A pocos días de la visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei reactivó un expediente que lleva décadas cruzando la política y la justicia de ambos países: la posible extradición del ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza Guerra.

El lunes 6, efectivos del Ministerio de Seguridad argentino se presentaron en el domicilio de Apablaza con una orden de detención para enviarlo a Chile, pero no lo encontraron. La medida fue dispuesta por la jueza federal María Servini de Cubría, a pedido del Poder Ejecutivo, con fines de extradición. Sin embargo, el caso sigue abierto y la decisión de fondo recae en el juez federal Ariel Lijo, actualmente de licencia.

Un refugiado cuya protección fue revocada

Apablaza, de 75 años y con problemas de salud, fue dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización armada chilena que operó contra la dictadura de Augusto Pinochet. Llegó a la Argentina en la década del noventa y en 2004 solicitó asilo político. En 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, obtuvo el estatus de refugiado, lo que bloqueó la extradición solicitada por Chile.

Esa protección, sin embargo, no se mantuvo indefinidamente. En 2017, la administración de Mauricio Macri le retiró la condición de refugiado, abriendo un nuevo capítulo judicial. Pese a ello, la defensa sostiene que el reconocimiento original de refugio sigue teniendo efectos sobre el proceso de extradición.

Fuentes consultadas señalan que, mientras no haya una resolución judicial definitiva, Apablaza no tendría restricciones formales para desplazarse. Desde su entorno jurídico se denuncia que la nueva ofensiva para detenerlo y enviarlo a Chile constituye una violación al principio de no devolución consagrado en la Convención de Refugiados.

Crímenes emblemáticos y presión política desde Chile

La justicia chilena reclama a Apablaza por dos hechos ocurridos en 1991 que marcaron a fuego la transición democrática en ese país: el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio. Guzmán fue ideólogo de la Constitución de Pinochet y figura central de la derecha chilena.

El caso es bandera de la ultraderecha chilena y, en particular, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el que militaron tanto Guzmán como el actual presidente José Antonio Kast, antes de que éste fundara Republicanos. Para esos sectores, la extradición de Apablaza es una deuda pendiente del Estado argentino.

En Chile, el expediente ocupa portadas de diarios y es seguido de cerca por la opinión pública, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde se mantiene en un relativo bajo perfil. La llegada de Kast al poder reactivó la presión política sobre Buenos Aires para que el ex dirigente del FPMR sea enviado a Santiago.

Milei, Kast y un caso en el centro de la agenda bilateral

La visita de Kast a la Casa Rosada, prevista para el lunes 6, será su primera salida al exterior como presidente. Ambos mandatarios ya tuvieron un contacto reciente: Milei viajó a Chile para su asunción, el 11 de marzo, tras una gira por Estados Unidos. Aunque el jefe de Estado argentino llegó la noche anterior, no logró asistir a la ceremonia completa en Valparaíso y la reunión bilateral se postergó para esta nueva cita en Buenos Aires.

En ese marco, sectores diplomáticos y judiciales en Argentina cuestionan que la reactivación del caso Apablaza se presente como un supuesto “gesto” o “regalo” de Milei a Kast. Aseguran que el proceso sigue los tiempos de la justicia y recuerdan que, semanas atrás, en Chile se había instalado erróneamente la versión de que la extradición se concretaría en 24 horas, algo que no ocurrió.

De acuerdo con fuentes judiciales, la intervención de Servini de Cubría se explica porque, además de su propio juzgado (el número 1), quedó transitoriamente a cargo del juzgado federal 11, que pertenece a Ariel Lijo, actualmente de licencia. Lijo deberá definir si la extradición puede avanzar o si, como sostiene la defensa, quedó definitivamente cerrada cuando se otorgó el refugio en 2010.

Denuncias de hostigamiento y debate interno en Argentina

El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzon, ha insistido ante la justicia argentina en que la condición de perseguido político en Chile justificó el otorgamiento del refugio y que ese antecedente impide reabrir la extradición. En un escrito reciente, denunció además que la familia de su defendido estaría siendo “hostigada” por personal de Interpol, al que vincula con órdenes de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Dentro del arco político argentino, el caso también genera posicionamientos. En la feria Expoagro, la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich afirmó que “Argentina no va a ser tierra que refugie asesinos”, marcando una postura alineada con el reclamo chileno. Milei, por su parte, no se pronunció públicamente sobre el tema.

Mientras tanto, la incógnita se mantiene: será Lijo quien, al retomar su actividad, deberá decidir si el retiro del refugio en 2017 habilita plenamente la extradición o si la protección concedida en 2010 sigue teniendo efectos jurídicos. Esa resolución podría convertirse en uno de los primeros grandes test de la relación entre los gobiernos de Milei y Kast.