más pronunciada fue la baja entre quienes trabajaban bajo la modalidad LOYS (monotributistas según el Decreto 1109/17), con una reducción del 52,4%.

El recorte de personal no solo tuvo un impacto en la cantidad de trabajadores, sino también en las cuentas públicas. La cartera de Sturzenegger calcula que el «ahorro» anual por la reducción de sueldos alcanza los 1.053 millones de dólares. Si se suman los costos asociados al mantenimiento de cada puesto (infraestructura, equipamiento, insumos y servicios), el ajuste totalizaría unos 2.106 millones de dólares.

El detalle por tipo de contrato muestra que en los trabajadores bajo la Ley Marco, el recorte salarial anual fue de 256 millones de dólares, mientras que el ahorro global (incluyendo infraestructura) llegó a 512 millones. En las plantas permanente y transitoria, la poda salarial representó 297 millones de dólares anuales, y el ajuste total trepó a 594 millones. En el caso de contratos LOYS, la reducción salarial fue de 64 millones de dólares, sumando 128 millones con los gastos indirectos.

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación, aseguran que estas cifras reflejan el compromiso del gobierno con la reducción del gasto público y con la promesa de una administración más eficiente y austera. Además, anticipan que la estrategia de recorte continuará, con nuevas reducciones de personal y la eliminación de áreas estatales consideradas no esenciales.

Mientras tanto, el desempleo en el país se mantuvo en julio en el 6,9%, un nivel cercano a los mínimos registrados en la última década, pese a la fuerte contracción del empleo estatal. El debate sobre el impacto de estas políticas en el mercado laboral y en la calidad de los servicios públicos sigue abierto, en un contexto donde el oficialismo sostiene que el ajuste es necesario para sanear las cuentas del Estado y fomentar el empleo privado.