En un contexto de fuerte merma en la recaudación nacional y provincial, el gobierno de Javier Milei resolvió asistir financieramente a una docena de distritos con un mecanismo que busca aliviar, al menos de forma transitoria, las cuentas locales. La Casa Rosada tiene listo un decreto para otorgar adelantos de coparticipación por hasta 400.000 millones de pesos, un esquema que ya había sido utilizado por administraciones anteriores y que ahora vuelve a escena ante la necesidad urgente de fondos para el pago de salarios.

A diferencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son discrecionales, estos adelantos se apoyan en recursos que les corresponden a las provincias por ley, pero que se girarán por anticipado. El Gobierno aplicará una tasa de interés cercana al 15%, que en el Ejecutivo describen como sensiblemente menor a la que deberían afrontar los distritos si recurrieran al financiamiento del mercado.

La decisión fue adoptada por el presidente Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), quienes vienen recibiendo de manera sistemática los reclamos de los gobernadores. La herramienta ya se había utilizado en enero, cuando se habilitó una transferencia extraordinaria a Entre Ríos mediante el mismo esquema de adelantos de coparticipación.

El listado de nuevas jurisdicciones alcanzadas incluye provincias de todo el arco político. Entre las más cercanas a la Casa Rosada figuran Catamarca y Salta, mientras que otras, como Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chubut y Misiones, suelen acompañar al oficialismo en el Congreso. También se verán beneficiadas provincias que fueron aliadas electorales, como Mendoza y Chaco, y distritos gobernados por opositores firmes al proyecto de Milei, como Tierra del Fuego y La Rioja.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y uno de los más afectados por reclamos salariales de distintos sectores estatales hacia la gestión de Axel Kicillof, quedó por ahora fuera del esquema de adelantos. La exclusión se da en un contexto en el que la caída de la recaudación pega de lleno en las arcas bonaerenses y en el resto de los distritos, que dependen en gran medida de las transferencias automáticas de la Nación.

La urgencia de los mandatarios provinciales está ligada principalmente al pago de sueldos. En los últimos meses, provincias como Jujuy, Catamarca y Santa Fe enfrentaron protestas de fuerzas de seguridad por cuestiones salariales y de condiciones laborales. Misiones, por su parte, ya había requerido en 2024 una asistencia significativa a través de ATN para contener su propia crisis.

Según estimaciones privadas, la caída de los recursos automáticos que se coparticipan a las provincias se profundizó desde principios de año. La consultora Politikón Chaco calculó que en marzo las transferencias diarias automáticas fueron 11,3% menores en términos reales respecto de febrero, un retroceso que se viene repitiendo mes a mes. Los principales tributos que alimentan la coparticipación son el IVA y Ganancias, a los que se suman, con menor peso, los impuestos internos y los gravámenes a los combustibles.

En la Casa Rosada señalan que el objetivo de los adelantos es evitar un efecto dominó de crisis financieras provinciales. El año pasado, los 24 gobernadores impulsaron una ley para que el fondo de ATN se distribuyera de manera automática entre los distritos, quitándole discrecionalidad al Ejecutivo nacional. Milei vetó esa norma y, pese al rechazo inicial, los mandatarios no avanzaron en insistir con su sanción.

La situación también repercute en los municipios. Esta semana, en Paraná, Entre Ríos, intendentes de casi todas las capitales provinciales, y de diferentes signos políticos, encabezados por el vicegobernador cordobés Manuel Passerini, reclamaron a la Nación mayores recursos. Aunque la coparticipación municipal depende de cada provincia, la contracción de la recaudación nacional termina impactando en cascada en las finanzas locales.

En 2024, el Gobierno firmó un acuerdo con 18 gobernadores para ordenar las deudas cruzadas entre Nación y provincias. Sin embargo, la combinación de menores ingresos y mayores obligaciones empuja nuevamente a los distritos a buscar endeudamiento, ya sea con el propio Estado nacional o en los mercados, como ocurrió con Santa Fe, que consiguió financiamiento externo por unos 800 millones de dólares con aval de la administración de Milei. Luego, la Casa Rosada le reclamó a la gestión de Maximiliano Pullaro que transformara esos fondos en pesos.

Mientras tanto, varias provincias mantienen demandas ante la Corte Suprema para exigir la regularización de transferencias ligadas a cajas jubilatorias no traspasadas a la ANSES y a otros programas nacionales que fueron recortados o discontinuados. En medio de ese escenario, Pullaro anunció que Santa Fe asumirá el mantenimiento de la ruta nacional A012, una traza clave cuyo deterioro venía siendo denunciado por la provincia. El gobernador anticipó que firmará un convenio con el Gobierno nacional para formalizar el traspaso de responsabilidades sobre esa vía.

Con la combinación de adelantos de coparticipación, litigios judiciales y negociaciones por obras y deudas, la relación financiera entre Nación y provincias se encamina a una nueva etapa de reconfiguración, en la que cada movimiento fiscal tiene impacto inmediato en la gobernabilidad de los distritos.