El Gobierno nacional resolvió intervenir por 12 meses el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, tras detectar lo que describió como graves irregularidades financieras, desvío de fondos y deficiencias de infraestructura que, según el informe oficial, implican riesgos operativos y de seguridad. La decisión se tomó en plena temporada alta de cruceros y desató un fuerte contrapunto con la administración provincial de Gustavo Melella.

La medida fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y se mantendrá vigente hasta que, de acuerdo con la resolución, el gobierno fueguino corrija las anomalías señaladas. La intervención contará con apoyo de la Prefectura Naval Argentina para reforzar los estándares de seguridad y optimizar las operaciones, aunque las principales gerencias seguirán en manos de personal local.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión llegó luego de varias inspecciones sin respuestas consideradas satisfactorias por parte de la administración provincial, denuncias de presunto vaciamiento formuladas por trabajadores portuarios y quejas de representantes de navieras que operan en la terminal austral.

La respuesta de Melella: “No hay justificación objetiva”

El gobernador Gustavo Melella reaccionó de inmediato y cuestionó en duros términos la intervención. A través de su cuenta en X, afirmó que el puerto funciona con normalidad y vive una temporada récord de buques y cruceros. Sostuvo que no comparte la medida ni sus fundamentos y que, a su entender, no existe una base objetiva que avale una decisión de tal magnitud por parte de la administración de Javier Milei.

Desde su entorno fueron más allá y señalaron a funcionarios nacionales a los que acusan de querer “quedarse con el negocio del Puerto”. La lectura política en el gobierno fueguino es que se trata de un intento de avanzar sobre un activo estratégico de la provincia bajo argumentos técnicos que consideran infundados.

Críticas a la resolución y acusaciones de “extorsión”

El titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, endureció la postura local al calificar la intervención como “arbitraria y extorsiva”. Según planteó, el texto de la resolución nacional contiene una contradicción central: primero dispone la suspensión de la habilitación de la terminal, pero en un artículo posterior deja sin efecto esa misma suspensión para no frenar la operatoria.

Para Murcia, esta aparente incongruencia revela que no se trata de un problema real de seguridad o de infraestructura, sino del uso de la amenaza de inhabilitación como mecanismo de presión para justificar la toma de control del puerto.

Las fallas detectadas por la ANPYN

El informe técnico que respaldó la intervención detalla una serie de deficiencias en la infraestructura. Entre los puntos señalados figuran la falta de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas en mal estado, problemas en el tablestacado, deterioro de la carpeta asfáltica y falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.

La auditoría también puso la lupa sobre la administración económica y financiera. Uno de los aspectos más llamativos fue la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras, tarea que la provincia había tercerizado en una firma que, según los registros oficiales, está habilitada para comercializar paraguas, termos y pelucas, sin antecedentes en gestión portuaria.

Además, se detectó un uso del presupuesto contrario a la normativa específica del sector, que exige que esos recursos se reinviertan en la propia terminal. De acuerdo con el informe, el 33% de los fondos se destinó a cubrir gastos generales de la provincia, mientras que solo el 1,3% se aplicó a obras y servicios orientados a mejorar la operación del puerto.

La ley provincial que encendió la alarma nacional

La resolución de la ANPYN menciona como elemento decisivo una ley aprobada recientemente por la Legislatura fueguina: la N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”. Esta norma crea un fondo específico para cancelar deudas de la obra social con parte del superávit portuario.

Para el Gobierno nacional, la aplicación de esa ley compromete la operatividad y la autonomía financiera de la Dirección Provincial de Puertos, al desviar recursos de un ente que históricamente se habría sostenido con sus propios ingresos y cumple un papel clave en la economía de Tierra del Fuego. Según la resolución, la medida podría afectar su capacidad de inversión, el cumplimiento de contratos y sus compromisos asumidos.

Funcionarios provinciales, en cambio, aseguran que hasta el momento no se transfirieron fondos del puerto ni al Ejecutivo local ni a la OSEF, y remarcan que los plazos administrativos para responder a los requerimientos de la ANPYN aún no habían vencido. Adelantaron que analizan recurrir a la Justicia para revertir la intervención.

Temporada récord de cruceros y futuro incierto

El conflicto estalla en medio de una temporada de cruceros que comenzó en septiembre y se extendería hasta marzo o abril, según las condiciones climáticas. El puerto de Ushuaia es una escala central para los viajes a la Antártida, con pasajeros que pagan en promedio hasta 18.000 dólares por expediciones de lujo y con unas 600 recaladas previstas, según cifras difundidas desde la provincia.

Voceros del gobierno fueguino insisten en que las objeciones de seguridad carecen de sustento y subrayan que la terminal está operando “a pleno”. Mientras tanto, la intervención por un año ya está en marcha, con el Gobierno nacional y la administración de Melella encaminados a un enfrentamiento político y jurídico por el control del principal puerto austral del país.