El Gobierno nacional ultima un decreto para poner en marcha un nuevo esquema de adelantos de coparticipación destinado a aliviar la situación financiera de un grupo de provincias golpeadas por la caída real de la recaudación y de las transferencias automáticas. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, prevé un tope global de hasta $400.000 millones y se presenta como una alternativa más barata al endeudamiento en el mercado.

El mecanismo alcanzará inicialmente a doce jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A ese listado se suma Entre Ríos, que ya había sido incorporada a un esquema similar a comienzos de 2026 y continuará bajo estas nuevas condiciones.

La operatoria consiste en adelantar a cada provincia una porción de los fondos que le corresponden por coparticipación federal, con la condición de que esos recursos sean reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. Según fuentes oficiales, se aplicará una tasa del 15%, sensiblemente menor al costo de financiamiento vigente en el mercado, donde las tasas se ubican entre el 30% y el 45%.

Con este diseño, la Casa Rosada busca ofrecer una vía de financiamiento de corto plazo para cubrir gastos corrientes, al tiempo que procura ordenar el esquema de asistencia a los distritos. El nuevo sistema reemplazará el esquema de pedidos extraordinarios mes a mes: ahora cada provincia deberá anticipar sus necesidades de caja, lo que, según el Gobierno, permitirá una planificación más previsible de los recursos y reducirá la discrecionalidad en la asignación de ayuda.

La decisión se da en un escenario de fuerte deterioro de las cuentas públicas subnacionales. De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), durante el primer trimestre de 2026 la recaudación tributaria nacional se contrajo un 8% interanual en términos reales. En paralelo, los fondos girados automáticamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires mostraron una baja real del 6,5% en el mismo período.

Los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirman la tendencia: los ingresos tributarios totales acumularon una caída real del 7,5% en el primer trimestre, impacto que se trasladó de manera directa a las transferencias por coparticipación. La consultora Politikon Chaco señaló que estas transferencias encadenaron tres meses consecutivos de retrocesos reales. En marzo, la merma fue del 4,3% respecto del mismo mes del año anterior, y el acumulado de los primeros tres meses cerró con una baja del 6,4% real.

En valores corrientes, los envíos automáticos a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires totalizaron $5,02 billones en marzo, cifra que representó un incremento interanual del 27,2%. Sin embargo, ese aumento nominal no alcanzó para acompañar el ritmo de la inflación, por lo que el poder de compra efectivo de los recursos transferidos se redujo.

El análisis por jurisdicción muestra que la mayoría de las provincias sufrió una disminución real de sus ingresos por coparticipación. Salta aparece como la única excepción dentro del mapa subnacional, mientras que la Ciudad de Buenos Aires resultó la más perjudicada, con una caída real del 7,2%. Otras provincias, como Tucumán y La Rioja, también registraron retrocesos significativos en los fondos recibidos.

En este contexto, intendentes de distintos puntos del país vienen advirtiendo sobre una situación de “asfixia financiera crítica” en los municipios y reclaman respuestas al Gobierno nacional frente a la combinación de menores ingresos y mayores demandas de gasto. A la vez, distritos patagónicos como Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran atrapados entre los ajustes en marcha y las presiones gremiales, en un escenario complejo que se agrava por la ausencia de acuerdos paritarios en algunos sectores.

El nuevo esquema de adelantos de coparticipación aparece así como una pieza central de la estrategia oficial para contener la crisis de liquidez en las provincias sin habilitar una expansión del endeudamiento en los mercados. El desafío será comprobar si el tope de $400.000 millones y la tasa preferencial del 15% resultan suficientes para amortiguar el impacto de la caída real de la recaudación y sostener las finanzas regionales en los próximos meses.