El Gobierno nacional activó en simultáneo dos reformas sensibles: un cambio profundo en el sistema electoral que apunta a suprimir las PASO para presidente y una revisión de la ley de glaciares reclamada por las provincias mineras. Ambas iniciativas avanzan bajo el cálculo político de la Casa Rosada y con un Congreso atravesado por negociaciones cruzadas.

Un proyecto para borrar las PASO presidenciales

En el área electoral, el oficialismo trabaja en un proyecto que elimina las primarias abiertas para la fórmula presidencial, pero las mantiene para diputados, senadores nacionales y representantes del Parlasur. La premisa que circula entre los encargados de redactar la reforma es que la candidatura a presidente responde a decisiones de las cúpulas partidarias y no requiere un filtro en primarias, sobre todo en los partidos con liderazgos ya consolidados.

Hoy, los únicos espacios con postulantes presidenciales lanzados son La Libertad Avanza, con Javier Milei, y el PRO, donde el exministro Esteban Bullrich ya se anotó en la carrera. En ambos casos, en el oficialismo y en la oposición liberal se considera improbable que surjan competidores internos que pretendan disputarle la candidatura a esos nombres y forzar una PASO.

En cambio, las fuerzas fragmentadas –entre ellas el peronismo, que creó las PASO pero nunca las utilizó para definir su fórmula presidencial y suele recurrir a la lista única– ven en las primarias legislativas una herramienta para ordenar internas y dirimir liderazgos territoriales.

La propuesta incluye un elemento clave de ingeniería política: si se concreta el “desacople” de categorías, la elección presidencial deberá respetar los plazos constitucionales (dentro de los 60 días previos al fin del mandato, es decir, hacia diciembre de 2027), pero las legislativas podrían realizarse en otra fecha del año. Este esquema podría beneficiar a fuerzas provinciales que no desean quedar arrastradas por la discusión nacional.

Dinero, boletas y aportes privados

El interés inmediato del oficialismo es económico y organizativo. El ministro Diego Santilli, responsable del área electoral, ya adelantó que el objetivo del Gobierno es derogar de manera definitiva las PASO. Sin embargo, en la Casa Rosada admiten que podrían no reunir los votos necesarios y se conformarían con suspenderlas o restringirlas solo a las categorías legislativas.

En ese escenario, los partidos seguirían recibiendo fondos públicos para financiar las primarias de diputados y senadores, lo que garantiza recursos y evita el corte total del flujo de dinero vinculado a la impresión de boletas. El Gobierno, a la vez, propone que la Boleta Única incluya la opción de marcar un casillero para votar la lista completa de un partido, aprovechando el efecto arrastre de las figuras más conocidas.

La estrategia se completa con la intención de levantar los topes a los aportes privados y reducir el gasto estatal en la organización de las primarias, una combinación que reconfigura el esquema de financiamiento de la política.

La contraoferta técnica: PASO sí, pero al revés

Desde el plano técnico, el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio plantea una alternativa opuesta: mantener las PASO para presidente y definir las listas legislativas según los porcentajes obtenidos por cada precandidato presidencial en cada provincia. En su modelo, todos los postulantes deberían competir en primarias, incluso si no enfrentan rivales internos, y solo podrían llegar a la elección general aquellos que superen un umbral mínimo de votos a nivel nacional, similar al 1,5% vigente.

Este criterio, sostiene, ayudaría a reducir la proliferación de boletas y ordenar la oferta electoral sin vaciar de contenido la instancia de primarias.

Cambiar las reglas no asegura cambiar el resultado

En el trasfondo de la discusión reaparece una constante de la política argentina: la tentación de modificar las reglas electorales para intentar mejorar la posición del gobierno de turno. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que la estructura del voto se mantiene relativamente estable, con un sistema que, década tras década, se organiza alrededor de dos grandes polos: el peronismo y el espacio no peronista, ambos con agendas mayoritariamente moderadas.

Los intentos de manipular fechas o mecanismos electorales han tenido resultados imprevisibles. El caso más citado es el de 2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner adelantó las legislativas para capitalizar un supuesto momento favorable, colocó a Néstor Kirchner al frente de la lista bonaerense y terminó sufriendo una derrota resonante frente al empresario Francisco de Narváez, que luego se retiró de la escena política. Ese antecedente funciona como advertencia para cualquier intento de adelantar comicios con fines tácticos.

Además, la Constitución fija un límite claro: las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los dos meses previos a la finalización del mandato, plazo que en este período concluye el 10 de diciembre de 2027. No hay margen legal para anticiparlas por ley o decreto, salvo en un escenario extremo de renuncia simultánea del presidente y la vicepresidenta, que obligaría a activar la línea sucesoria y convocar a nuevos comicios.

La reforma de la ley de glaciares, moneda de cambio con las provincias

Mientras se cocina el proyecto electoral, el oficialismo acelera otra iniciativa clave: la modificación de la ley de glaciares. Esta semana busca emitir dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Medio Ambiente para llevar al recinto una reforma que transfiere a las provincias la potestad de decidir qué proyectos mineros pueden desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares.

La Casa Rosada presenta esta norma como una señal proinversiones, destinada a mejorar la imagen del país ante el capital extranjero. Pero el impulso principal viene de los gobernadores cordilleranos, en especial de provincias como Mendoza y San Juan, que consideran que un mayor margen para habilitar proyectos mineros podría transformar sus economías.

El avance de la reforma es parte de un acuerdo político: mandatarios de provincias con recursos mineros apoyaron la reciente reforma laboral a cambio de que el Gobierno destrabe cambios en la legislación ambiental que limita la actividad en áreas de glaciares.

Choque con provincias hídricas y alerta judicial

La discusión enfrenta a dos bloques de intereses: por un lado, las provincias cordilleranas con vocación minera; por otro, las jurisdicciones con grandes cuencas hídricas –como Buenos Aires y La Pampa– y las organizaciones ambientalistas, preocupadas por los riesgos de contaminación del agua.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, teme que el tratamiento de la norma convoque movilizaciones ambientales y altere el orden en el Congreso, por lo que las citaciones a comisiones se manejan con cautela y sin detallar públicamente la agenda.

Aun si la reforma se aprueba, su aplicación aparece condicionada por los tribunales. La Corte Suprema ha construido una sólida jurisprudencia en defensa de los recursos naturales, en particular del agua. El juez Ricardo Lorenzetti, referente en derecho ambiental, sintetizó ese enfoque con el principio de “in dubio pro aqua”: ante la duda, debe privilegiarse la protección de las fuentes de agua por sobre cualquier otra actividad, incluida la minería.

En la última audiencia en Diputados, la exdiputada peronista Graciela Camaño advirtió que el proyecto vulnera el artículo 41 de la Constitución, al transformar una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental uniforme en una norma donde cada provincia decide qué ambientes periglaciares proteger según sus intereses extractivos. Camaño, reconocida en la materia, viene asesorando a legisladores de distintos bloques que llegan al debate sin una posición cerrada.

En la noche del domingo, uno de los principales negociadores del Gobierno con los gobernadores se mostró confiado en lograr la aprobación “con lo justo”. Pero incluso dentro del oficialismo reconocen que el capítulo judicial será inevitable y que, como ocurrió con otras reformas, el desenlace final se jugará en los tribunales.