Tras una victoria contundente en las urnas y el fortalecimiento de su espacio en el Congreso, el gobierno de Javier Milei puso en agenda la reforma laboral como uno de los ejes prioritarios de los cambios a implementar durante el primer año de gestión. Esta iniciativa, enmarcada en el denominado Pacto de Mayo, busca actualizar un sistema que el propio presidente calificó como «anacrónico» y que, según datos oficiales, deja a más del 40% de los trabajadores fuera de la formalidad.

Diseñando un nuevo régimen

La administración libertaria evalúa dos alternativas principales para redefinir la negociación colectiva: priorizar los convenios de empresa sobre los de actividad (dando mayor flexibilidad a cada compañía para adaptar las condiciones laborales a su realidad) o mantener el modelo actual, donde los acuerdos por actividad establecen un piso mínimo y los de empresa solo pueden mejorar esas condiciones. En la actualidad, el esquema vigente garantiza incrementos mínimos para los trabajadores a través de las paritarias sectoriales, pero permite que las empresas con mayor margen ofrezcan beneficios adicionales.

El rol de la informalidad y los gremios

El gobierno sostiene que la reforma tiene el potencial de sacar de la informalidad a cerca de 8,8 millones de empleados, cifra que representa casi el 42% de la fuerza laboral y que no deja de crecer en la última década. Sin embargo, desde los sindicatos señalan que, hasta el momento, no han recibido una propuesta concreta en el marco del Consejo de Mayo, el espacio de diálogo tripartito impulsado por el Ejecutivo. Las centrales obreras, fundamentales en cualquier cambio de esta naturaleza, advierten que solo se discutió la intención de ratificar modificaciones ya previstas en el decreto 70/2023, actualmente suspendido por la Justicia tras una cautelar presentada por la CGT.

Propuestas y límites: ¿qué cambios se barajan?

Entre los puntos en estudio, se destacan la introducción de un «salario dinámico» atado al mérito y la productividad. Si bien en la actualidad existen incrementos basados en el rendimiento, el gobierno apunta a fortalecer la vinculación entre remuneración, desempeño y resultados, e incorporar objetivos de productividad en las negociaciones colectivas. Esto implicaría, además, dejar atrás la habitual indexación automática de los salarios por inflación, práctica común en numerosos acuerdos sectoriales. El Ejecutivo considera que este anclaje salarial es una de las herramientas clave para contener la inflación, aunque los datos muestran variaciones: en algunos meses las paritarias quedan por debajo del aumento de precios, mientras que en otros (sobre todo en cargos jerárquicos y sectores con mejor desempeño) los incrementos superan la inflación.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, enfatizó que no se avanzará con medidas que vulneren derechos adquiridos, desmarcándose de los proyectos previos que incluían, entre otros puntos, indemnizaciones en cuotas y aumento de la jornada laboral. El texto final de la reforma se prevé para el 15 de diciembre y, según fuentes oficiales, aspira a que los convenios por empresa sean capaces de adaptarse a la realidad de cada compañía y región.

Modernización y puntos clave

La reforma incluye aspectos como la digitalización de los procesos de registro laboral, la eliminación de trabas burocráticas, la libertad para pactar salarios en distintas monedas y la implementación de bancos de horas. La premisa oficial es que «el salario básico se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia», incentivando la mejora continua y la eficiencia tanto para empleados como para empleadores. «Un sistema donde todos perciben lo mismo, sin importar el esfuerzo, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad», subrayan desde el gobierno.

El debate que viene

Pese al impulso oficial, el diálogo con sindicatos y gobernadores aparece como un obstáculo aún no resuelto. Desde el sector sindical insisten en la necesidad de una discusión real, más allá de los anuncios y trascendidos en medios o exposiciones ante empresarios. «Para una reforma de esta magnitud se debe hablar con todos los actores», advierten.

Con una informalidad en aumento y un mercado laboral que demanda modernización, la discusión sobre la reforma laboral se perfila como uno de los grandes temas del Congreso en los próximos meses. El resultado de esta pulseada será determinante para el futuro de millones de trabajadores y la dinámica del empleo en la Argentina.