Por segundo día consecutivo, la Casa Rosada restringió el acceso de parte de la prensa acreditada, en una decisión que el propio presidente Javier Milei avaló públicamente y que el Gobierno vincula a la presunta operación de desestabilización atribuida a Rusia mediante noticias falsas.

Desde el lunes, efectivos de Casa Militar y de la Policía Federal apostados en el portón de Balcarce 50 controlan uno por uno a los cronistas. Trabajan con listados impresos donde figuran nombres, medios y fotografías de los periodistas, a quienes se les permite o niega el ingreso según esos registros. La medida afecta a profesionales de varios medios señalados en la investigación publicada por el sitio Filtraleaks, dirigido por Santiago O’Donnell, editor de Página/12.

Entre los medios alcanzados se encuentran El Destape, La Patriada, Ámbito Financiero y Tiempo Argentino. La acreditada de América 24, a quien se le había bloqueado el acceso el lunes, pudo entrar este martes. En contraste, los periodistas de El Cronista e Infobae, también mencionados en la investigación de Filtraleaks, sí lograron ingresar a la Casa de Gobierno.

En paralelo, en el Congreso se había tomado una decisión similar, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, finalmente autorizó el ingreso de cronistas de todos los medios incluidos en el listado oficial. En el Palacio Legislativo remarcan, de todos modos, que sigue abierta una investigación sobre el tema.

Milei profundizó su ofensiva contra el periodismo desde su cuenta de X. Tras haber declarado la “defunción” del periodismo el 3 de abril, cuando se conoció la supuesta operación de Inteligencia rusa, el mandatario continuó replicando mensajes contra los medios. Entre ellos, destacó el retuit a un usuario que acusó a los periodistas de ser “como mínimo cómplices” de lo que hacen las empresas para las que trabajan y de haber gozado de impunidad en la etapa previa a su gobierno, comentario que el Presidente amplificó junto a su publicación fijada con insultos a Clarín.

La restricción no fue acompañada por ningún comunicado oficial. En la Casa Rosada atribuyen la decisión directamente al jefe de Estado: “Fue algo de él, que pidió que no pasen los periodistas”, admiten en la sede de Gobierno. Voceros extraoficiales insisten en que las acreditaciones no fueron retiradas, sino “suspendidas temporalmente”, aunque en la práctica el resultado es el mismo: los periodistas no pueden entrar.

Algunos de los cronistas vetados en la Casa Rosada sí pudieron cubrir actividades en el Congreso, pero con acreditaciones transitorias y bajo la representación de otros medios en los que también trabajan, distintos de los que figuran en la causa judicial abierta tras la denuncia de la presunta operación rusa.

Martín Menem también se sumó a las críticas al periodismo al compartir en redes un mensaje del abogado y streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, que cuestiona a los periodistas que plantean dudas sobre los créditos otorgados a funcionarios. El tuit propone “hacerles lo mismo y peor” a los comunicadores. El tema es especialmente sensible para el oficialismo: en el listado de beneficiarios de créditos hipotecarios del Banco Nación aparece Sharif Menem, sobrino del titular de Diputados, presidente de la juventud partidaria y secretario privado de su tío.

En medio de este clima, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa sus propias turbulencias. Mientras crecen las sospechas sobre su patrimonio, el ex vocero se mantiene en el cargo pese a que dentro del gabinete hay quienes preferirían su salida. El diario La Nación reveló que Adorni hipotecó su vivienda en Parque Chacabuco y obtuvo un préstamo de dos jubiladas para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz, maniobra similar a la que habría utilizado para adquirir el departamento donde vive en Caballito. Este miércoles deberá declarar ante el juez Ariel Lijo la escribana que intervino en ambas operaciones, propiedades que no figuran en las declaraciones del ministro coordinador.

Desde el entorno de Adorni aseguran que el conflicto con los periodistas se resolverá y que existe “buena voluntad” para reunirse con los dueños de los medios. Plantean que, si se comprueba que lo publicado en la investigación sobre la presunta operación rusa no es cierto, se repondrán las acreditaciones. Mientras tanto, afirman, los pases “quedan sin huella”.

El Gobierno busca blindar políticamente a Adorni. En la reunión de gabinete del lunes se dispuso sentar juntos a funcionarios que mantienen diferencias entre sí: Santiago Caputo fue ubicado al lado de Martín Menem y de la hermana del Presidente; Patricia Bullrich se sentó junto a Alejandra Monteoliva; y el ministro de Salud, Mario Lugones, quedó junto al titular de Economía.

La continuidad de Lugones también fue objeto de rumores. La oficina de Respuesta Rápida de Presidencia desmintió que fuera a renunciar, en un mensaje a cargo de Juan Carreira, funcionario cercano a Caputo y señalado entre quienes habrían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación. El comunicado sostuvo que “Lugones no se va” y acusó a las “operetas mediáticas” de intentar alterar una realidad en la que, según el Gobierno, se estarían eliminando “curros” y avanzando en reformas estructurales en salud.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, se mueve con agenda propia. Sin la presencia de Adorni, que antes lo acompañaba en encuentros con gobernadores, se reunió el lunes con Claudio Poggi (San Luis) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), y prevé ver este miércoles al jujeño Carlos Sadir, en la previa de la votación de la nueva ley de glaciares. Las tres provincias integran el grupo de 12 distritos habilitados para recibir adelantos de coparticipación a una tasa del 15% para afrontar urgencias salariales.

La discusión por la ley de glaciares se da bajo la lupa de organizaciones ambientales. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales difundió un informe que vincula la distribución de Aportes del Tesoro Nacional con el comportamiento legislativo: 14 de los 19 senadores de provincias que recibieron esos fondos votaron a favor de la reforma, y en total 16 jurisdicciones obtuvieron transferencias directas en las últimas semanas, concentrando 103 diputados que participarán de la votación.

En redes sociales, la figura de Adorni sigue en el centro de la conversación pública. Un relevamiento de la consultora Ad Hoc indica que, durante el fin de semana, las menciones al jefe de Gabinete superaron incluso a las discusiones sobre los créditos hipotecarios a funcionarios y casi igualaron el volumen de referencias a la presunta operación rusa, reflejando el impacto político del conflicto entre el Gobierno, la prensa y su propio gabinete.