En plena controversia política por las denuncias que salpican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo aceleró negociaciones con bloques dialoguistas para convocar a una sesión clave en el Senado el próximo jueves a las 11. El objetivo central es habilitar el tratamiento de un paquete de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces enviados por el Poder Ejecutivo, en un intento por empezar a cubrir parte de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

El tratamiento de estos pliegos es el paso inicial para que los candidatos comiencen su trámite formal en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Para lograrlo, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, debió tejer un entendimiento con la UCR, el PRO, el interbloque Provincias Unidas y otras bancadas provinciales, lo que permitió acordar una agenda que incluye, además de los cargos judiciales, una extensa lista de ascensos militares y la designación de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá.

Dentro del paquete castrense, compuesto por unos 150 pliegos militares, fuentes del oficialismo anticipan que no avanzará la promoción del brigadier Marcelo Monetto, actual subjefe de la Fuerza Aérea. Su ascenso al rango de brigadier mayor permanece observado desde 2024 por falta de consenso político. Monetto fue cuestionado por presunto abuso de autoridad, a raíz de su intervención en la causa que investiga la denuncia de una ex cadete de la Escuela de Aviación Militar, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual en 2019 y señaló trabas en la pesquisa.

La sesión del jueves se desarrollará con el telón de fondo del caso Adorni, quien deberá concurrir el 29 de abril a la Cámara de Diputados para presentar su primer informe de gestión desde que asumió la Jefatura de Gabinete en noviembre pasado. Aunque el foco formal estará puesto en los pliegos, se prevé que la oposición aproveche la visibilidad del debate para insistir con cuestionamientos al ministro coordinador.

Más allá de la discusión en el recinto, la meta inmediata del Gobierno es que los pliegos judiciales tengan ingreso formal al Senado para su análisis en la comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto. Entre las nominaciones aparecen nombres que ya generan ruido político dentro y fuera del Congreso.

Uno de los casos más sensibles es el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Fue propuesto para integrar un tribunal oral en la provincia de Santa Fe. Según fuentes del sector judicial, el titular del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura se habría excusado de intervenir en el plenario de ese organismo en el que se votó la terna de candidatos que luego llegó al Poder Ejecutivo.

Otra postulación que despierta atención es la de Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Ella fue nominada para ocupar el Juzgado Federal de Hurlingham. Martínez de Giorgi tiene a su cargo, entre otras, la causa conocida como $LIBRA, en la que se investiga una presunta maniobra fraudulenta vinculada al lanzamiento de una criptomoneda promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei.

También se destaca el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal a cargo del magistrado Julián Ercolini. En su caso, el Gobierno la propone para integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata. Este primer envío de candidatos se concentra en cubrir vacantes en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, y la estrategia oficial es avanzar luego con el resto de los cargos pendientes una vez que se logre la aprobación de este bloque inicial.

En paralelo a la ofensiva para ordenar el mapa judicial, el oficialismo planea acelerar en el Senado el tratamiento de un proyecto clave para la Casa Rosada: la ley sobre la “inviolabilidad” de la propiedad privada, anunciada por Milei el 1 de marzo durante la apertura del período de sesiones ordinarias. La iniciativa será debatida este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, con la presencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien expondrá los argumentos del Ejecutivo y defenderá el alcance de la norma.

Como gesto hacia los bloques dialoguistas, el oficialismo también se comprometió a impulsar un dictamen sobre un proyecto referido a las falsas denuncias, originalmente presentado por la senadora radical Carolina Losada y respaldado en su momento por Juan Carlos Pagotto, cuando presidía la comisión de Justicia. Esa propuesta perdió estado parlamentario y ahora libertarios y aliados buscan reflotarla mediante un nuevo despacho, que se discutirá en la comisión de Justicia, actualmente conducida por el senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita.

De esta manera, el Senado se prepara para una semana de fuerte actividad, en la que el Gobierno intentará mostrar avances simultáneos en la cobertura de vacantes judiciales, la reforma del régimen de propiedad privada y la reactivación de proyectos impulsados por sectores dialoguistas, mientras el caso Adorni promete seguir marcando el clima político en el Congreso.